Huelga de educaciónLa Junta de Andalucía cifra en un 8% el seguimiento de la huelga contra el decreto de escolarización y CCOO en un 80%

La huelga educativa en Andalucía, convocada por CSIF, ANPE, USTE, CCOO y UGT, registra un seguimiento medio del 8,3% del profesorado de educación primaria y secundaria, según la Consejería de Educación, mientras que CCOO la eleva al 80% del profesorado.

Según fuentes de la Consejería de Educación, de los 97.848 profesores convocados al paro contra el decreto de escolarización, aprobado por el Gobierno andaluz para el curso 2020-2021, lo han secundado 8.122 en toda Andalucía.

El seguimiento es mayor en Primaria, del 12,1 % –5.986 docentes de un total de 49.547–, que en Secundaria, del 4,5 % –1.902 docentes de un total de 42.036–.

Estas cifras se basan en los datos recabados por los centros de las grabaciones en el sistema informático de las bajas o ausencias del profesorado hasta las 10.20 horas, según las citadas fuentes, que no disponen por ahora del número de alumnos que han faltado este miércoles a clase.

Según la Consejería de Educación, 8.122 profesores de toda Andalucía  han secundado el paro contra el decreto de escolarización 

En un comunicado CCOO informa de que la incidencia de la huelga en los centros educativos es mayor entre docentes de Secundaria, con más del 80%, que en Primaria, con una participación superior al 60%, y de más del 50% en el caso del Personal de Administración y Servicios.

Según este sindicato, la participación ha sido prácticamente absoluta en Bachillerato, especialmente en los institutos de las grandes ciudades y área metropolitanas, y muy significativa en 3º y 4º de ESO, cursos en los que el alumnado puede hacer huelga.

La Junta aprobó en febrero un nuevo decreto de escolarización que, además de cambiar los criterios de admisión y preferencia, permitirá que todas las familias puedan solicitar plaza en un centro concertado, siempre que exista uno en su localidad, al eliminar las zonas de influencia.

Los sindicatos convocantes piden la retirada del citado decreto porque consideran que es un "ataque a la escuela pública" ya que "ahonda en la liberalización y privatización de los servicios públicos" y también alegan que "las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de demanda social provocarán un incremento de la segregación escolar".