Este artículo se publicó hace 5 años.
La juez no ve delito en el caso de la anciana de 97 años desahuciada por error
La magistrada ha reconocido que se incurrió en un error que ha calificado como "lamentable", pero aun así concluye que "ha quedado evidenciado que no hubo negligencia por parte de los actuantes".

El caso de Rosario Bravo, la anciana de 97 años desahuciada en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por error, ha sido archivado por el juzgado de instrucción de la localidad, al considerar que no se dan los ilícitos penales por los que se inició la denuncia.
La magistrada ha reconocido que se incurrió en un error que ha calificado como "lamentable", pero aun así concluye que "ha quedado evidenciado que no hubo negligencia por parte de los actuantes" y que no hay "el mínimo indicio de comisión de hecho delictivo". El auto archivado se puede recurrir, y la vía civil está abierta para que la perjudicada pueda ejercer las acciones que considere oportunas.
Rosario Bravo fue desahuciada en febrero por error, mientras pasaba unos días fuera de su domicilio. Esto ocurrió debido a una equivocación de la comitiva judicial a la hora de identificar el inmueble, pues la orden era para otro piso. La familia de la afectada presentó una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, apropiación indebida y por la desaparición de enseres de la anciana.
En el desahucio se llevaron bienes materiales y sentimentales como las memorias que estaba escribiendo la anciana
En el desahucio se llevaron la lavadora, el microondas, la televisión, algunos muebles, la vajilla buena, colchones, ropa, el único retrato de bodas que conservaba de su difunto marido, la mantilla que heredó Bravo de su madre y hasta una garrafa de cinco litros de aceite de oliva sin empezar. También perdió sus memorias, todos los recuerdos de una vida que llevaba siete años anotando a mano en un libro en blanco, de 200 páginas, que le regaló su hijo por su nonagésimo cumpleaños.
El 4 de noviembre comparecieron ante la jueza el cerrajero y un representante de la propiedad, que declararon como investigados, y una procuradora y un gestor judicial, que lo hicieron en condición de testigos.
Tras escuchar los testimonios, la juez ha afirmado que, aunque ninguno de los implicados ha negado el error, no hay elementos que permitan afirmar la existencia de un delito. Esto se debe, no solo a la consideración de lo sucedido como un "error de hecho", sino que, "los delitos denunciados no permiten su comisión imprudente", ha concluido la magistrada.
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