Nerea González, de 31 años, fue víctima de violencia de género hace más de cinco años. Una relación de corta duración, salpicada de constantes recaídas, que a día de hoy su abogado, César Hernández, califica de “tóxica” y tras la cual Nerea tuvo que “recurrir, incluso, a la Cruz Roja para realizar una terapia y poder desengancharse de aquella relación violenta”.

Antes de aquella terapia, en 2010, tanto ella como su pareja fueron condenados por un delito de lesiones por el que tenían que cumplir una orden de alejamiento mutuo. En su caso concreto, la pena impuesta fue de nueve meses de prisión, pero no ha sido hasta algo más de cinco años después cuando ha ingresado en el Centro Penitenciario Valladolid, en Villanubla (Valladolid).

Lo hacía el pasado martes, dejando atrás una vida rehecha, a su actual marido, con el que lleva tres años y tiene un bebé de 16 meses, y el hijo de 13 años de su anterior relación, que vive con ellos. Se da la circunstancia, además, de que la prisión de Villanubla no cuenta con un módulo para madres con niños menores de tres años, por lo que ha tenido que interrumpir la lactancia –aunque se extrae la leche materna-. Ello, a pesar de que el Reglamento Penitenciario establece que “las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria potestad podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que éstos permanezcan en su compañía en el interior del centro penitenciario”.

Su abogado lamenta que la justicia tardía haya propiciado que “una persona rehabilitada en todos los sentidos vuelva a sufrir un revés en su vida”. Este mismo mediodía, de hecho, Nerea llamaba a Hernández para comunicarle que, según cuenta él mismo, “ha llegado la sentencia en firme del segundo de los juicios, éste de 2011, por quebrantar una orden de alejamiento [en aquella época de recaídas] y por la que es condenada a otros 8 meses, por lo que en total estaríamos hablando de 17 meses de cárcel”.

Hernández explica “cómo se han agotado todas las vías de recursos, la solicitud de indulto que el Tribunal Supremo denegó o, incluso, la aplicación de la reforma del Código Penal, con la que podía haberse acogido a la adecuación de la ley a las circunstancias especiales de la persona”.

En esta situación, Nerea está en espera de que la Junta de Tratamiento Penitenciario se reúna a finales de mes y apruebe o no –ha de hacerlo por unanimidad- el tercer grado, para poder así continuar con su vida y la lactancia de su pequeño Zarek. La joven vallisoletana insiste en que no se niega a cumplir su condena, pero desea hacerlo de manera que ésta sea compatible con su actual vida, bien sea a través de trabajos sociales y/o con pulsera de monitorización electrónica.

A pesar de los informes positivos y del apoyo de diversas entidades, como la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos, el abogado no se muestra demasiado optimista ante la resolución de la Junta, puesto que “son muy pocos o, incluso, diría que ninguno, los casos en los que ha concedido el tercer grado”.

La otra opción, en caso de ser denegado el tercer grado, sería solicitar el traslado a un centro penitenciario que cuente con módulo para madres. En este sentido, Hernández señala que “en Castilla y León no existe ninguno, porque los recortes también han hecho ahí mella y la prisión de Dueñas (Palencia), que sí tenía un módulo, lo cerró hace ya unos años”. De este modo, el letrado explica que “el traslado habría de producirse o a Madrid o a Valencia, lo que resulta complicado porque, si bien estaría junto a su hijo, dificultaría mucho las visitas del resto de su familia, que no tiene recursos”.

Mientras Nerea aguarda la resolución de la Junta de Tratamiento Penitenciario, las concentraciones de apoyo se suceden en Valladolid, habiendo tenido lugar la última el pasado jueves con el apoyo de diversas asociaciones, sindicatos y partidos políticos locales.