Ecologistas marchan hasta Bruselas para denunciar el abandono de la UE de las políticas ambientales

El primer año de la décima legislatura del Parlamento Europeo ha dado un giro de 180 grados a muchas de las políticas climáticas que hacían de la UE uno de los actores más ambiciosos del norte global en esta materia. Amigas de la Tierra Europa (FOEE), la Coalición Europea por Justicia Corporativa (ECCJ) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES) han organizado una marcha que comenzó en Maastricht este domingo y termina en Bruselas este martes para exigir que las eurodiputadas y eurodiputados vuelvan a situar los derechos sociales y la protección del medio ambiente como prioridad principal.

Paul de Clerck, coordinador de Justicia Económica en Amigas de la Tierra Europa, declara a Público que la marcha organizada y en la que participa "está centrada en la ley de diligencia corporativa porque es en este asunto donde la desregulación se ha hecho más evidente". Se refiere de este modo a la Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Esta entró en vigor en julio del 2024, con el nuevo Europarlamento ya formado, si bien es una norma gestada durante la legislatura anterior. Su objetivo es fomentar un comportamiento sostenible y responsable en las operaciones de las empresas y en todas sus cadenas de valor globales. Sin embargo, el pasado mes de febrero la Comisión Europea presentó su propuesta Ómnibus I, una iniciativa que todavía debe debatirse en la Eurocámara y que, de salir adelante, modificaría esta directiva y otras leyes fundamentales del Pacto Verde Europeo.

Amaya Acero, de la Plataforma  de Empresas Responsables: "La  ley europea de diligencia corporativa es una herramienta muy útil para evitar los abusos empresariales"

La Plataforma de Empresas Responsables se ha sumado a la marcha ecologista y critica la propuesta Ómnibus I por dejar casi sin efecto la CSDDD. Una propuesta que, vaticinan, casi con toda probabilidad, saldrá adelante. Su coordinadora, Amaya Acero, declara a este medio que "no es una directiva que se haya legislado a la ligera, sino que ha tenido mucho trabajo detrás". Y si bien reconocía carencias en la norma, la consideraba "una herramienta muy útil para evitar los abusos empresariales". En concreto, apunta que la directiva "obligaba a las corporaciones a realizar un mapeo de su cadena de valor" para identificar en qué puntos podría esta ser sensible a vulneraciones de derechos humanos. Con esta información obtenida, debían "hacer un análisis en profundidad y a partir de ahí elaborar un plan de prevención para evitar esos daños, mitigarlos y ponerles fin".

Acero subraya que este mapeo incluía toda la cadena de valor, desde los proveedores directos hasta "los indirectos, las filiales o los contratistas". Pone por ejemplo el caso del sector extractivo, el cual "siempre va a tener riesgo por el país en el que está operando, que a lo mejor tiene una legislación más laxa o sabemos que no se respetan los derechos sindicales o en los que se agudizan ciertos problemas de género". Sería por tanto en estos proveedores de materias primas donde las empresas deberían actuar para garantizar su no complicidad en las vulneraciones de derechos humanos. La propuesta Ómnibus I dejaría esta medida sin efecto, ya que limita esta supervisión a únicamente los proveedores directos.

La coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables lamenta esta decisión porque "las vulneraciones normalmente se producen más abajo en la cadena de valor, donde hay más empleos informales y una presencia femenina normalmente mucho más alta. Si una empresa europea solo atiende a sus proveedores directos, dejará de ver dónde están esos focos de abusos o de vulneraciones potenciales y no las va a tratar".

Este no es el único punto de la CSDDD que limita la propuesta Ómnibus. Paul de Clerck también recuerda que esta directiva contemplaba un plan de transición energética para las empresas más contaminantes, el cual debía ir en consonancia con los objetivos marcados en el Acuerdo de París. El ambientalista europeo lamenta que con las nuevas limitaciones esta medida seguiría en vigor, pero las empresas ya no tienen la obligación de aplicar dicho plan de transición. "Esto repercute en las propias obligaciones climáticas de los Estados porque sin la contribución de las empresas no van a poder llevarlas a cabo", valora Amaya Acero.

La Declaración de Amberes y el cambio de paradigma

Los actores políticos y sociales denuncian el giro político de la Comisión Europea. De Clerck recuerda que Ursula von der Leyen se reunió con 70 empresarios en la planta química del productor de pesticidas BASF en febrero de 2024, en Amberes. "Las firmas presentaron dos grandes exigencias. La primera, más ayudas y subsidios para su sector. La segunda, deshacerse de las normas que limitan su rentabilidad", destaca. Con el inicio de la nueva legislatura, "vimos una narrativa completamente diferente" con respecto a la retórica que caracterizaba a Europa en materia climática. El ecologista añade que "tras la presentación de Ómnibus I, la presidenta de la CE atendió a las mismas compañías para decirles cómo había hecho exactamente lo que querían".

