Ibiza desaloja el mayor asentamiento de infraviviendas de la isla
Durante la estación estival, han llegado a residir hasta 400 personas, aunque en los últimos días permanecían unas 80.
La Policía Local ha detectado casos en los que se ha llegado a cobrar un alquiler de 200 euros por semana a los residentes que habitaban las casetas.
El Ayuntamiento de Eivissa (Ibiza) ha desalojado este martes el mayor asentamiento de infraviviendas de la isla y ha iniciado el desmantelamiento de alrededor de un centenar de estas edificaciones construidas con madera y plástico. En los meses de verano han llegado a residir allí hasta 400 personas, aunque en los últimos días permanecían unas 80.
El operativo, formado por 25 agentes de Policía Local y Nacional, junto a técnicos municipales, personal de servicios sociales, de medio ambiente y operarios de limpieza, ha comenzado a las 10.00 horas en el solar de Sa Joveria, situado entre el recinto ferial y el hospital Can Misses. La intervención ha respondido a una orden judicial de desalojo.
La actuación ha arrancado con una inspección caseta por caseta por parte de agentes y técnicos para comprobar que no quedaba nadie en el interior o, en su caso, proceder a la evacuación. También se han retirado bombonas de gas y otros elementos peligrosos antes de la entrada de maquinaria pesada para derribar las construcciones.
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Dado que la mayoría de los residentes había abandonado el lugar previamente, este martes quedaban menos de diez personas recogiendo sus pertenencias. Varias de ellas han lamentado la falta de alternativas habitacionales, marcada por el elevado precio de la vivienda.
El asentamiento se originó en 2020 con la presencia de algunas caravanas y fue creciendo progresivamente hasta transformarse en un núcleo de cabañas levantadas con palés de madera y cubiertas de plástico.
Trabajadores llegados del Sáhara, Argelia y Marruecos
El perfil predominante de los habitantes corresponde a trabajadores procedentes del Sáhara, Argelia y Marruecos, empleados principalmente en los sectores de la construcción y la hostelería.
Uno de los desalojados, de origen marroquí, ha expresado entre lágrimas que su única opción ahora es "irse a la calle". Con cuatro hijos, ha explicado que llegó a España en busca de trabajo debido a la difícil situación en su país y que su objetivo actual es regularizar su situación administrativa. Ha denunciado además que algunas empresas ofrecen alojamiento pero con condiciones abusivas, llegando a descontar hasta 600 euros por una cama. Tras residir en Murcia sin empleo pero con alojamiento, se trasladó hace tres meses a Eivissa.
Otro joven saharaui, que llegó a la isla hace dos meses, ha señalado que muchos residentes ya han buscado otros lugares donde instalarse. Ha apuntado que existe malestar por la asociación del colectivo saharaui con la ocupación de viviendas, pero ha subrayado que muchos están cansados de los desalojos continuos y de "dormir en la calle". En su caso, llegó con la promesa de un contrato y alojamiento que finalmente no se materializó.
Ennaama Zineddine, también saharaui y trabajador de cocina en un hotel, lleva diez años en España y tres residiendo en el asentamiento. A pesar de contar con permiso de residencia, no ha podido acceder a una vivienda: encontró una habitación por 500 euros, pero le exigían una fianza de 2.000 euros, y rechazó otra de 700 euros por ser incompatible con su salario de 1.500 euros.
Aunque ninguno de los desalojados ha confirmado si pagaba por su residencia, la Policía Local ha detectado casos en los que se cobraban hasta 200 euros semanales o 500 euros mensuales por estas infraviviendas.
El alcalde de Eivissa, Rafa Triguero, ha pedido a quienes se desplazan a la isla atraídos por mejores salarios que, si disponen de condiciones de vida más dignas en la Península, opten por permanecer allí para garantizar "una vida digna y una seguridad acorde al siglo XXI".
Se trata del quinto desalojo ejecutado en la isla desde 2024. Además, el próximo 29 de abril está previsto un nuevo operativo en un asentamiento de caravanas ubicado en un terreno privado junto al campo de fútbol de Can Misses, donde residen alrededor de 80 personas.
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