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Los preferentistas gallegos, ejemplo de lucha contra la estafa de la banca

Ni pasivos, ni sumisos

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Manifestación de afectados por las preferentes y subordinadas, en Santiago. / COORDINADORA DE PLATAFORMAS

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Un abogado se dirige a los afectados:

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La prehistoria de las preferentes ya la conocen. Su nombre de pila entraña el primer engaño: no son participaciones, sino acciones (del inglés preference share); y tampoco son preferentes, en el sentido de que no estaban destinadas a los clientes especiales, como se hizo creer, sino que sus poseedores tenían preferencia frente a los accionistas a la hora de cobrar en el caso de que el banco quebrase. Dado que las cajas no contaban con accionistas, la trampa estaba hecha: si la entidad lo estipulaba, ellos no cobraban los intereses prometidos; en caso de bancarrota, los ahorros se esfumaban, al contrario de lo que sucedía con las cuentas a plazo fijo, garantizadas por el Estado hasta los 100.000 euros. El problema residía en que los ahorradores pensaban que su dinero estaba a buen recaudo, y no serían conscientes de la encerrona hasta el corralito de otoño de 2011. “Lo que ha ocurrido ha sido la transformación engañosa de un ahorro seguro en un producto de alto riesgo”, explica el periodista Andreu Missé en el libro La gran estafa de las preferentes (Alternativas Económicas).

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Xesús Domínguez, en una protesta de afectados por las preferentes en Galicia. / COORDINADORA DE PLATAFORMAS

Aunque las primeras emisiones, a través de paraísos fiscales, tuvieron lugar en 1998, no fue hasta la crisis desatada una década después cuando los bancos y cajas se lanzaron a la búsqueda desesperada de capital para cubrir sus pérdidas, provocadas en parte por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. No tenía mucho sentido que una caja coruñesa, cuya finalidad era supuestamente social, invirtiese en un rascacielos de 52 plantas en Benidorm. El carácter inicial de banca de proximidad, asentada en el territorio y centrada en el ahorro de clientes minoristas y en el desarrollo de pymes, se había perdido por el camino. “En las últimas emisiones, los responsables presionaron a los empleados para que colocasen las preferentes, porque querían tapar agujeros”, reconoce Montero, sindicalista en NCG Banco. Los paisanos estaban en el punto de mira de los directivos bancarios, quienes contaron con la permisividad y connivencia de las autoridades económicas y políticas, quienes adaptaron la legislación para favorecer los desmanes de los banqueros. Las generaciones de la posguerra, de la emigración a Europa a partir de los sesenta y, en general, de los trabajadores y pequeños propietarios se vieron atrapadas en las preferentes, recapitalizaron las cajas con sus ahorros (convertidos, sin saberlo, en acciones) y acudieron involuntaria y forzosamente a su rescate cuando llegaron las quitas, que en ese momento carecían de soporte legal a nivel comunitario.

Domitila Vicente, con su andador, en los juzgados de Pontevedra. / CABALAR (EFE)

¿Qué hizo la sociedad gallega? Salir a la calle y, de paso, dinamitar los tópicos. Yoli Viñas fue la primera en atrincherarse con una pancarta en una sucursal de Tui, un municipio de la comarca del Baixo Miño, a la que también pertenece O Rosal, rebautizado como el kilómetro cero de las preferentes. La mitad de sus 6.300 habitantes estaba atrapada, aunque Xulio Vicente va más allá y estima que buena parte de los vecinos, directa o indirectamente, había sido víctima del engaño. “Más que de ahorradores, debemos hablar de familias, porque detrás de una cuenta bancaria hay hijos, padres y abuelos. Más de ochocientas familias enteras saqueadas, que podrían haber perdido entre quince y veinte millones”, comenta el portavoz de la plataforma local. Además de él, su hija de siete años, hoy adolescente, fue una de las afectadas. Le había ingresado 4.000 euros, destinados a darle unos estudios en el futuro, en una cuenta infantil al 2,5 y 3,25% de interés. Unos ahorros que, según le habían asegurado, podría retirar cuando considerase oportuno, hasta que se percató de que se los habían tragado las preferentes. Vicente se convertiría en uno de los adalides de la lucha popular, pues ayudó a crear plataformas en otras localidades. “Me dediqué a patear el país después de las elecciones autonómicas del 21 de octubre de 2012, porque el arbitraje impulsado por Feijóo se frustró tras las promesas de la campaña electoral”, afirma el también portavoz de la coordinadora regional.