Del encuentro que tuvo lugar el año pasado se elaboró la Declaración de Amberes para un Pacto Industrial Europeo. Los líderes empresariales reclamaban en este documento que la CE protegiera "el empleo de calidad" e impulsara ayudas económicas para revitalizar la industria en los Veintisiete. Entre las diez medidas que defiende la declaración, los empresarios piden la integración del Pacto Industrial de la UE en la Agenda Estratégica Europea más amplia, la racionalización de la legislación y la simplificación del marco de ayudas estatales. Asimismo, hacen un llamamiento para transformar Europa en un líder mundial en el suministro de energía abundante y asequible con bajas emisiones de carbono mediante alianzas estratégicas e infraestructuras sólidas, junto con un mayor apoyo a los proyectos de la UE.

Desde el Ministerio de Industria, al respecto de esta declaración, hacen énfasis en "la necesidad de garantizar la autosuficiencia de las materias primas, fomentar la demanda de productos sostenibles e impulsar la innovación. También se destaca el mercado único europeo como un activo que debe aprovecharse y revitalizarse, junto con el establecimiento de un nuevo espíritu legislativo que incentive las inversiones y una estructura interna cohesionada para una aplicación eficaz de las políticas". Más de 1.300 organizaciones firmaron esta declaración. Entre ellas, figuran la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), la Confederación de Industrias Europeas del Papel (Cepi) y de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.

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Adhik Arrilucea

El abandono de Von der Leyen a las políticas climáticas

"La Unión Europea ha retrocedido en materia ambiental en todos los ámbitos y sin disimulo", declara a Público Juantxo López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde. "Empezó con la desprotección al lobo ibérico de una forma totalmente aleatoria y sin ninguna base científica. Luego fue el retraso en la aplicación de la Directiva de bosques, sobre la importación de productos vinculados a la deforestación. Ahora se están planteando el retraso en la en la prohibición de los vehículos de combustión más allá de 2035... Y así sucesivamente". El representante político muestra su "apoyo total" a la marcha que llega este martes a Bruselas y la considera "completamente justificada".

Entre las motivaciones de este giro, López de Uralde considera que "la influencia de la extrema derecha es indudable. Culpan de todos los males a la agenda verde, da igual lo que pase". Esta actitud de la ultraderecha, con más peso que nunca en el Europarlamento, "favorece los intereses de los lobbies más contaminantes y que la UE silenciosamente se aleje del Pacto Verde".  Mar González, coportavoz nacional de Verdes Equo, también señala a los grupos de presión de las compañías que más polucionan como un agente crucial en el cambio de paradigma. Hace hincapié en que tanto la industria fósil como la agroganadería intensiva "priorizan beneficios rápidos frente al futuro de la ciudadanía. Se amparan en la crisis energética y en la guerra para frenar compromisos, cuando deberían servir para acelerarlos".

Un 20% menos de presupuesto en políticas agrarias

Precisamente el debate sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) es otro de los puntos de conflicto. Esta es la política europea que gestiona las subvenciones que se otorgan a los agricultores y ganaderos dentro de la Unión Europea. En breve comenzará a debatirse en la Eurocámara, pero la propuesta presentada por Von der Leyen contempla un 20% de fondos. Maxime Orhon, experto en Políticas dentro de la Coalición Por Otra PAC,  denuncia en declaraciones a este medio un "reparto totalmente injusto de las ayudas. Cuanto más grande es tu finca, más ayuda recibes", un criterio que continúa en la PAC que se revisará en el Parlamento Europeo.

El experto explica que durante las revueltas del campo en la era pospandemia hubo "algunas partes del sector agrario –no todas– que señalaban las normas medioambientales o incluso normas que ni existían, ya que muchas medidas del Pacto Verde Europeo no son obligatorias". Ante estas protestas, Orhon lamenta que la Comisión Europea tomara "el camino fácil". Es decir, en lugar de acompañar mediante ayudas, asesoramiento e inversión a los agricultores y ganaderos para que puedan llevar a cabo una transición verde, se ha dejado algunas de las normas previstas en dicha transición, deteriorando así la ambición de sus objetivos climáticos.

"Son políticas suicidas", critica López de Uralde. "La crisis climática es cada vez más grave. Los aumentos de temperatura son más evidentes. Y en vez de ir hacia políticas más restrictivas, hacemos lo contrario". Por su parte, González incide en que "la política institucional no puede perder más tiempo, y la sociedad civil tiene un papel fundamental para empujarla a actuar". Para la coportavoz de Verdes Equo, "la ciudadanía tiene un papel decisivo: movilizarse, exigir más ambición, apoyar proyectos de energía limpia y presionar a los gobiernos para que no sigan retrasando decisiones". También el coordinador de Alianza Verde considera imprescindible la labor de la movilización ciudadana. "La respuesta política puede frenar esta deriva, pero tiene que ser la sociedad la que exija que la Unión Europea recupere una senda de políticas ecológicas. Como hemos visto con las protestas por Palestina, solo la movilización es lo que mueve las agendas".