Familiares de alumnos de la escuela pública en la Comunidad de Madrid denuncian que el último y supuestamente ambicioso programa educativo del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para la construcción de nuevas infraestructuras "no tiene nada de novedoso" y "no hace más que tergiversar actuaciones que ya estaban puestas en marcha". Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos critican que la licitación de "nuevas" obras, avanzada por el Gobierno regional, consiste en realidad en acabar edificaciones ya empezadas "en prácticamente en el 100% de los casos". 

Durante todo este tiempo de demora, entre sucesivos gobiernos del Partido Popular (PP), cientos de familias han tenido que soportar que sus hijos e hijas vayan a clase entre obras o sean desplazados, algunos desde hace casi una década.

Recientemente, la Consejería de Educación ha anunciado, en vísperas de la campaña electoral, una inversión de 130 millones de euros en la licitación de obras para el levantamiento de un nuevo colegio, cuatro institutos y cinco escuelas infantiles, además de la ampliación de otros 23 centros de la región que, supuestamente, empezarán a dar servicio el próximo curso 2023/24. Pero los padres y madres aseguran que se trata de un programa "completamente vacío".

Carmen Morillas, presidenta de la FAPA, explica a Público que el anuncio "hizo muchísimo daño a las familias que están sufriendo estas obras eternas y que tienen a sus hijos, o bien desplazados a otros centros, o dando clase entre obras". Una situación que, a su juicio, se podría evitar, más allá de con un buen calendario de obras y contratos de calidad, con la eliminación de las "creaciones jurídicas", los conocidos como centros fantasma, una figura a través de la cual los colegios admiten matrículas de alumnos aun sin haberse empezado a construir.

Bajo esta forma de proceder, cuando llega la época de la escolarización, aunque esos centros todavía no existen, sale la entidad jurídica para recoger solicitudes de matrícula. De tal modo que si empieza el curso pero la obra no está terminada, se traslada a los alumnos a otros centros hasta que consiguen la cédula mínima de habitabilidad. Una organización que la FAPA critica, pues acaba por convertirse "en un caos tanto para los centros que acogen a los estudiantes y acaban saturados, como para los propios menores que sufren todos los cambios y los consiguientes procesos de adaptabilidad".

Es el caso del CEIP Héroes 2 de Mayo de Colmenar Viejo, en obras desde 2014; el CEIP Charles Dickens de Loeches en Madrid, cuya segunda fase de construcción empezó hace más de ocho años; el IES María Goyri Goyri de Villaverde, reclamado desde 2017, con todo el alumnado desplazado; o el IES Ana Frank, también en Madrid, que pese a que el centro existe de forma jurídica, aún no se ha empezado a levantar.

Alumnos que dan clase en barracones

La Consejería ha intentado edulcorar su plan con un supuesto paquete de nuevas ampliaciones en escuelas, como por ejemplo el CEIP María de Villota de Vallecas. Pero la FAPA ha desmentido que esta, como otras tantas, sean una nueva iniciativa, en un vídeo donde recoge imágenes que demuestran que el edificio ya contaba con retrasos en sus obras desde hace varios años.

Algo similar a lo que ocurre en el CEIP Mercedes Vera de Rivas-Vaciamadrid (que pasó a llamarse CEIP Hispanidad, en contra de la comunidad educativa). La FAPA explica que en septiembre de 2021, el Consejo de Gobierno aprobó la partida presupuestaria para contratar las obras para su construcción, comprometiéndose a tenerlo finalizado para el curso 2022/2023. Sin embargo, de nuevo, se han incumplido los plazos: aunque en el 2022 se empezó a construir la primera fase con un plazo de ejecución de 12 meses, todavía no está finalizado. Mientras tanto, el alumnado está desplazado en otro centro educativo, donde dan clase en aulas prefabricadas.

Por su parte, el CEIPSO La Luna abrió sus puertas en 2017, explica la FAPA, después de muchos años de reivindicaciones y tras cuatro años de espera en autorizar la construcción del mismo. La corporación local adelantó más de cinco millones de euros para la construcción de la primera fase, el equipamiento y el mobiliario, y la obra se realizó en plazo. Pero la segunda fase y el gimnasio a cargo de la Comunidad de Madrid sigue pendiente desde hace seis años.

Morillas detalla que "para salir del paso" en el patio se han instalado más de una docena de barracones que usan como aulas, donde se imparte clase a una parte del alumnado. "La situación en Rivas-Vaciamadrid es ya una cuestión de emergencia educativa, que hace imprescindible la creación de más centros educativos públicos con carácter de urgencia", advierte.

Otros ejemplos de escuelas sin acabar son IES Torcuato Fernández Miranda de Arroyomolinos y el CEIP Gabriela Morreale, de Leganés. Respecto al primero, el Ayuntamiento cedió el terreno en 2020 para su construcción. La Consejería recurrió de nuevo a la creación jurídica del centro, "generando falsas expectativas en las familias" y los alumnos están realojados en clases provisionales sin gimnasio, biblioteca, ni aula de informática. En cuanto al segundo, su alumnado, docentes y familias conviven desde 2018 con las obras. Desde sus ventanas son testigos en primera persona de los vaivenes de las grúas, material de obra y vallas anexas a sus pabellones.