El Gobierno saca adelante la reforma del aborto ignorando el rechazo de la oposición

MADRID.- La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha dado luz verde a la proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular que reforma parcialmente la regulación del aborto, con los votos en bloque de los 'populares', sin disidencias, un voto de Unió Democrática de Catalunya y las críticas de toda la izquierda parlamentaria. El texto se votará en el Pleno de la próxima semana para su remisión al Senado.

La propuesta no ha sufrido modificaciones desde que el Grupo Parlamentario Popular la presentó el pasado mes de abril. Se trata de reformar tanto la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (art. 13.4) como la Ley de Autonomía del Paciente para convertir de nuevo el aborto en una de las tres excepciones de tratamiento médico en que las chicas de 16 y 17 años necesitan el consentimiento de sus padres, junto a las técnicas de reproducción asistida y los ensayos clínicos.

   Según las fuentes parlamentarias, el objetivo del Grupo Popular es que el texto sea aprobado en el Pleno del Congreso de la próxima semana para su remisión al Senado. Allí se espera que no sufra modificaciones, de forma que pueda aprobarse definitivamente cuando se inicie en septiembre el periodo de sesiones y publicarse en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor antes de que comience octubre.

   Durante la sesión de este martes, se han rechazado todas las enmiendas que había planteado el resto de los grupos, que en unos casos, como el de UPN, perseguían ampliar el calado de la reforma con más restricciones al aborto y en otros, como el de Izquierda Plural  o ERC, avanzar en la eliminación de las que ya existen. El PSOE, PNV y UPyD habían presentado directamente propuestas de supresión de toda la iniciativa 'popular' por entender que la ley debe quedarse como está.

   Finalmente, el texto del PP ha sido refrendado por 24 votos, los 23 de los diputados 'populares' presentes en la Comisión y uno del diputado de Unió Democrática de Catalunya, Toni Picó. UPN, integrante del Grupo Mixto y de postura tradicionalmente afín, no ha emitido voto. En cuanto a las enmiendas de los grupos, todas rechazadas por la mayoría 'popular', las que proponían modificaciones en la ley han contado además con la negativa del Grupo Socialista, que sólo ha respaldado aquellas que pedían suprimir la reforma planteada.

   Para la portavoz del Grupo Popular, Marta González, la reforma parcial planteada "no avala" en ningún caso la legislación en vigor, sino que se limita a tocar un aspecto en el que existe acuerdo social y del resto, tendrá que sentar el "punto de consenso" el Tribunal Constitucional cuando se pronuncie sobre el recurso que un grupo de diputados del PP le formularon hace ahora cinco años.

   "Consideramos que para completa seguridad jurídica debe pronunciarse el Tribunal Constitucional. No queremos pronunciarnos sobre ninguna de las enmiendas de los grupos para que sea el tribunal el que lo haga y poder reformar la ley sin hacer uso de nuestra mayoría parlamentaria (...) sus sentencias son inapelables y es nuestra intención esperar al pronunciamiento", ha señalado.

   El portavoz de Unió, Toni Picó, si bien ha votado a favor de la iniciativa se ha abstenido en las enmiendas planteadas por el resto de los grupos al entender, en línea con lo manifestado por el PP, que "estando pendiente de un recurso ante el Tribunal Constitucional del que aún no hay respuesta (...) no parece oportuno avanzar en más cambios".

   Desde el PSOE, Susana Ros, ha reclamado "que no se toque la ley" y ha votado tanto contra la iniciativa del PP como contra las enmiendas de Izquierda Plural y Grupo Mixto que pedían introducir más modificaciones. "No existe en España ni demanda ni clamor social para cambiar la ley. El 65% de la ciudadanía quiere mantenerla (...) es una ley avalada por el Consejo de Estado que reconoce derechos y no obliga a abortar", ha destacado.

   En este sentido se ha expresado también la portavoz de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras, quien ha incidido en que la reforma prevista "no cuenta ni con el respaldo de la mayoría social, ni con los informes de expertos ni por supuesto, con la mayoría de los grupos de la Cámara" por lo que, en su opinión, "durará" lo que éstos tarden en "modificar la correlación de fuerzas en la próxima Legislatura".

   Para el portavoz del PNV, Joseba Aguirretxea, que había presentado enmiendas se supresión del texto propuesto por el PP, la ley debe mantenerse "tal cual está vigente" porque "fue fruto de una negociación y un acuerdo político, una ley del consenso" que recoge el tema de las menores de edad como una salvedad en casos de desprotección, no como una regla. "Supongo que esta ley volverá a modificarse como todas las que está aprobando el PP siendo consciente de que tiene su propio apoyo y el de nadie más", ha apostillado.

   Carlos Martínez Gorriarán, de UPyD, ha mantenido una posición similar, puesto que sus enmiendas también iban encaminadas a la supresión de la reforma del PP. En su opinión, "no se pueden hacer leyes de partido cuando se trata de derechos civiles o de cuestiones de conciencia porque eso lleva a la inseguridad jurídica". "Habrá que pasar por este trámite desafortunado y lamentablemente y la próxima mayoría parlamentaria tendrá el trabajo de desahacer lo que se ha hecho hoy", ha comentado.

   Por su parte, en representación de Convergencia, cuyos diputados tienen libertad de voto en materia de aborto, Lourdes Ciuró ha expresado lo que a su juicio es una contradicción: "que la menor tenga que pedir permiso a sus progenitores para terminar su embarazo pero es buena para decidir por sí misma sobre la vida de un tercero, su hijo, hasta los 18 años de edad si decide seguir adelante".

   Por su parte, Joan Tardá, portavoz de ERC, ha rechazado de plano la iniciativa del PP y ha defendido la introducción de cambios en la ley actual pero para ampliar la libertad de abortar, como dejando explícito "que el aborto es un derecho" o eliminar las restricciones temporales que marcan los plazos. Todas sus enmiendas han sido rechazadas, al igual que las de Olaia Fernández Davila, de BNG, aunque ella pedía que se suprimiese la reforma y ha recibido el voto a favor del Grupo Socialista.