Más de 1.200 personas han sido desahuciadas por más de 440 órdenes judiciales a Barcelona desde septiembre, según datos del consistorio. Las cifras muestran la acumulación de casos a causa del cierre de los juzgados durante el confinamiento de la primavera. "A pesar de la pandemia, los desahucios nunca se han parado", denunciaba el movimiento catalán por el derecho a la vivienda en una rueda de prensa hace pocos días, en que acusaba al ministro de Fomento, José Luis Ábalos -en quien recaen las competencias en la materia-, de oponerse a un paro total de los desahucios. Además, los activistas también critican que la Generalitat se queda corta aplicando la Ley catalana de vivienda.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? El cierre económico causado por la primera y la segunda ola hace que llueva sobre mojado en un contexto donde ya existían problemas estructurales en cuanto a vivienda, tal como señala un estudio de Cohabitac, que cuantifica en 315.000 familias catalanas las que se quedarán excluidas del mercado en los próximos 15 años si no se revierte la tendencia. "La peor parte todavía está para llegar. En los próximos meses nos encontraremos con una ola de impagos", advierte el portavoz del Sindicat de Llogateres, Òscar Blanco.

A pesar de la pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha apostado por parar los desahucios en seco. Los activistas se pusieron las manos en la cabeza cuando el Ejecutivo aplicó una moratoria de desahucios el pasado 31 de marzo que tan solo protegía aquellos que podían acreditar que su vulnerabilidad había sido causada por el coronavirus, como por ejemplo personas que hayan pasado por un ERTE o personas sin papeles. Este precepto dejó fuera grandes capas de población que ya estaban en situación de vulnerabilidad previa, y también excluía cualquier unidad familiar con una orden de desahucio anterior a la Covid-19.

Durante el confinamiento, los juzgados cesaron su actividad, por lo cual las demandas de desahucio no pudieron salir adelante, pero con su apertura en mayo se retomaron y con ellas las expulsiones de las viviendas. Por eso, aunque el Gobierno español anunciara hace un mes que alargaba la moratoria hasta el 21 de enero, los desahucios siguen ejecutándose. De hecho, la aplicación de la moratoria en el calendario también la hace inaccesible, tal como explica la portavoz del Sindicat d'Habitatge del Raval, Elena Martín: "Si dejaste de pagar en marzo, te tiene que llegar la demanda, después habrá un juicio y una sentencia. En total, puede tardar ocho o nueve meses. Por lo tanto, a esta gente también la podrán desahuciar, porque les llegará la orden pasado enero".

Después del verano, el movimiento por el derecho a la vivienda ha visibilizado la cantidad de desahucios que se han ejecutado: "Cada cuatro días sabemos que hay jornada de desahucios", afirma Martín. "Nos llegan unos cuántos a partir de la gente que tenemos organizada, pero cuando ya estamos en la puerta para pararlos nos enteramos que dos calles más allá hay otro". "Por eso es importante acercarse a los sindicatos de vivienda de los barrios", explica Elisabeth Hernández, miembro del recién creado Sindicat d'Habitatge de Nou Barris. Fue en el barrio de Ciutat Meridiana donde desahuciaron a Ruth, una vecina con tres niños (uno de cinco meses) que pudo volver a casa -propiedad del BBVA- después de que se viralizara su caso. "El próximo 20 de noviembre tenemos más de una decena de desahucios para parar el mismo día. De todos los casos que conocemos, ninguno se ha podido acoger a la moratoria".

El decreto del Govern no para desahucios

Ante la emergencia, el Govern aprobó un decreto ley para "limitar" los desahucios, a pesar de que hay dudas sobre si los tribunales harán caso, puesto que la Generalitat no tiene competencias en derecho procesal y no pueden obligar a los juzgados a no admitir demandas de desahucios. El movimiento por el derecho a la vivienda lo califica de "farsa", mientras la Generalitat insiste en el carácter vinculante de la ley y le pasa la pelota a los jueces, quienes creen que deben obedecer: "El paro de los desahucios tiene rango de ley, es un mandato directo a los jueces, y si alguien tiene dudas de su constitucionalidad, puede interponer un recurso", argumenta Jaume Fornt, presidente de la Agencia d’Habitatge de Catalunya. Fornt recuerda que si este fuera el caso, solo se suspendería cautelarmente la norma si el recurso lo interpusiera el Gobierno español.

En paralelo, los activistas añaden que la Generalitat no está aplicando como es debido la ley catalana por el derecho a la vivienda, que en diciembre de 2019 incluyó la obligación para los grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables. La normativa dice que la Generalitat tendría que sancionar a los propietarios que no cumplan con ello con multas de hasta 90.000 euros. Pero esto todavía no ha pasado por falta de recursos, según Blanco: "En los ayuntamientos hay la misma gente trabajando para hacer más trabajo. Si se creen las leyes, que el Govern ponga los recursos, porque aquí sí que tienen competencias". "Las sanciones son la vía más rápida para parar los desahucios; por cada desahucio, una multa", decía Josep Babot, portavoz de la PAH Barcelona, durante una concentración en la plaza San Jaume de Barcelona esta semana.

Fornt señala que ya hay seis expedientes abiertos contra grandes tenedores y que están consiguiendo parar desahucios de familias vulnerables que se podrían acoger al alquiler social mediante el servicio de Ofideute, las oficinas que se utilizaron durante la anterior crisis para asesorar con temas hipotecarios. De momento, aseguran haber gestionado más de 2.300 casos: "La mayoría de propietarios paran los desahucios porque saben que si no abriremos expediente. Esto nos da margen para presentar los papeles que acrediten la vulnerabilidad de la familia", dice.

Bloqueo del PSOE

De momento, los activistas han puesto el foco en Madrid para exigir la parada de los desahucios. Y así lo han hecho, interpelando directamente el ministro con la competencia de vivienda, José Luís Ábalos, que tal como afirma el Sindicat de Llogateres, está cerrado en banda. "Desde el PSOE, están bloqueando la suspensión de los desahucios", afirma Blanco. La demanda tensa las relaciones entre los socialistas y Podemos en el Ejecutivo estatal, pero también en el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau y el vicepresidente Pablo Iglesias habrían hecho una propuesta para parar los lanzamientos durante todo el estado de alarma aplicable a todas las familias vulnerables. Este diario no ha podido conocer la posición del consistorio, puesto que la concejal de Vivienda, Lucía Martín, no había respondido las preguntas en el cierre de este reportaje.

Aun así, el Sindicat de Llogateres se muestra confiado a lograr esta demanda: "Hace unos años era impensable que JxCat aprobaría la regulación de los alquileres. Esto se ha conseguido con la presión en la calle, haciendo que fuera una cuestión inesquivable", argumenta Blanco.