Altri aseguró a la Xunta que su celulosa crearía cinco veces más empleos de los que en realidad generará

La multinacional papelera Altri consiguió que la Xunta de Galicia declarara de interés estratégico su proyecto de macrofábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo) mintiendo sobre su relevancia socioeconómica. En su primera solicitud al Gobierno del PP en Galicia, presentada en 2022, la compañía aseguraba que crearía 2.500 puestos de trabajo, cuando en realidad no serán más de 500 empleos, tal y como reconoce ahora. La declaración de interés estratégico permite a Altri acortar los plazos del proceso, apurar la concesión de licencias y reforzar las solicitudes de ayudas de la Xunta, el Estado y la UE.

Así figura en la memoria descriptiva del proyecto, fechada en noviembre de ese año, y que forma parte de su expediente completo, al que Público ha tenido acceso después de que la Xunta se lo facilitara a las asociaciones que alegaron contra él. "La mano de obra total, considerando empleos propios y de terceros, necesaria para la operación de la fábrica, será de aproximadamente 2.500 personas", afirma la memoria inicial presentada por Altri, uno de los cientos de documentos de los que consta el procedimiento.

En los últimos tres años, la compañía que dirige José Soares de Pina y la Xunta, tanto bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo como bajo la de Alfonso Rueda, han cimentado el relato de apoyo a la planta en el impacto positivo que tendrá por la enorme generación de riqueza y empleo. Pero lo han hecho manejando cifras muy distintas sobre los puestos de trabajo que proporcionará y jugando sobre su calificación de "directos" –es decir empleados en nómina de Altri– e "indirectos" –en otras empresas como derivada de la actividad de aquélla– hasta confundirlos en los documentos oficiales.

Así, y a pesar de que Altri hablaba en su solicitud de empleos atribuibles a "terceros", en el documento elevado por la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía e Industria al Consello de la Xunta del 29 de diciembre de 2022, que fundamentaba la propuesta de declaración de proyecto estratégico, se asegura que Altri "supondrá la generación de unos 2.500 puestos de trabajo directos". La Vicepresidencia de la Xunta estaba dirigida entonces por Francisco Conde, persona del circulo más próximo a Feijóo y hoy diputado en el Congreso.

Tres veces en el mismo documento

La cifra de los "2.500 puestos de trabajo directos" no parece fruto de un error del equipo de Conde si se tiene en cuenta que se repite hasta dos veces más en el mismo documento, de cuatro páginas y cuyo pdf acompaña a esta información.

Ocho párrafos después del anterior, se lee: "El proyecto Gama [así lo llama Altri] supondrá la creación de 2.500 puestos de empleo directos, en la modalidad de contrato indefinido y computados a jornada completa". Cinco después, la Consellería de Economía e Industria afirma de nuevo: "En cuanto al impacto socioeconómico del proyecto en la región y su carácter vertebrador, quedan acreditados con la creación de 2.500 puestos de trabajo directos en la fase de explotación y otros 4.800 en la de construcción".

El pasado septiembre, el Consello da Cultura Galega, el organismo asesor de la Xunta en materia cultural, emitió un informe sobre el impacto de Altri en el que afirmaba que en realidad la planta de celulosa de Palas sólo creará entre 161 y 281 puestos de trabajo directos. Uno de los redactores del estudio, Edelmiro López, director del departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago, explica que el cálculo fue relativamente sencillo: "Cogimos la previsión de remuneración de personal de la memoria económica de la empresa y la dividimos por la media de los salarios del sector de la pasta de papel en España".

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta del 29 de diciembre de 2022, el propio Alfonso Rueda celebró la decisión de su Gobierno y declaró: "Cuando esté a pleno rendimiento [la fábrica de celulosa] va a suponer 2.500 puestos de trabajo directos". Ocho días antes, el Instituto Galego de Promoción Económica –el Igape, la entidad pública que tramita las ayudas financieras al tejido empresarial de la comunidad– había emitido otro informe firmado por su director general, Fernando Guldrís Iglesias, en el que hablaba, de nuevo, de 2.500 empleos pero "incluyendo a todos los trabajadores forestales, equipos industriales directos y de terceros".