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Xulio Vicente, en una manifestación de los afectados por las preferentes en Santiago. / PLATAFORMA DE O ROSAL

Las protestas ciudadanas, trasladadas por el BNG y el PSdeG al Parlamento autonómico, forzaron al presidente gallego a buscar una solución. Las tímidas concentraciones organizadas por Adicae dieron paso a todo tipo de movilizaciones, algunas masivas: caceroladas ante las sucursales, pitadas ante los ayuntamientos, interrupciones de plenos, manifestaciones ante las instituciones públicas, camisetas y pancartas reivindicativas al paso de la Vuelta a España, marchas a la sede de la TVG para forzar su aparición en los informativos... En las fotos de los periódicos podía salir tu madre, tu tío, tu abuela o tu hermano. Eso que ahora llaman la gente o el pueblo, “sin distinción de procedencia, clase o ideología”, matiza Xosé. “El origen fue popular, y luego se sumaron movimientos sociales, sindicales y políticos”. Era el rostro de Galicia, y Feijóo no podía abstraerse del problema. Aunque nunca se dignó a recibir a los portavoces de las plataformas, exigió una “solución de Estado” para que los afectados (“gente de buena fe que metió dinero que no le devuelven”, terminó reconociendo) pudiesen canjear las preferentes y obtener liquidez. Al tiempo, eximió de culpa a la entidad que él había alentado (la fusión de la caja del norte —producto de la unión en 1978 de las de A Coruña, Ferrol y Lugo— y la del sur —constituida en el 2000 por las de Vigo, Pontevedra y Ourense—) y descargó la responsabilidad sobre el Banco de España y el Ministerio de Economía y Hacienda socialista, cuyos mecanismos de control habían fallado, según él. Las elecciones autonómicas estaban a la vuelta de la esquina y Feijóo, que había apostado por José María Castellano para liderar NCG Banco, necesitaba desmovilizar la calle, por lo que pidió permiso al supervisor del sistema bancario y a la Comisión Europea para organizar un arbitraje, procedimiento que permitiría alcanzar acuerdos sin pasar por el juzgado.

Concejales de Ponteareas salen escoltados del pleno por agentes de la Policía y la Guardia Civil. / EFE

Cuando fueron desalojados, continuaron quejándose en el exterior, pese a que les empezaron a llover multas para amedrentarlos, a modo de ley mordaza. “Recurrí tres causas penales y ocho administrativas, de las cuales perdí dos”, enumera Vicente. “Fue escandaloso, porque más de una decena de vecinos fuimos acusados de circular por la plaza del pueblo sin cinturón, tocando el claxon y hablando por el móvil, entre ellos uno que había fallecido cuatro años atrás”. Domitila y sus compañeros integraban lo que Rafael Louzán, entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial, calificó de “comando” de “radicales” que tenían como objetivo “hundir al PP”. Los preferentistas liderados por Xulio, el ideólogo de la banda, habían forzado al PP a trasladar el congreso provincial desde la capital hasta el recinto ferial de Silleda por "razones de seguridad", según justificó el partido. Sin embargo, esos elementos desestabilizadores fueron, a ojos de Carlos Varela, “unos líderes sociales que estuvieron a la altura de las circunstancias”. El entonces fiscal superior de Galicia recuerda que ellos “mantuvieron viva la protesta y unidos a los afectados, infundiéndoles ánimos hasta que finalmente les dieron la razón mediante el arbitraje y por vía judicial”.

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Dos afectados por las preferentes, con máscaras de Feijóo y Rajoy, durante una protesta. / EFE

Las tomas de ayuntamientos a partir de entonces se sucedieron. Los actos públicos del PP fueron boicoteados. Los alcaldes conservadores fueron forzados a pedir la colaboración de Feijóo, y el de Oia hasta amenazó por escrito con darse de baja del partido si su líder no ofrecía una salida. “Les dijimos que si no eran parte de la solución, eran parte del problema”, afirma Domínguez. Algunos regidores hacían noche con los afectados, mientras que otros salían escoltados por la policía o huían por la ventana trasera de la casa consistorial, como sucedió tras un pleno en Ponteareas. No extrañó que el Concello de Pontevedra, en manos del BNG, cerrase sus puertas en solidaridad con los preferentistas ni que cancelase cuatro cuentas con NCG Banco, pero sí que lo hiciese el de Cangas, con el PP al frente. El de Tui anunció que asumiría las costas de los abogados en el caso de que fallase el arbitraje. Feijóo fue objeto de un escrache en la residencia oficial de Monte Pío, una inoportuna visita que se trasladó a los domicilios de José Luis Pego, ex director general de Caixanova, y de José María Castellano y José Luis Méndez, su antecesor al frente de Caixa Galicia (el hasta entonces omnipotente presidente de la entidad tuvo que salir por patas de un conocido restaurante de su ciudad, A Coruña, cuando varios comensales le advirtieron de que su presencia les resultaba incómoda; posteriormente, se le perdió la pista).

