Un informe oficial concluye que la tortura fue parte de la lucha antiterrorista en Euskadi

“Te han cogido por la noche indefenso, te han llevado sin que nadie lo sepa. Aquí empezará tu viaje”. Así empezaba una de las míticas canciones de La Polla Récords. Se llamaba La tortura y empezó a sonar en 1985. Por entonces, ni jueces ni políticos admitían su contenido. O mejor dicho, lo desacreditaban de plano: todos, absolutamente todos, negaban que las Fuerzas de Seguridad del Estado aplicasen tormentos a los detenidos en las habituales redadas que se practicaban en Euskadi, siempre enmarcadas en el concepto de “lucha antiterrorista”. Tres décadas más tarde, aquella descarnada letra del denominado Rock Radical Vasco recibirá confirmación oficial.

“Vas a conocer un nuevo mundo, profundo, pues tu humillación jamás tocará fondo. Conocerás un dolor que nunca hubieras imaginado. Aprenderás lo que es gritar”, continuaba el grupo de Evaristo Páramos en los años ochenta. Por entonces, los operativos policiales en plena madrugada eran moneda habitual en distintos puntos del País Vasco. Este lunes a primera hora de la tarde, el Gobierno Vasco dará solemnidad y amparo a este terrible apartado de la historia reciente en Euskadi. Será a las 16.00 h cuando el Ejecutivo de Iñigo Urkullu y el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco (UPV) ofrezcan el informe final del Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960-2014.

Será un acontecimiento de indudable trascendencia. Por primera vez, una institución pública no sólo admitirá que los sucesivos gobiernos estatales han utilizado la tortura en el marco de su política antiterrorista, sino que dará cifras sobre la cantidad de detenidos que soportaron malos tratos en comisaría. Se trata de un periodo amplio que abarca dos realidades políticas diferenciadas: el documento analiza las torturas aplicadas por el régimen franquista tras el nacimiento de ETA, pero también incide en lo ocurrido durante un prolongado tiempo de democracia, cuando España ya había asumido protocolos internacionales en materia de derechos humanos.

“Lo realmente novedoso es que todo esto se reconozca desde ámbitos oficiales”, señalaron a Público desde una de las organizaciones privadas que han colaborado en la elaboración de este informe. De hecho, el documento que se presentará este lunes reforzará lo denunciado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): desde 2010, esa corte condenó a España hasta seis veces por no investigar las denuncias de torturas formuladas por ciudadanos vascos que habían sido detenidos bajo acusaciones de pertenencia o colaboración con ETA.

El caso 'Egunkaria'

Uno de los casos más llamativos fue el del reconocido periodista Martxelo Otamendi, detenido en 2003 durante el operativo ordenado por la Audiencia Nacional contra el periódico Egunkaria, editado íntegramente en euskera. Otamendi, que era su director, permaneció cinco días incomunicado en dependencias de la Guardia Civil, donde denunció haber sufrido diferentes vejámenes.

En abril de 2010, la AN ordenó su absolución y admitió que ni él, ni Egunkaria ni ninguno de los otros detenidos tenía nada que ver con ETA. Las novedades desde Europa llegarían un par de años después: en octubre 2012, el TEDH condenó a España a pagar 24.000 euros al denunciante.

En ese contexto, el informe que se presentará este lunes en el auditorio del Centro Carlos Santamaría de la UPV en Donostia incluirá datos sobre los escasos procedimientos judiciales que se han realizado en España a raíz de denuncias por vejámenes y malos tratos. En un avance presentado en junio del año pasado, el Instituto Vasco de Criminología ya incidía en ese aspecto. De acuerdo a aquel documento, “las sentencias condenatorias firmes de tribunales internos constatadas en esta investigación, en referencia a los casos registrados en la misma, ascienden a un total de 21”.

En total, fueron condenados “50 funcionarios (una mujer y 49 hombres) por hechos cometidos a 32 personas (4 mujeres y 28 hombres) detenidas entre los años 1979 y 1982”. Nueve de esas sentencias condenatorias correspondieron a la Policía Nacional y otras 12 a la Guardia Civil. Posteriormente, muchos de los condenados fueron indultados por los gobiernos de PP y PSOE.

Mientras tanto, el número de “personas identificadas que denuncian tortura o malos tratos” ascendía, según ese informe preliminar, a 4.009, de las cuales un 17% eran mujeres y el restante 83% hombres. Además, se señalaba que un 17% habían sido víctimas de tormentos en más de una ocasión. “Estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados si tenemos en cuenta que hay más personas que han anunciado su incorporación al censo”, advertía entonces el Instituto Vasco de Criminología, lo que hace prever que en el informe final que se presentará este lunes habrá nuevas cifras al respecto.

Otro punto importante del estudio estará directamente relacionado con los autores de esas violaciones a los derechos humanos. Hasta junio del año pasado, los investigadores habían detectado 1.561 casos atribuibles a la Policía Nacional, 1.589 a la Guardia Civil y 310 a la Ertzaintza. También aparecían 19 menciones a funcionarios de prisiones y otras cuatro policías municipales.

Miradas hacia la Ertzaintza

Precisamente, la aparición de la Ertzaintza en este informe provocó una nueva polémica en el escenario político del País Vasco. A principios de año, Sortu organizó concentraciones frente a comisarías de la Policía Autonómica para denunciar que sus agentes también habían maltratado a detenidos, algo que molestó profundamente al Gobierno Vasco. En tal sentido, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, remarcó entonces que este cuerpo policial no había recibido ninguna condena por torturas.

Ahora falta saber de qué manera abordará el informe final esos tres centenares de denuncias que apuntan directamente hacia la Ertzaintza. Del mismo modo, también queda por conocer si el Gobierno Vasco utilizará ese documento oficial para reclamar al Ejecutivo español que investigue aquellos casos que correspondan a la Guardia Civil y Policía Nacional o si, por el contrario, se limitará a archivarlo en la Secretaría de Paz y Convivencia.

En un caso u otro, ya no habrá vuelta atrás: por primera vez, un documento oficial confirmará que las fuerzas policiales emplearon la tortura de manera sistemática contra los detenidos por terrorismo.