Iberdrola ha decidido llevar a los tribunales la investigación del Gobierno sobre las circunstancias del apagón que asoló a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. Según han informado fuentes jurídicas a Público, la empresa presentó un recurso ante la sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, el pasado 30 de mayo, en el que sostiene que la creación del comité para el análisis de la crisis eléctrica no cuenta con base legal. Además, sugiere que los datos recabados por el Gobierno no fueron facilitados de manera voluntaria por las compañías, sino en un escenario de "coactividad".

El recurso lo ha elaborado el bufete de abogados Clifford Chance, presente en los cinco continentes. En el escrito, la gigante eléctrica sostiene que la creación de dicho comité "carece de presupuesto habilitante" y de "la más elemental cobertura jurídica". Argumenta que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) formó este grupo para la gestión de una crisis "sin que se haya declarado la existencia de una situación de interés para la seguridad nacional por el Presidente del Gobierno".

Iberdrola también argumenta que el CSN carece de competencias para "la creación de un órgano colegiado", que el comité no cuenta con "potestades para desempeñar las funciones atribuidas" y que su formación "se ha desvinculado de la regulación de su composición y funciones". De este modo, el recurso pretende dejar sin validez el informe gubernamental realizado por esta comisión que aprobó el CSN y que la ministra para Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó ante el Consejo de Ministros el pasado 17 de junio.

Durante la rueda de prensa posterior, Aagesen aludió a la colaboración de todos los agentes implicados para la elaboración del informe que arrojaba luz sobre las circunstancias en las que tuvo lugar el cero eléctrico. En su recurso, Iberdrola llega a acusar al Gobierno de "deslealtad" por "crear una apariencia de coactividad sin sustento legal" con el objetivo de recabar información de las empresas sobre el apagón. En su opinión, "el planteamiento es sencillamente absurdo", ya que la recopilación de datos de las operadoras eléctricas "incluso admitiendo que la colaboración sea voluntaria, supone producir efectos jurídicos frente a terceros".

Una "oscilación atípica" de Iberdrola, origen del apagón

El informe del Gobierno sobre las circunstancias que concurrieron en la crisis de electricidad del 28 de abril localizaba su origen en una planta fotovoltaica del Estado español. Sin embargo, el documento hecho público mantiene el anonimato de todas las partes implicadas y no da el nombre de ninguna persona física ni jurídica, a excepción de Red Eléctrica de España (REE). Esta empresa publicó su propio informe al día siguiente, el 18 de junio, y especificaba que esta planta se encontraba en Badajoz. Posteriormente elDiario.es informó de que se trataba de la megaplanta Núñez de Balboa, que pertenece a Iberdrola.

De acuerdo con ambos estudios, esta planta tuvo un comportamiento anómalo el pasado 28 de abril, lo que dio lugar a una "oscilación atípica", es decir, un vaivén rítmico de la tensión que requiere ser amortiguado. Si bien las oscilaciones son frecuentes y están controladas, esta fue definida como "atípica" porque no era "conocida ni típica en el sistema", según explicó Aagesen en rueda de prensa el pasado 17 de junio. Su amortiguación implicó una subida de tensión, la cual debía ser controlada por diferentes instalaciones que, según indican los informes del Gobierno y REE, actuaron de manera insuficiente.

A este cóctel hay que añadir un tercer factor: algunas centrales se desconectaron de manera "indebida". Por seguridad, cuando la tensión es muy alta o inestable, está previsto que se apaguen, pero ambos informes apuntan que lo hicieron antes de tiempo. Dicha desconexión aumentó la tensión, lo que produjo un efecto dominó que concluyó con el corte cero de producción de electricidad, es decir, con el apagón total.

Las compañías culpan a Red Eléctrica  

La patronal de las eléctricas, Aelec –que incluye a empresas como EDP, Endesa e Iberdrola–, negó en la presentación de su informe que hubiera ningún comportamiento anómalo en ninguna de las plantas de sus socios. Asimismo, rechazó que las centrales programadas para el control de la tensión actuaran de manera insuficiente y descartó que hubiera instalaciones que se desconectaran de forma indebida.

En su lugar, el informe de Aelec responsabiliza a Red Eléctrica del apagón por haber contado con la cantidad más baja en todo el año de centrales térmicas destinadas al control de tensión. El informe del Gobierno también identifica este hecho como un factor relevante en las circunstancias que condujeron al corte de luz. Iberdrola calificó la actuación de REE como "temeraria y negligente" y recalcó que la actuación de su personal y de sus activos de generación fue intachable.

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De acuerdo con el estudio gubernamental, REE programó diez centrales térmicas para este control el día anterior, el 27 de abril. Una de las centrales se declaró indisponible a las 20.00 horas, pero se decidió proseguir. La presidenta de REE, Beatriz Corredor, defendió durante la presentación de su informe propio que la decisión de continuar sin esta central tuvo lugar después de un encuentro extraordinario con expertos en el que se analizó la situación y tomaron medidas de compensación.