Las inundaciones en Catalunya abren el debate sobre la expropiación y derribo de viviendas en zonas inundables

Expropiaciones, deconstruir, derribar, desplazamientos urbanísticos, refugiados climáticos... Son palabras que ya empiezan a resonar en los pueblos catalanes más afectados por los cada vez más habituales —y violentos— temporales, que provocan importantes inundaciones. En los últimos días hemos visto imágenes desoladoras y escenas de pánico en muchos municipios de las Terres de l’Ebre, en el sur de Catalunya, debido a la última riada, la del 12 de octubre: calles llenas de barro, bajos y casas inundadas, coches apilados, rescates in extremis y carreteras destrozadas.

Una situación que en los últimos años —2018, 2021, 2023 y ahora 2025— se ha repetido demasiadas veces en municipios como Alcanar, Santa Bàrbara, el Godall, la Ràpita o Amposta. Tal como señalan los expertos, el efecto de la emergencia climática en la agresividad y devastación de estos temporales —relativamente comunes en el clima mediterráneo— es evidente, pero el problema de fondo es la urbanización en medio de barrancos o cerca de zonas inundables durante los años sesenta, setenta y ochenta, como es el caso de Alcanar Platja y la Ràpita.

“Un plan de ejecución a largo plazo”

Según los expertos, la solución para los territorios ubicados en zonas inundables pasa por planificar y ejecutar políticas de adaptación a la emergencia climática que impliquen trasladar líneas ferroviarias, reformar paseos marítimos e incluso derribar edificios en las zonas de mayor riesgo de inundación donde nunca se debería haber construido. “Hay que hacer un mapa de puntos críticos y un análisis global de una zona concreta para llevar a cabo intervenciones locales pero coherentes entre sí dentro de un plan de ejecución a largo plazo”, detalla Carles Ibáñez, director científico del Centro de Resiliencia Climática (CRC), un espacio dedicado a impulsar la investigación y la innovación en la adaptación a la emergencia climática.

“No deberíamos volver a reaccionar simplemente reconstruyendo lo más rápido posible. No queda más remedio que actuar de forma más proactiva”, concluye el experto. En este sentido, y a raíz de las últimas lluvias torrenciales, el Govern catalán ha aprobado un plan director que fija las actuaciones en una serie de cursos fluviales de las comarcas del Montsià y el Baix Ebre, con el objetivo de restituir los daños causados por la borrasca Alice y reducir, de manera estructural, los riesgos de inundación. Se destinarán un total de 37,5 millones de euros, que se ejecutarán de manera progresiva en los próximos cinco años.

Los trabajos previstos consistirán en la construcción de balsas de laminación, ampliar y recuperar la amplitud del cauce, mejorar los encauzamientos, proteger taludes, y también realizar tareas de mantenimiento y conservación en los tramos afectados. Pero más allá de estas actuaciones, por primera vez el Govern estudia el derribo de casas que en los últimos años se han inundado en varias ocasiones. Se trata de una decena de viviendas situadas en medio del barranco del Llop, en la urbanización l’Estona de Alcanar Platja (Montsià).

La decisión de derribar estas casas lleva años planificándose en el Ayuntamiento de Alcanar. De hecho, en febrero de 2024 se constituyó una mesa técnica con expertos para encontrar soluciones preventivas a las recurrentes catástrofes por lluvias torrenciales y riadas que sufre Alcanar, e identificó ya “tres zonas calientes” en el municipio. Además del barranco del Llop, en la zona del camping dels Alfacs, también preocupaban el Fondo de Jan y el barranco de les Cases.

El consistorio propone renaturalizar las urbanizaciones y trasladar a los habitantes del barranco del Llop. El alcalde de Alcanar, Joan Roig, destaca que los vecinos han comprendido la necesidad del traslado: “En esta última riada hubo 56 actuaciones de rescate de los bomberos, y dos de ellas in extremis. Todos los vecinos ya tienen claro que deben marcharse de allí”, asegura, aunque falta definir la cuestión económica y ver “cómo se les puede ayudar para que este traslado sea lo más cómodo posible”.