Blanco rebajó a 1.500 la cifra de empleos

Uno de los principales apoyos de Altri es el exministro socialista de Fomento José Blanco, natural de Palas de Rei y cuya consultora, Acento, fue contratada por la compañía portuguesa para allanar la tramitación administrativa del proyecto ante las instituciones gallegas, estatales y europeas. En octubre de 2023, durante unas jornadas en Lugo y frente a las críticas que Altri estaba empezando a recibir y que originaron la enorme contestación social que ha provocado, Blanco defendió con firmeza las ventajas de la planta de celulosa pero rebajó a 1.500 puestos de trabajo las expectativas de creación de empleo.

Cinco meses después de aquellas declaraciones de Blanco, la Xunta sacó a información pública en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el proyecto, su solicitud de autorización ambiental integrada, el estudio de impacto ambiental y la declaración de utilidad pública, y recortó aún más aquellas expectativas. La depuradora que tratará las aguas residuales de origen humano de la fábrica, es decir, de sus trabajadores, tendrá, según el texto, "una capacidad de 50 metros cúbicos/día (200 hab eq)". Es decir, para 200 empleados. Durante la construcción de la obra, habrá una depuradora con potencial para tratar "un caudal de 350 metros cúbicos/día (1.500 hab eq)". Es decir, para 1.500 trabajadores, no para los 4.800 que supuestamente participarán en la obra de los que hablaba el documento oficial elevado al Consello de la Xunta en diciembre de 2022.

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta: "Cuando esté a pleno rendimiento [la fábrica de celulosa] va a suponer 2.500 puestos de trabajo directos"

Altri ha tratado de justificar todas estas incongruencias asegurando que no son tales porque la planta funcionará las 24 horas del día en turnos de no más de 200 personas cada ocho horas, que sumarían en torno a los 500 trabajadores. Pero eso no explica que haya planeado una depuradora de aguas residuales con capacidad diaria para tratar las que producen menos de la mitad de ellos. Hoy asegura que son "en torno a 500 empleos directos (...), 2.000 empleos indirectos estimados en logística, hostelería, talleres mecánicos, servicios industriales (...) y más de 4.000 empleos en períodos pico durante la construcción".

"Lo que demuestran todas estas contradicciones es que toda la filosofía que impregna el relato oficial sobre el proyecto está basada en datos falsos”, asegura Xaquín Rubido, portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (Pedra), que junto a la Plataforma Ulloa Viva han congregado la movilización social contra la planta de celulosa.

"Deben pensar que somos ciudadanos de tercera"

En Arousa desemboca el río Ulla, al que Altri prevé verter cada día 30.000 litros de aguas contaminadas tras extraer de su cauce cerca de 46.000 millones de litros. Según la Dirección Xeral de Pesca de la Xunta, en la ría hay censadas más de 1.600 embarcaciones artesanales de la flota de bajura, cerca de 2.400 bateas mejilloneras, cerca de 1.200 parques de cultivo de bivalvos y más de 1.500 mariscadoras que trabajan a pie de playa. "Altri y la Xunta deben pensar que somos ciudadanos de tercera o cuarta categoría", critica Rubido

Las inconsistencias del proyecto también alcanzan a su parte más relevante, su inversión real, sobre el que tanto la empresa como la Xunta también han utilizado cifras millonarias muy distintas, que han ido aumentando, paradójicamente, de manera inversamente proporcional a la reducción de las previsiones de empleo.

En la primera memoria que presentó a la Administración gallega, la compañía hablaba concretamente de un gasto "del orden de los 810-880 millones de euros". En el estudio de impacto ambiental publicado en el DOG por la Xunta se estipula, literalmente, que son 900 millones. En la documentación que Altri presentó al Ministerio de Industria para avalar su solicitud de fondos con cargo los fondos de descarbonización de la UE, que el Gobierno acaba de rechazar, eleva la inversión prevista a 1.091 millones de euros.

En ninguno de esos documentos se explicita si esas cantidades incluyen el 25% de ayudas públicas que Altri pretende obtener del Estado y la UE. Según su memoria económica, la empresa pretende financiar con deuda el 49% de la inversión, de forma que sólo sufragaría con fondos propios el 26% del total.