La jueza de la DANA pide al dueño de El Ventorro la factura de la comida de Mazón y Vilaplana y una foto del reservado
La magistrada requiere también al candidato a la presidencia, Pérez Llorca, que aporte la factura del teléfono con el que hizo o recibió las llamadas que aquel día mantuvo con Carlos Mazón y Salomé Pradas.

València--Actualizado a
La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha solicitado al propietario de El Ventorro una fotografía y las medidas de la sala donde comieron el ahora president en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el día de la tragedia, así como que aporte la factura de esa comida.
La decisión se ha recogido en un auto publicado este lunes después de la declaración como testigo el pasado viernes del propietario del restaurante y tras solicitar varios letrados que se le pidiera una imagen de la sala reservada para la comida y las medidas de ancho y largo del espacio. En la declaración, otros abogados también pidieron a la jueza que se solicitase al propietario la factura de la comida y la comanda, algo a lo que también ha accedido.
En la justificación de la petición, la magistrada señala que el auto del 16 de octubre de 2025 de la Audiencia Provincial de València, en el que se ordenó la toma de declaración como testigo de la periodista, el tribunal indicaba la "pertinencia" de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi en la tarde del 29 de octubre de 2024.
Dicha resolución estimaba la "pertinencia" de la declaración de Vilaplana partiendo de que "hubiera podido escuchar lo que Mazón dijera al comunicarse telefónicamente con la entonces consellera de Justicia e Interior" Salomé Pradas, "o bien comentarios que el president pudiera hacer a raíz de dichas conversaciones".
Respecto de la petición de la fotografía de la sala reservada, la jueza la admite por la "necesaria valoración de la posibilidad de escuchar, por quienes se encontraban en dicha sala, los comentarios o las conversaciones que hubiera podido efectuar Mazón en relación a la emergencia de la DANA". Además, como la fotografía no determina el tamaño exacto del espacio, considera necesario que se aporten las medidas de ancho y largo del local.
En relación con la factura de la comida y la comanda, la instructora considera que "acreditarían de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".
Por su parte, la magistrada también ha requerido al candidato a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que aporte la factura del teléfono con el que hizo o recibió las llamadas que aquel día mantuvo con Carlos Mazón y Salomé Pradas.
En una providencia del pasado viernes, hecha pública este lunes por el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià (TSJCV), la instructora de Catarroja pide que en el plazo de cinco días se aporte la factura del teléfono corporativo del Ayuntamiento de Finestrat (Alacant), del que Pérez Llorca es alcalde.
Asimismo, pide que se haga constar por parte de la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) si las llamadas son entrantes o salientes y su duración, así como el orden en el que se efectuaron o recibieron.
La jueza insta también a esa letrada del juzgado a que coteje los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre entre Pérez Llorca y Pradas, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso y Carlos Mazón.
Conselleria de Emergencias
A su vez, la magistrada ha pedido a la Conselleria de Emergencias que aporte una relación de personas acreditadas para su entrada y circulación en el Centro de Emergencias de la Generalitat en l'Eliana, sin dependencia laboral con este organismos, entre las 7.30 y las 23.59 horas del 29 de octubre, especificando sus datos de filiación, persona a la que iban a visitar, razón por la que acudieron al centro, habilitación concreta para circular por el centro, hora de llegada y hora de salida.
Así lo acuerda en una providencia del pasado viernes, en la que, ante la petición de la representación de Acció Cultural del País Valencià, la magistrada requiere a la Conselleria de Emergencias un informe relativo a los requisitos de acreditación que se exigen a las personas sin dependencia laboral para el acceso a las instalaciones, con las clases de acreditación que se entregan y la especificación de qué facultades deambulatorias se permiten en función de esa acreditación entregada.

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