El Gobierno andaluz admite ahora que los retrasos en las mamografías afectaron a 2.317 mujeres

El Gobierno andaluz, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha precisado este viernes en un comunicado que "se identificaron 2.317 mujeres con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 (probablemente benignos), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos". 

Esta es la tercera cifra que aporta la Junta de Andalucía. Cuando comenzaron las denuncias, la consejera Rocío Hernández trató de reducirlas a unos pocos casos. Después el 2 de octubre pasado, también con ella como consejera, la elevaron a 2.000. Ahora la cifra se ha ajustado en 2.317, ya con el consejero Antonio Sanz. Así, hace 22 días, en un comunicado se recogió esa cifra de 2.000 —237 menos— y que en el 98% de los casos, según las medias estadísticas, lo detectado tiene un carácter benigno, lo que implica que algo menos del 2% han podido desarrollar la enfermedad: El 2% de 2.317 es 46. Las asociaciones han venido afirmando desde entonces que eran más y poniendo en duda los datos del Ejecutivo. 

El comunicado de la Consejería de Sanidad añade que "a fecha 21 de octubre 1.778 mujeres en esta situación, a las que no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica, se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo: el resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada".

El Gobierno andaluz constituyó este viernes, con presencia del  consejero Antonio Sanz (PP), lo que ha dado en llamar Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, a la que no ha acudido la asociación Amama. En este encuentro, según el Gobierno, se "han analizado las incidencias detectadas recientemente y se han presentado las medidas ya en marcha para reforzar el programa y garantizar una atención más ágil, homogénea y humanizada a las mujeres andaluzas". 

Lo que comenzó siendo un problema en Andalucía, que desde este jueves investiga la Fiscalía, se ha convertido este viernes en un asunto de Estado, después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP se marchasen del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Sanidad había pedido datos del cribado a las comunidades, pero las del PP no los han enviado.

El PP acusó a la ministra Mónica García (Más Madrid) de, en lugar de apoyar, reconocer y promover el desarrollo del programa de cribado, se ha situado "frente a las comunidades autónomas y frente a las mujeres, intentando sacar rédito político de un asunto que debería ser un punto de unión y orgullo compartido".

"Pedir información y dar transparencia —replicó García— en mitad de un momento de crisis sanitaria no puede ser una deslealtad. Es que es su obligación. ¿Qué quieren ocultar? ¿A quién quieren proteger?  Los datos no son de Ayuso ni de Moreno Bonilla, son de los ciudadanos y de las ciudadanas. La transparencia no es una opción, es un requerimiento legal. No hay vigilancia de salud pública si no hay datos".