Entrevista a Gemma Ubasart, politólogaGemma Ubasart: "Las cárceles son y han sido siempre sitios de reclusión de la pobreza"

¿Puede el castigo resolver conflictos de origen social? ¿Es la cárcel una institución que reduce y previene el daño? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea Gemma Ubasart en su ensayo Contra el Castigo, publicado por Bellaterra Edicions.

En un momento de expansión neoliberal y desmantelamiento de los derechos que sostienen el Estado del bienestar, los discursos sobre seguridad, control y castigo renuevan su fuerza.

Como exconsejera de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat de Catalunya y profesora en Ciencias Políticas en la Universidad de Girona, Gemma Ubasart enriquece este debate desde una lente capaz de adentrarse tanto en el ámbito académico como en el institucional. Con una obra que no se detiene en el análisis y la crítica de las estructuras de la justicia punitiva, sino que se atreve a abrir posibles ventanas a un futuro abolicionista. Un futuro desde el que pensar la justicia como una realidad cada vez más alejada del control policial y el encierro. 

Ahora mismo la mayor parte de la población penitenciaria en España cumple condena por delitos relacionados con las drogas y la propiedad privada. A la luz de estos datos, ¿considera que la cárcel es una institución que castiga la pobreza?

Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que la tasa de encarcelamiento en España es de las más altas de la Europa de los quince. A pesar de que contamos con una de los ratios de criminalidad (y sobre todo de criminalidad por delitos graves) más bajos de la UE.

​Además, si miramos cuáles son los principales delitos que han llevado a la cárcel a la población penitenciaria, vemos que solo una pequeña parte cumple pena por delitos graves. Las personas encarceladas por homicidios y tentativas, violaciones y robos con fuerza no llegan a un 20% de los penados. La mayor parte están en prisión por delitos contra la propiedad o contra la salud pública. Y, en este sentido, yo creo que es una evidencia que las cárceles son y han sido siempre sitios de reclusión de la pobreza, la exclusión y la enfermedad mental.

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En distintas declaraciones, miembros de Vox han repetido la máxima de que "el Gobierno está abriendo las cárceles a los violadores". ¿Qué puede llevar a un partido claramente antifeminista a tener un discurso tan persistente sobre la necesidad de endurecer las penas de cárcel a los agresores sexuales?

Evidentemente la derecha radical no es feminista, no cree en la igualdad y utiliza estas cuestiones de manera instrumental para introducir su agenda relacionada con ampliar la presión punitiva. Una de las ideas fuertes de esta derecha es el punitivismo y sus medidas están vinculadas al uso de la cárcel y al endurecimiento de las penas.
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​Desde mi punto de vista, los espacios de izquierdas deberían trabajar en la línea contraria, en la deflación punitiva, que es desinflamar esta pulsión hacia el castigo. Y esta pulsión se puede encontrar en muchos campos. En el sistema penal, evidentemente, pero también en otros como la escuela, las políticas sociales, la gestión de la convivencia o en nuestras relaciones interpersonales. Las derechas radicales también están empujando hacia la pulsión punitiva en todos estos ámbitos, no solo en las violencias machistas.

¿Y qué herramientas comunitarias podemos aplicar para que se dé una deflación punitiva de los conflictos?

En primer lugar, construir comunidades más densas, donde emerjan confianzas mutuas, capaces de metabolizar mejor los conflictos. Por lo tanto, la acción comunitaria es una buena vía para generar un círculo virtuoso donde la comunidad lleve a la empatía y la empatía lleve, a su vez, a la comunidad. La segunda dimensión sería la de fomentar instrumentos de gestión adecuada de los conflictos. Yo siempre hablo de gestión adecuada y no de gestión alternativa porque la primera implica un manejo de los conflictos sin adversarios. Para esto, se deberían potenciar los mecanismos de mediación que normalicen la presencia de terceras personas en la gestión de conflictos. Por último, es interesante analizar cómo muchas veces recurrimos al castigo porque no hay política pública que solucione problemas sociales.
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​En algunos movimientos sociales se están trabajando estrategias adecuadas de gestión del conflicto a través de generar espacios de encuentro que derivan comunidades más densas. Creo que es una evidencia que la deflación punitiva tiene que ir de la mano de una construcción comunitaria con mixturas que la enriquezcan. No podemos pensar la deflación punitiva sin pensar también una dimensión social y una dimensión relacional.

Esa dimensión social que debe acompañar a la deflación punitiva me ha recordado al título de uno de los capítulos de su libro: "Más Estado social y menos Estado penal".

