España es un territorio rico en biodiversidad. La joya ambiental del país es, sin duda, su red de humedales, resquicios de agua en mitad de la tierra. Son ecosistemas ricos, donde las especies acuden para beber y refrescarse, bien lo evidencian los flamencos que mojan sus plumas en Doñana. Durante el siglo XX, pese a su valor ecológico, fueron reconvertidos y reaprovechados para usos agrícolas lo que provocó una crisis de la que el país sigue sin salir.

Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, entre 1970 y 2015, los humedales se han reducido aproximadamente un 35%, tres veces más de la tasa de pérdida de masas boscosas. Además, en la primera mitad del siglo XX se habría consumado la desaparición de hasta el 60% de los ecosistemas húmedos originales del país. La situación actual no es halagüeña, pues apenas espacios de este tipo que no estén amenazados, con sólo un 12% catalogado como "bien conservado", según los datos divulgativos del propio Gobierno español. El 24% se encuentra en un "estado pobre" y el 30% en "estado muy pobre". 

En la lista de espacios naturales que se sitúan al borde de entrar en la UCI aparecen nombres conocidos, como las Tablas de Daimiel, el Mar Menor o el parque natural de El Fondo, en Elche. También aparecen otros entornos que son emblemas del país, pero cuya mala conservación ha llevado a Europa a abrir procesos judiciales contra España: Doñana y el Delta del Ebro. 

Las principales amenazas de estos ecosistemas están vinculadas a actividades humanas. La mala gestión del agua, según el último informe Ramsar de la Sociedad Española de Ornitología (SEOBirdLife), afecta al 60% de estos espacios naturales y la agricultura en zonas colindantes –con extracción de agua para regadío– supone un problema para la salud del 38% de los ecosistemas húmedos. 

El caso más paradigmático es el del Mar Menor, que se enfrenta a la contaminación difusa provocada por la agricultura del Campo de Cartagena y por los vertidos de aguas residuales y domésticas. No muy lejos de allí, en la Albufera de València, aparecen otros problemas como la sobreexplotación de los acuíferos para regadío, lo cual se extiende en otras zonas del país como Tablas de Daimiel o Doñana, donde el riego ilegal y los pozos clandestinos se han convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno central.

Falta de compromiso

En este declive de los ecosistemas más ricos del país, las comunidades autónomas tienen mucho que decir. Hace más de diez años las diferentes administraciones se comprometieron a actualizar el Inventario Nacional de Zonas Húmedas, pero sólo ocho comunidades autónomas han aportado sus datos.

"En la actualidad, el inventario recopila 764 sitios que ocupan una superficie de algo más de 235.000 hectáreas, pero hay que completarlo para poder identificar humedales desecados o degradados, y avanzar así en su recuperación y restauración, tal y como promueve el Convenio Ramsar", sostienen desde SEO BirdLife.

Desde Ecologistas en Acción, por su parte, señalan al menos hay un 30% de zonas incluidas en el Convenio Ramsar (el tratado internacional sobre humedales), que no se han incluido todavía en el inventario de zonas húmedas. Desde la organización denuncian la falta de compromiso y dejadez de las instituciones par proteger estos entornos y ponen el foco sobre cómo las políticas de gestión hídrica siguen siendo potenciando el consumo y las extracciones de agua.