El grito de socorro de las otras 160 'casas Orsola' en el Eixample de Barcelona: "Si no los detenemos, nos expulsarán a todos"

El conflicto en torno a la Casa Orsola del barrio barcelonés del Eixample ha puesto el foco una vez más sobre la problemática de la vivienda en la capital catalana, donde los alquileres han subido un 70% en la última década, fenómeno extrapolable a otras grandes ciudades del Estado o de Europa. Esta casa modernista, finalmente comprada por el Ayuntamiento y la Fundació Habitat 3, se ha erigido en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda, pero lejos de ser un caso único, su situación se replica en al menos 160 bloques en todo el Eixample de Barcelona.

Así lo alertan las asociaciones de vecinos, que han realizado estudios para cifrar este tipo de operaciones tanto en la parte derecha como en la izquierda del Eixample barcelonés –las dos zonas en que se divide el gran distrito centro partido por el passeig de Gràcia y la calle Balmes-. La parte de la derecha del distrito fue la precursora en señalar la situación, y hace dos años avisaba de que había 63 edificios afectados en esta zona. Ahora ya son 116. Viendo el fenómeno, los vecinos de la Esquerra de l'Eixample hicieron lo mismo y han detectado 44 edificios de su barrio en la misma situación. El primer inmueble de esta zona se detectó en 2017, después fue también la Casa Orsola comprada en 2021 por Lioness Inversiones, y uno de los últimos ha sido la Casa Papallona en la calle Llançà.

El 70% de la oferta de alquiler en el barrio de la izquierda del Eixample de Barcelona ya es de temporada

La fórmula que utilizan los inversores es muy similar: un fondo compra un bloque entero, echa a los inquilinos y reforma la finca para hacer vivienda de lujo. Luego lo comercializa, ya sea en forma de alquiler de temporada o de habitaciones –las dos modalidades que escapan de la regulación de los precios de los alquileres–, de pisos turísticos o de la venta por un mínimo de 500.000 euros a extranjeros que quieren obtener la conocida como Visa Dorada. Esta opción está previsto que se elimine a partir de abril de este año.

"Esto nos muestra que la Casa Orsola no es una anécdota, un caso concreto, sino una dinámica que está creciendo exponencialmente. Si no los detenemos, cada vez habrá más", alerta Xavier Riu, portavoz de la Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample. Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres, contextualiza un fenómeno que afecta a toda la ciudad. "Está pasando por toda Barcelona, en formas diferentes, pero el resumen es la compra de un edificio y echar a todo el mundo para destinarlo a otros usos", explica.

Aragonès (Sindicat de Llogateres): "Si mantenemos la vivienda en el mercado, la mejora de nuestros barrios significa nuestra expulsión"

En el Eixample se suman factores como la reciente reforma y pacificación de las calles Consell de Cent o Girona, que lo convierten en un "caramelo". "Esto aumenta la rentabilidad de la operación especulativa y por eso necesitamos dotarnos de protecciones. Si mantenemos la vivienda en el mercado, la mejora de nuestros barrios significa nuestra expulsión. Tenemos que sacar la vivienda del mercado", apunta Aragonès.

El fenómeno se ha extendido "como una mancha de aceite" por el distrito. Primero se centró en la Derecha del Eixample, con el foco en el entorno de la calle Mallorca -entre Rambla Catalunya y Passeig de Gràcia, donde están los edificios modernistas- y las calles Girona, Ausiàs Marc y Casp. Después saltó a la Izquierda, en las calles Balmes, Aribau o Muntaner. Pero ahora ya está por todo el barrio. "Ahora ya cualquier sitio del Eixample es susceptible de una operación financiera de estas características", apunta Riu.

Cambios en el comercio, las escuelas y la vida en el barrio

Los vecinos están preocupados por la expulsión de la gente del barrio, y por los cambios que esto está provocando, ya bien visibles: pérdida de comercio local, menos tejido asociativo, los jóvenes obligados a marcharse cuando se emancipan... "En la Escuela Joan Miró, cada año se marchan unas 10 familias, que se ven obligadas a irse a vivir lejos de aquí. Esto nos está cambiando el barrio. Aún vivimos aquí 100.000 personas y podemos salvarlo como zona residencial, pero si no los detenemos, nos expulsarán a todos", afirma Riu.

