La Generalitat retirará definitivamente la financiación a las escuelas segregadas de Catalunya con el aval del Constitucional

Punto final a la financiación pública a los centros escolares que segregan por sexo en Catalunya. Después de tres años de intentos de la Generalitat de sacar esta medida adelante, todos paralizados por la justicia, finalmente la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley Celáa le da amparo. Es cuestión de días que, una vez notificada de forma oficial, el Departament d'Educació retire el concierto a los diez centros que todavía separan a los alumnos por sexo, con un coste de unos 15 millones anuales para las arcas públicas.

La Generalitat reclamará que se dejen sin efecto las medidas cautelares del TSJC

Así lo ha explicado el conseller de Educació, Josep González–Cambray, en una carta en El Periódico. "No queremos nunca más escuelas en blanco y negro financiadas con el dinero de todos", ha afirmado. Con esta decisión del Constitucional, la Generalitat reclamará que se dejen sin efecto las medidas cautelares vigentes, impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que obligaron a devolver el concierto a estas escuelas.

El TSJC obligó a devolver la financiación pública

Fue en 2020, aún con el conseller Josep Bargalló al frente de Educació, cuando el Govern hizo el primer intento de retirar el dinero público a una decena de centros vinculados a órdenes religiosas que segregaban por sexo.

Desde el curso 2020–2021 ya no tenían que recibir el concierto, pero dos de los centros pidieron amparo al TSJC, que les dio la razón y obligó a Educació a renovarles el concierto hasta el curso 2025–2026. "Una y otra vez, la justicia se empeñaba en avalar una fórmula pedagógica anclada en otros tiempos", señala González–Cambray en la carta.

Segregar "alimenta los prejuicios de género y el sexismo"

Los otros ocho centros siguieron los mismos pasos y también tuvo que devolvérseles la financiación. El conseller recuerda que estudios científicos demuestran que "la escuela que separa a niños y niñas alimenta los prejuicios de género y el sexismo" y no favorece los resultados académicos, como defendían los centros.

Posteriormente, esta cuestión fue incorporada a la Ley Celáa, para blindarla, pero entonces fue impugnada por Vox en un recurso interpuesto en el Constitucional.

El TC avala la opción de no financiarlos

Fue la semana pasada cuando el TC desestimó el recurso contra la ley, impulsada por la ministra con ese nombre. Entre otros, rechazaba así las cuotas de castellano en la escuela catalana y defendía "un patrón de equilibrio o igualdad entre lenguas". En cuanto al concierto de los centros que separan por sexo, no lo prohibía, pero avalaba la opción de no dárselo.

"De la Constitución deriva un modelo educativo pluralista, pero no todos los modelos educativos deben recibir ayudas ni deben tener un derecho subjetivo a la prestación pública". "El tribunal examinó si la prohibición de financiar públicamente la educación diferenciada es contraria a la igualdad o algunos de los derechos educativos y concluye que no lo es", apuntaba.