Es una evidencia que cuando se generan modelos de sociedad donde los derechos sociales, políticos y civiles están garantizados, la pulsión al castigo disminuye. Sin embargo, en los últimos años estamos presenciando la tendencia opuesta: un recorte del Estado social y, en paralelo, un aumento del Estado penal. Esto se observa sobre todo en Estados Unidos, pero también está irradiando a Europa, sobre todo a Reino Unido. Este movimiento se comprende como un disciplinamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.
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​La mejor manera de hacer frente a los pequeños delitos es la política social. En estos casos, los instrumentos punitivos son cortoplacistas e injustos; además de ineficaces para los fines que dicen perseguir. Por mucho que se aprueben reformas penales para la multirreincidencia, si no hacemos políticas sociales que vayan a la raíz de los problemas no podremos encontrar soluciones reales. Por lo tanto, el Estado del bienestar es la otra cara de la deflación punitiva. Por eso vemos cómo en los años duros del neoliberalismo, junto al recorte del Estado del bienestar, se da un aumento de las políticas punitivas.

¿Y qué modelo de resolución de conflictos y reparación del daño considera que podría sustituir al punitivismo carcelario?

Yo creo que un programa garantista nos llevaría a un horizonte abolicionista carcelario. Por eso yo apuesto por el garantismo-abolicionista. Esto implicaría una disminución de la presencia de aparatos policiales en cantidad y calidad. Lo que significa recurrir menos a la Policía y, al mismo tiempo, que las funciones policiales se limiten. Debemos comprender que algunas de las funciones asignadas cada vez más a la Policía les corresponde a educadores, políticas sociales o a la propia comunidad.
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​En segundo lugar, implicaría disminuir la judicialización de conflictos y problemas sociales. Esto se alcanzaría, como decía antes, con mediación, acción comunitaria y política pública. En tercer lugar, supondría recurrir a la jurisdicción penal como última opción, pasando previamente por otras jurisdicciones como la civil, la mercantil o la social. Por último, en caso de que se deba proceder a la ejecución penal, en un modelo garantista-abolicionista se buscarían alternativas a la cárcel y el encierro.
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​Y estos son solo los pasos que habría que dar desde el sistema penal, pero el garantismo-abolicionismo debe ir articulándose también con políticas públicas, en los movimientos sociales y en las prácticas comunicativas. Es necesario pensar en conjunto cómo podemos acercarnos a ese horizonte desde todos los campos.

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Y frente a estas cuestiones vinculadas al sistema penal, ¿qué relevancia tiene que en España, a diferencia del resto de países europeos, las políticas de ejecución penal dependan del Ministerio Interior y no del Ministerio de Justicia?

Esto es una cuestión muy propia del sistema español que no sucede, por ejemplo, en el caso del sistema penitenciario catalán y vasco, donde las políticas de ejecución penal sí dependen de la Consejería de Justicia. Esto tiene mucho que ver con la política antiterrorista que se consolidó en España en los años donde ETA estaba activa. En ese momento la gestión de la cárcel pasó del Ministerio de Justicia al de Interior. El problema de este traspaso es que el Ministerio de Interior se guía por un principio de seguridad, mientras que el Ministerio de Justicia se sitúa en una lógica de reinserción. Esto genera un impacto en las dinámicas del sistema penitenciario, ya que el Ministerio de Justicia se enmarca en la órbita de los ministerios sociales.
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​Actualmente no existe ETA y la lógica que motivó este traspaso de competencias ha cambiado, por lo que ha llegado el momento de devolver las cosas a su sitio.

¿Qué quiere decir con que el Ministerio de Justicia se ubica en la órbita de los ministerios sociales?

Existe una corriente que considera que las consejerías y ministerios de justicia son ministerios sociales, y, por lo tanto, que sus lógicas deben ir en esta dirección. El principal objetivo de la cárcel en un Estado liberal democrático es la reinserción, lo que implica que debería estar vinculada a un objetivo de bienestar y, por lo tanto, social. Para que realmente se materialice la reinserción, el Ministerio de Justicia debe mantener un diálogo constante con el resto de ministerios sociales: Educación, Salud, Derechos Sociales o Vivienda, por ejemplo. Porque ante problemas complejos, las soluciones no pueden ser fragmentadas.
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​Además, este rol de reinserción implica que para impulsar un servicio público de justicia de calidad sea necesaria una consolidación del Estado social y de derecho. Aquí, la colaboración entre distintos sectores de la política pública es muy clara. Este ámbito social de la justicia debe activarse si realmente se quiere cumplir con la Constitución.