El 'basurazo' de Almeida obliga a pagar por los residuos de los turistas y no fomenta el reciclaje

Sube el impuesto municipal de las tasas de basuras. Un encarecimiento que, en realidad, debería estar en vigor desde el 10 de abril de 2025. La situación afecta a todos los territorios de España y ha suscitado un enfado en la ciudadanía, que ya conoce el gravamen como tasazo o basurazo. La ley en la que se basa este aumento confiere libertad a cada localidad para adoptar la medida de la manera en la que considere adecuada, lo cual contribuye a la confusión. En el caso de Madrid, la nueva tasa tendrá una cuantía media de 141 euros para los hogares, sin existir bonificaciones en función de la renta. Además, el consistorio señala que los propietarios de las viviendas podrán repercutirla en sus inquilinos.

Este cambio tarifario se debe a que "el ingreso que reciben los ayuntamientos de la tasa de residuos no cubre los gastos reales de dicha partida", explica a Público Carlos Arribas, responsable de Residuos en Ecologistas en Acción. De acuerdo con el último estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, publicado en 2024 con datos del 2023, las partidas dedicadas en los municipios de todo el Estado para la gestión de las basuras apenas cubre 52,4% del coste real. En el 2022, la cifra era del 57,7%, "muy lejos del 100% que exige la Ley 7/2022 para 2025". La organización todavía no ha publicado el informe de 2025 con las estimaciones del año anterior, pero espera publicarlo en las próximas semanas.

La norma que menciona el informe es la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Se trata de una transposición del marco legislativo comunitario. En concreto, de la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 y de la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019. Aunque estos textos no especifican que las tasas de basuras deban cubrir la totalidad del gasto del servicio, sí buscaban aumentar las exigencias en materia de reciclaje. La ley española obligaba a hacer efectivas las nuevas condiciones tarifarias a partir del 10 de abril de este año.

Según explica Arribas, había consistorios que fusionaban esta partida "con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o la factura del agua" o incluso que no tenían una tasa específica para sufragar la gestión de las basuras. En el caso de la capital madrileña, este servicio se financiaba a través de la Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), pero según explican a Público fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, este impuesto se dirigía a los grandes generadores y no involucraba a las viviendas.

La regulación de la tasa en Madrid

Por otro lado, el ecologista insiste en que la ley estatal no establece una manera particular de regular este gravamen y recuerda que algunos municipios decidieron incrementar su cuantía de forma progresiva para facilitar la adaptación del contribuyente. Sin embargo, Madrid decidió demorar su implantación "hasta agotar al máximo el plazo legal" para que "los madrileños no la hayan tenido que pagar ni en 2023 ni en 2024", según indicó el consistorio en un comunicado.

Arribas también destaca que diferentes consistorios han rebajado otros impuestos municipales para compensar este gravamen. Este sí ha sido el caso de la capital madrileña, que en octubre de 2024 redujo el IBI del 0,442% al 0,428%. Desde la Consejería de Economía y Hacienda declaran que el Ayuntamiento lleva disminuyendo la imposición de este impuesto desde la llegada de José Luis Martínez Almeida a la alcaldía y aseguran que continuarán haciéndolo.

"Las tasas de basuras son una oportunidad perdida para la fiscalidad ambiental", lamenta en declaraciones a este diario Paz Serra, diputada de Verdes Equo en la Asamblea de Madrid. "El objetivo de la directiva europea era avanzar al pago por generación y fomentar así la reducción progresiva de residuos. Pero tal y como están calculadas, salvo contadas excepciones, no se tiene en cuenta la generación de cada hogar, o la mejor o peor separación de residuos y reciclaje que hace cada contribuyente", añade. El portavoz municipal en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, hizo hincapié en que "en algunos barrios se incluyen residuos que no proceden de los hogares sino de otras actividades, como el turismo, duplicando la tasa que pagan los vecinos. Y tampoco incentiva el reciclaje, porque se paga lo mismo recicles o no lo hagas".

Recursos contra la tasa madrileña

Más Madrid inició este martes una campaña para recurrir la tasa de basuras del ayuntamiento, que consideran "injusta e ilegal". Rubiño remarcó que "Almeida está ya cobrando su tasazo de basuras, diseñado injustamente y sin que un solo céntimo de los 300 millones que va a ingresar se destine a mejorar el servicio. De hecho, Madrid está, cada vez más, hecho un asco mientras el alcalde solo piensa en pasar el cazo y recaudar".

La formación explica que considera "ilegal" la nueva tarifa porque se ha regulado mediante una ordenanza fiscal. Sin embargo, defienden que se debería de haber elaborado a través de "otro tipo de ordenanza" porque "el servicio de recogida de residuos no se presta de forma directa, sino a través de empresas privadas". Según Rubiño, "no es un mero tecnicismo", sino que "es precisamente lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Ciudad Real haya visto su propia tasa tumbada en los tribunales". El portavoz ha recalcado que el nuevo impuesto "es un despropósito que creemos que acabarán tumbando los tribunales y que, de momento, está en manos de cada contribuyente poder recurrir".

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¿Repercutirá a los inquilinos?

La oposición también anima a quienes pagan un alquiler a que se informen adecuadamente para evitar que los propietarios repercutan sobre ellos este impuesto. El Sindicato de Inquilinas confirma que es posible para el arrendador hacer pagar la tasa a sus arrendatarios. No obstante, se deben cumplir dos requisitos. El primero es "que se haya pactado expresamente en el contrato de alquiler". El segundo "que el contrato además especifique el importe anual de la tasa". 

Por tanto, de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos de alquiler anteriores a la implantación de la tasa que sigan en vigor eximen a los inquilinos de pagarla. Igualmente, desde el Inquilinato subrayan que si los nuevos contratos no cumplen estos requisitos explícitamente, omitiendo el impuesto o expresándolo de manera inconcreta, los arrendatarios o arrendatarias podrán "defender la inaplicabilidad de la cláusula".