La llegada de 1.200 migrantes en 2002 a las costas canarias: el precedente del "campamento de la vergüenza"

En 2002, antes de la crisis de los cayucos, el PSOE de Fuerteventura pronunciaba un discurso similar al que ahora pronuncia el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres respecto a la gestión migratoria. La financiación destinada para recursos alojativos, la falta de entendimiento entre el Gobierno central y la delegación del Gobierno de Canarias y los recursos destinados a la acogida centraban el debate ante la llegada de 1.200 personas en situación irregular.

En diciembre de 2002 el PSOE de Fuerteventura expresaba su malestar ante la falta de acción del gobierno central en materia de migración tras la llegada de 1.200 migrantes en pateras. De las 1.200 personas que llegaron en ese momento a las costas canarias 400 fueron ubicadas en recursos de Cruz Roja, sin embargo 800 fueron ubicadas en la antigua terminal del Aeropuerto de Fuerteventura.

Domingo Fuentes Curbelo, representante del PSOE en el Cabildo en ese momento, insistía en la necesidad de establecer medidas "contundentes" y no "meras declaraciones institucionales de cara a la galería'' en referencia una movilización promovida por el Cabildo y el gobierno autonómico contra la política estatal sobre la migración. Fuentes destacaba, según recoge el periódico Canarias7, que los esfuerzos debían ir enfocados "no contra los inmigrantes, sino contra la política ineficaz del gobierno canario y del Ejecutivo central" y exigir el reparto de los migrantes, agilizar las repatriaciones, mejorar la diplomacia y vigilar las fronteras para tener más seguridad.

La negativa del PSOE en 2002 por convertir la política migratoria en un instrumento político que se quedase en "meras declaraciones institucionales", recuerda a la postura que actualmente mantiene el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE) que ha manifestado que "es bueno que los ministros viajen a las islas, pero más lo es que vengan con propuestas y soluciones" respecto a las visitas de representantes políticos al Muelle de Arguineguín. En el mismo tono se ha posicionado la Coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, que ha pedido la dimisión del ministro del Interior Fernando Grande- Marlaska.

De forma similar a lo que ocurre ahora con el Muelle de Arguineguín, en 2002 las denuncias de ONG como Human Rights señalaban la falta de atención a los migrantes que estaban ubicados en la vieja terminal del Aeropuerto de Fuerteventura. Esta situación desató un fuerte conflicto entre la Delegación del gobierno en Canarias, el ejecutivo canario y el Defensor del Pueblo. Una situación que llegó a tensar el pacto de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular en las islas. Ante el repunte en la llegada de migrantes a las islas, el alcalde de Las Palmas, José Manuel Soria, reclamaba que hubiese personas en situación irregular durmiendo en las calles de la ciudad y solicitaba su "expulsión" de forma masiva. Una situación, que según recoge el periódico El Día en diciembre de 2002, fue atendida por el gobierno central, ya que poco a poco se fue derivando a otras comunidades autónomas. Mientras, Marcial Morales, consejero de Empleo y Asuntos Sociales se posicionaba a favor con concentraciones contra la política desarrollada por el gobierno central en materia de migraciones: "Si hay concentraciones o movilizaciones, participaremos en ellas para respaldar y apoyar al Cabildo de Fuerteventura".

Dinero e instalaciones

El dinero que el Estado dedica al control de la migración, las instalaciones militares o los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) también han sido un foco de debate en los últimos 18 años. En diciembre de 2006, de los 54 millones de euros que el ejecutivo central destinaba a estos recursos, Tenerife recibía 4,4 millones. Sin embargo, ocupaba el segundo puesto en volumen de inversión para Infraestructuras. El dinero recibido iba destinado en buena parte a la construcción del CIE de El Matorral en Fuerteventura o para la construcción de un CIE en Lanzarote con una previsión económica de 7,5 millones de euros.

¿Son estas instalaciones un sitio adecuado para acoger a personas migrantes? Una de las principales reclamaciones de las ONG en materia de migración que se ha hecho en los últimos años es el cumplimiento del Real Decreto de Régimen Interior de los Centros de Internamiento para extranjeros de 2014. El Real Decreto especifica que los CIE no deben tener "carácter penitenciario".

Sin embargo, uno de los casos más llamativos respecto al incumplimiento de esta norma, es el del CIE de Gran Canaria (Barranco Seco), ya que se trata de una antigua prisión franquista que fue inaugurada en 1934. Una situación que ha sido denunciada por el titular del juzgado de Instrucción número 8 de la capital gran canaria y juez de control del CIE, Arcadio Díaz Tejera, señalando que el centro sigue contando con una "estética carcelaria" a pesar de las obras de remodelación ejecutadas por ACCIONA por valor de 1,5 millones de euros.

La prisión de Tenerife I también ha formado parte del debate. En febrero de 2020 el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, retomaba una propuesta que también se hizo en diciembre de 2002, la utilización del módulo ‘de madres’ de este centro penitenciario como centro de acogida. Una medida que fue criticada por Comisiones Obreras en Canarias, Coalición Canaria o el Partido Popular. En 2002 la negativa del PP canario acabó provocando la dimisión de dos consejeros del Cabildo de Tenerife al afirmar que las islas estaban siendo "invadidas por los migrantes".