Greenalia, la éolica vinculada al PP que allana el proyecto de Altri en Galicia

La empresa a la que se ha asociado la papelera portuguesa Altri para construir una macrofábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo) es una multinacional energética vinculada a excargos del Partido Popular y del sector financiero de Galicia, que aceleró su crecimiento durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta.

En el consejo de administración de Greenalia, propiedad del empresario coruñés Manuel García Pardo, se sientan, entre otras personas, Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente de Feijóo y actual responsable de seguridad y desarollo corporativo de la firma; y Antonio Couceiro, exconselleiro de Industria con los ejecutivos populares de la era de Manuel Fraga y expresidente del Deportivo, cuyo accionista mayoritario es Abanca, la entidad surgida a su vez de la fallida fusión de las cajas gallegas impulsada por Feijóo y hoy en manos del banquero venezolano Juan Carlos Escotet.

García Pardo, un joven –47 años–, discreto y acaudalado empresario que gestiona hoy sus activos a través de la sociedad patrimonial Smarttia y que nunca se ha pronunciado en público sobre la celulosa de Altri, inició su actividad con 18 años con una pequeña sociedad familiar de servicios agrarios y forestales, que empezó a desarrollar actividades relacionadas con la valorización energética de la biomasa y saltó a la producción de electricidad a través de fuentes renovables, especialmente la eólica. Su empresa administra hoy parques eólicos in y outshore, además de instalaciones solares y plantas de biomasa e hidrógeno en España y Estados Unidos. El año pasado tuvo beneficios de más de 37 millones de euros.

A finales de 2020, Greenalia fichó a Beatriz Mato, ingeniera industrial y conselleira de los gobiernos de Feijóo desde que el hoy líder del PP accediera a la presidencia de la Xunta en 2009. Mato fue primero responsable de Traballo e Benestar y desde 2015, conselleira de Medio Ambiente. En 2018 cesó de su puesto para preparar y encabezar la candidatura del PP en las elecciones municipales en A Coruña, y aunque ganó los comicios de 2019 por 400 votos sobre el PSOE, no pudo hacerse con la Alcaldía y anunció su retirada de la política.

Puerta giratoria

Su contratación por Greenalia poco después levantó una sonada polémica porque apenas tres años antes la Consellería de Medio Ambiente que dirigía había firmado la autorización ambiental integrada y el informe de impacto de la planta de biomasa de la compañía en Curtis (A Coruña). Tanto ella como Feijóo negaron entonces que se tratara de una "puerta giratoria" ilegal contraria a las incompatibilidades normativas a las que están sujetos los altos cargos de la Xunta.

Greenalia se define en mayúsculas en su web como "The Green Company” –"La Compañía Verde"–, condición a la que apela incluso en la caracterización de su equipo de consejeros y gestores, al que define como "The Green Team". Ese "green" con que el que colorea de verde sus actividades aparece en los nombres de casi todas sus filiales: Greenalia Forest, Greenalia Logistics, Greenalia Biomass Power, Greenalia Solar Power... Público ha intentado contactar con portavoces de la empresa para contar con su opinión en la elaboración de este artículo, pero a la hora en la que se terminó de redactar la pieza no había obtenido respuesta.

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A principios de 2022, Altri aterrizó en Galicia usando técnicas de greenwashing –simular prácticas sostenibles y ecológicas para camuflar proyectos lesivos con el medio– anunciando que quería instalar en Lugo una fábrica "verde" de lyocell, un tejido semisintético, a base de fibras textiles ecológicas. Tuvo éxito e incluso logró que el BNG y el PSOE votaran en el Parlamento de Galicia, por primera vez en mucho tiempo, a favor de una iniciativa del PP, en este caso destinada a aplaudir el proyecto. Nadie sabía entonces que se trataba en realidad de una fábrica de celulosa.

Poco menos de un año después, el Boletín Oficial del Registro Mercantil de A Coruña recogió el cambio de nombre de una filial de Greenalia, Greenalia Solar Power El Patio, para rebautizarla como Greenfiber Development y dar entrada en su capital a Altri, y en su consejo de administración, a José Soares da Pina, Carlos Alberto Sousa Van Zeller y Victor Miguel Martíns Jorge da Silva, CEO, director de operaciones y director financiero, respectivamente, de la compañia portuguesa. Los estatutos de la filial de Greenalia se modificaron entonces para que su objeto social, hasta entonces la promoción y futura explotación de un parque de molinos, incluyera "la producción y comercialización de fibras celulósicas" y el "desarrollo de planes para la gestión de bosques con el objetivo de producir fibras sostenibles".

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Acuerdo previo en 2021

Muchos meses antes, en septiembre de 2021 según denunció este martes en el Parlamento de Galicia Luis Bará, viceportavoz del BNG, Altri y la Xunta de Feijóo ya habían suscrito un acuerdo garantizando la autorización de la fábrica de celulosa a través de la Sociedade Impulsa, una empresa público-privada que promueve grandes proyectos tractores industriales en la comunidad susceptibles de ser financiados con dinero de la UE. La Administración autonómica tiene un 40% del capital de la sociedad, y Abanca, otro 38%. Tres de los consejeros de Impulsa son conselleiros de Rueda, y otros cuatro, directivos de la entidad financiera que preside Escotet.