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Aragonès: "Lo que quiere incentivar la Administración es la especulación inmobiliaria"

El portavoz critica que los fondos de inversión "aprovechan el agujero" de la ley de vivienda en cuanto a la falta de regulación de los alquileres de temporada y de las habitaciones, una modalidad en la que los pisos del Eixample, generalmente grandes, encajan fácilmente. La asociación de vecinos ha constatado que el alquiler de temporada supone ya el 70% de la oferta en el barrio.

Por su parte, Aragonès apunta a la responsabilidad de las administraciones públicas en este tipo de operaciones. "Estas prácticas no sólo son legales, sino que están incentivadas, con unos impuestos muy reducidos", critica. Explica que Lioness Inversiones, por ejemplo, utiliza una figura fiscal llamada sociedad de inversión de capital variable (sicav) que tributa un 1%. "Cuando una Administración baja los impuestos, está enviando un mensaje: Eso es lo que queremos que pase. Lo que quiere incentivar la Administración es la especulación inmobiliaria", carga Aragonès.

A esto se suma la "desprotección" de los inquilinos, que ante estas operaciones reciben un burofax con la notificación de que deben marcharse una vez se les acabe el contrato. "Eso también es una decisión política, porque antes no era así", apunta el portavoz. En España había contratos indefinidos, y en otros países existe la renovación automática una vez vencen los contratos.

Otro factor que se suma a esta alfombra roja para la especulación es la carencia de control y sanciones de la Administración ante ciertas "ilegalidades o irregularidades", como no comunicar las obras de rehabilitación para evitar la medida de destinar el 30% a vivienda social, explica Aragonès.

Medidas como prohibir las compras de vivienda para especular y que sólo pueda ser para vivir, o la de mantener y aplicar la reserva del 30% para vivienda social y regular los precios de los alquileres de temporada y habitaciones son algunas de las opciones que contribuirían a aliviar el problema, explica el portavoz.

De una cuestión individual a un conflicto colectivo

"La Casa Orsola ha servido para hacer pedagogía, para saber de qué estamos hablando. No hay ningún sector que gane lo que gana este. Es un negocio brutal", lamenta Riu. El portavoz recuerda que el objetivo de Lioness Inversiones con la Casa Orsola era triplicar los alquileres, haciéndolos de temporada, pero incluso no lográndolo por la lucha vecinal, con la compra por parte del Ayuntamiento ha ganado tres millones de euros respecto al precio de compra original. "Se ha dejado barra libre a la inversión inmobiliaria que se está cargando el barrio, la ciudad y las demás actividades económicas", lamenta el portavoz.

Riu: "Se ha dejado barra libre a la inversión inmobiliaria que se está cargando el barrio"

La respuesta de los vecinos afectados ha variado. Riu explica que "hay de todo", y que, más allá de los desahucios invisibles que pasan a diario, hay inquilinos que se han negado a marcharse. "En el primer bloque que nos llegó, Entença 151, en el 2017, solo queda un señor muy mayor, muy combativo. Tienes que ser muy militante, si no te marchas". Es un proceso gradual: "No pueden echar a todo el mundo de repente. A medida que se van terminando los contratos, los van echando".

Aragonès apunta que ante una situación así, es importante que los fondos "se encuentren comunidades de inquilinos organizadas y unidas, que generen un conflicto y no se marchen". El objetivo es que el recibimiento del burofax que informa de que no se renovará el contrato "no sea una cuestión individual", sino un conflicto colectivo. "El mensaje que debemos enviar a los fondos de inversión es que Barcelona es una ciudad que resiste".

Para el Sindicat de Llogateres, Casa Orsola ya ha difundido la idea de que no se trata sólo de esta comunidad de vecinos, sino de que "la ciudad entera está dispuesta a movilizarse". Para el portavoz, esto contrasta con un Ayuntamiento que "premia" estas operaciones. "Debería impulsar cambios normativos y forzar a la propiedad a firmar nuevos contratos, en lugar de regalarle esta animalada de rentabilidad [a Lioness Inversiones]", concluye Aragonès.