El Gobierno ha anunciado que propondrá una reforma normativa para agilizar y mejorar el control judicial de las restricciones que los ayuntamientos y comunidades autónomas acuerdan en la lucha contra la pandemia de la covid-19.

En un comunicado, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática explican que la reforma será propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista al resto de las fuerzas parlamentarias mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Consistirá en una reforma de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa con cuatro objetivos. Primero para atribuir la competencia de esta cuestión a los Tribunales Superiores de Justicia de cada CCAA, en lugar de los Juzgados de los Contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general.

Segundo para establecer la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones así como para fijar un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación.Y por último para incorporar la participación de la Fiscalía en este tipo de procedimientos.

La iniciativa "persigue dotar de la mayor seguridad jurídica posible a las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias, así como a las vías de control e impugnación de las mismas en beneficio de la ciudadanía y el interés común".

Asimismo, "pretende dotar a CCAA, y demás administraciones públicas con competencias sanitarias, de todas las herramientas que necesiten para gestionar la situación de la forma más adecuada en función de las concretas circunstancias que se den en su territorio".

El proyecto de Justicia se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.

Esta propuesta llega en un verano atípico marcado por la preocupante tendencia al alza de la covid-19, en la que los jueces se han erigido de facto en árbitros de la pandemia al tumbar en ocasiones algunas de las restricciones impuestas por las administraciones mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, las respaldaban.

Tanto es así que los jueces se quejan de la "falta de previsión" de las autoridades para adaptar la legislación sanitaria y aquella que regula la jurisdicción contencioso administrativa para hacer frente a la pandemia con herramientas del siglo XXI.