Precisamente, el presidente no ejecutivo de Greenalia es José María Castellano, el ejcutivo que lideró la fallida entidad surgida de la fusión de las cajas gallegas –Caixa Galicia, con sede en A Coruña, y Caixanova, en Vigo–, impulsada por Feijóo y que Escotet convirtió en Abanca tras comprarla al Estado después de que fuera rescatada con más de 9.000 millones de euros entre inyecciones de capital y avales públicos. Castellano, que posee un 6% del accionariado de Greenalia y cuyo hijo Pablo también se sienta en el consejo de administración de la empresa de García Prado, fue vicepresidente de Inditex y más tarde del grupo editor de La Voz de Galicia.

La Voz fue el diario al que la Xunta filtró el pasado viernes el informe de evaluación ambiental positivo sobre el proyecto de Altri que la entidad Augas de Galicia debía emitir para valorar la afectación que tendrá la planta sobre el río Ulla. Extraerá diariamente de su cauce 46 millones de litros de agua –el equivalente al consumo de toda la población de la provincia de Lugo– para devolver 30 millones de litros depurados pero aún contaminados y cuyo destino final será la ría de Arousa.

El informe es uno de los más importantes de entre los 36 que debe aprobar la Xunta para dar el visto bueno a la macrofactoría. Según ha podido saber este diario, esos documentos cuentan con el rechazo de buena parte del personal técnico de la Administración autonómica que debería suscribirlos, pero muchos de los cuales se niegan a firmarlos a pesar de haber recibido presiones en ese sentido del Gobierno de Rueda, que ha contratado a personal temporal y a sociedades externas para estudiar y resolver las más de 23.000 alegaciones presentadas al proyecto.

Presiones a los técnicos para que firmen los informes

El BNG ha denunciado esas presiones, que el Ejecutivo del PP niega con rotundidad. Lo cierto es que en la Xunta se han producido movimientos recientes relevantes en servicios relacionados con el proyecto de Altri. Así, a principios del pasado septiembre el presidente de la Xunta sustituyó a Ramón Martínez Boga, director xeral de Medio Ambiente e Sostibilidade –el departamento que debe validar el estudio de impacto ambiental de la celulosa–, por María José Echevarría Moreno, esposa de Antonio Casal Lago, director en Galicia de Ence, a su vez dueña de la planta celulosa instalada desde el siglo pasado en la capital de esa provincia.

La semana pasada, Altri y Greenalia anunciaron que habían acordado la venta a la primera, por un precio no desvelado, de Greenalia Forest y de Greenalia Logistic, las filiales de la división forestal de la empresa de Manuel García Prado. Según el proyecto que la firma portuguesa ha trasladado a la Xunta a través de Greenfiber, la planta de Palas consumirá 1,2 millones de toneladas anuales de eucalipto, lo que la oposición y las asociaciones ecologistas y vecinales consideran contribuirá a intensificar el proceso invasivo de esa especie en el monte gallego, que ya se encuentra poblado de eucaliptales casi en un 30%. Quizá sea casualidad, pero sólo tres días después de ese anuncio Alfonso Rueda firmó otro cambio relevante en su Administración autonómica: Alfredo Fernández Ríos sustituyó a Jacobo Aboal Viñas al frente de la Axencia Galega da Industria Forestal, que tiene por cometido la gestión y el impulso de la actividad económica asociada a la explotación de los montes.

Altri, cuya planta costará unos 1.000 millones de euros que espera financiar al 25% con fondos europeos, allanó su aterrizaje en Galicia de la mano de la consultora Acento, especializada en lobby internacional ante las administraciones española y europea y liderada por el exministro socialista José Blanco, quien durante su etapa de eurodiputado dirigió el grupo del PSOE en la Eurocámara; y el exministro del PP Alfonso Alonso. Blanco, natural de Palas de Rei y quien en los últimos meses ha separado su imagen pública del proyecto y ha evitado las entrevistas, fue una de las caras más visibles en defensa del supuesto carácter ecológico de la planta de Altri cuando aterrizó en Galicia.

Esa campaña de greenwashing sigue activa y traslada mensajes paternalistas y pseudonaturalistas que aseguran que la fábrica estará basada en la economía circular y que será la primera del mundo que produzca fibras textiles cerrando el ciclo productivo desde la madera hasta el lyocell, sin citar en ningún momento la palabras "celulosa" o "pasta de papel". En realidad, y según puede leerse en el proyecto que la propia empresa ha presentado a la Xunta y que ésta sacó a exposición pública hace unos meses, Altri fabricará 60.000 toneladas anuales de lyocell y 250.000 de celulosa convencional, cuya producción se realiza mediante uno de los procesos industriales más contaminantes. Con el tiempo, tendrá capacidad para fabricar 200.000 toneladas de ese tejido supuestamente ecológico por más de 400.000 toneladas de pasta de celulosa.