Una marcha de afectados se dirige hacia la residencia de Feijóo. / COORDINADORA DE PLATAFORMAS

Ni pasivos, ni sumisos

En Galicia no hubo sangre, pero sí guerra, como demostraron las movilizaciones, que se llevaron por delante el tópico de que los gallegos son pasivos y sumisos, no suben ni bajan, emigran antes de protestar… Castelao lo resumió en una viñeta protagonizada por un paisano que le dice a otro: “Mexan por min e teño que dicir que chove” (en plural, nos mean encima y tenemos que decir que llueve). “La idea de pueblo desmovilizado, que no reclama, es una construcción cultural hecha desde fuera. Una visión, a veces interesada, con la que se despacha una realidad por descubrir”, critica Ameixeiras. “Aunque es cierto que tenemos un pasado de pueblo muy ofendido y sufrido, lo que lleva a una cultura no tanto de resignación como de introspección y de resistencia hacia adentro”, añade el autor de Matarte lentamente, convencido de que el suyo no es más pasivo que otros pueblos de la península. Quizás falte contexto: “Somos una sociedad con diferencias y fisuras, pero nuestro interés pasa por reducirlas, de ahí que la confrontación ideológica sea menor que en otros sitios. Vemos la realidad con matices y somos muy poco dados al blanco o negro. El gallego procura evitar el enfrentamiento y, para ello, recurre al humor o trata de entender al otro. Es menos cainita y no demoniza tanto al contrario. Con tal de evitar el choque, está dispuesto a ceder, tanto en las opiniones como en los derechos, algo que la opinión pública española puede interpretar como pasividad. En resumen, nuestra sociedad tiene un comportamiento más parecido a las de países europeos como Reino Unido o Francia, consideradas avanzadas”, explica Xosé. La esencia de su carácter la captó el escritor Víctor Freixanes en la columna Eloxio da moderación, publicada en La Voz en 2014: "Mejor un mal acuerdo que un buen pleito, por mucha razón que las partes piensen que tienen”.

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Preferentistas celebran la cena de Nochebuena de 2012 en el Concello de Gondomar. / LAVANDEIRA JR. (EFE)

“Hacía falta una chispa para que la masa crítica pasase a la acción”, cree Domínguez. Una injusticia manifiesta, en palabras de Xosé: “Defendiendo el dinero robado, los gallegos defendieron el trabajo de años, o sea, su propia vida”. Andreu Missé, que además ha investigado el engaño sufrido por ahorradores de Euskadi, Catalunya o Madrid, va más allá de la “causa justa” que movió a los gallegos a reivindicar públicamente lo suyo. “Lo más importante de todo es que las manifestaciones demostraron que sólo se obtienen resultados si la gente se moviliza”, deduce el director de la revista Alternativas Económicas. “La unión fue eficaz”, recalca Carlos Varela, quien en 2015 sería homenajeado por los preferentistas por su labor como fiscal superior de Galicia, aunque él siempre ha pecado de humilde al subrayar que sólo usó “los instrumentos que proporciona la ley” para defender “hasta el final” a los afectados, que recuperaron los ahorros “gracias a su perseverancia”. Para las plataformas, en cambio, Varela fue la “piedra angular” de la lucha, como se encargaron de recordarle Domínguez y los presentes en la comida que le brindaron en Santiago, a la que asistió la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, defensora de los perjudicados desde Bruselas. “Fue él quien nos dio los argumentos jurídicos para ver que no era una estafa individual, sino colectiva. Luego no se le renovó como fiscal superior por ser incómodo para el poder”, sostiene Domínguez.

Homenaje al exfiscal superior de Galicia Carlos Varela, con Domitila, Xulio y el abogado Pérez Lema. / XOÁN REY (EFE)

Otro tópico que se resquebraja: los gallegos son desconfiados. “Pues no, como se ha demostrado aquí, porque confiaron totalmente en esos canallas”, apunta Cabeza Quiles. “Los empleados de las sucursales eran vecinos de toda la vida, pero no hay que echarle la culpa a ellos, porque esto ha sido un problema político. También debemos señalar que hubo valores humanos al otro lado, ya que algunos trabajadores prefirieron ser prejubilados a vender productos tóxicos”, sostiene Domínguez. “Es más, al principio no existió mala fe, sino exceso de confianza por parte de los empleados, porque durante años las habían colocado sin dificultad alguna. No había conciencia de la situación real de las entidades debido a la falta de información. Nadie esperaba que las cajas quebrasen y que un producto suyo no tuviera liquidez”, asegura Clodomiro Montero, quien explica cómo los bancos lograron colocar tantas preferentes: “Galicia es una zona catadora de pasivo, que era invertido en otras partes del Estado, por lo que aquí tuvieron un mayor impacto que en otras regiones”. La herida estaba abierta, pero el precio a pagar fue una multa de sólo 2,05 millones impuesta a la entidad por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por infracciones muy graves en su comercialización. Una minucia en comparación con los casi dos mil millones estafados.

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Encarnación Santos, ya fallecida,  símbolo de la lucha de los preferentistas. / COORDINADORA DE PLATAFORMAS

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