Según Roig, la palabra que ha utilizado la Generalitat es “adquisición”, pero no se sabe si será una “expropiación, una compra” o un “intercambio”. “Hay que analizar cómo se tiene que hacer”, concluye. En cuanto a los plazos, el alcalde quiere que antes del otoño del próximo año, “que es cuando llegan las lluvias torrenciales”, “estas diez familias puedan estar fuera de las casas y ya tengan una alternativa”.

En los últimos años, el municipio ha ejecutado obras clave para ser más resiliente frente a los aguaceros y lluvias torrenciales. Según explica el alcalde, se han abierto pasos en el paseo marítimo de les Cases d’Alcanar hacia el Fondo de Jan, se han construido balsas de laminación y un bypass en el cruce de la carretera N-340. A principios de este mes de octubre se aprobó el derribo del pozo de la urbanización l’Estona y también se prevé derribar una central eléctrica en el mismo lugar, además de construir otra balsa de laminación en la parte inferior del camping.

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“Un punto de inflexión”

Tanto Roig como Ibáñez, y también Sergi Saladié, profesor del Departament de Geografía de la Universitat Rovira i Virgili y experto en planificación y ordenación territorial, creen que el último temporal ha sido “un punto de inflexión”. Pese al cambio de “narrativa”, Ibáñez apunta que “habrá que ver si esto lleva realmente a plantear intervenciones diferentes en el territorio, de adaptación de las infraestructuras y de dar espacio al agua”.

¿Qué significa dar espacio al agua? Ibáñez explica que hay dos tipos de intervenciones. Por un lado, infraestructuras que se pueden readaptar, diseñar o modificar para que el impacto de la inundación sea menor. Por otro lado, casos en los que simplemente hay que asegurar que los barrancos y la red hidrológica tengan suficiente espacio. “A veces eso no implica adaptar infraestructuras, sino construir otras nuevas para reducir riesgos, como por ejemplo, un puente que antes no existía”, comenta.

El director científico del CRC subraya que hacen falta “políticas de adaptación al cambio climático”, pero puntualiza que se debe actuar “caso por caso”. “Hay casos muy evidentes, como construcciones en medio de un barranco, o muy cerca, o en zonas muy bajas que se inundan con frecuencia y no pueden desaguar, que pueden requerir expropiación, pero serán puntuales”. “En muchos otros no se trata tanto de expropiar como de rediseñar, modificar o cambiar infraestructuras, sobre todo las públicas”, detalla.

Saladié considera que hay que ir más allá de las “soluciones puntuales” y revisar la Ley de Política Territorial, que es de 1983, para “incorporar todas estas nuevas variables de vulnerabilidad” ante futuros temporales e inundaciones, pero también otros fenómenos provocados por la emergencia climática, como los incendios. El experto apuesta por elaborar nuevos planeamientos territoriales adaptados a estas circunstancias para “dar una cobertura normativa, legal y de seguridad jurídica” a las administraciones.

Todo ello, señala Saladié, debe ir “acompañado de recursos públicos”. En esta línea, Ibáñez indica que “no es algo que se pueda hacer en dos años, seguramente necesitaremos 10, 15 o 20 años para ejecutar modificaciones que reduzcan riesgos”, sentencia.

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¿Refugiados climáticos o desplazados urbanísticos?

El alcalde de Alcanar comenta que las personas que viven en esa decena de casas que se prevé derribar serán los “primeros refugiados climáticos” de Catalunya. Ahora bien, tanto Saladié como Ibáñez coinciden en que es un concepto que “debe utilizarse con precaución”. “Si es una construcción que está en medio de un barranco, no lo consideraría un ‘refugiado climático’, es mala planificación urbanística. En cambio, si la construcción estaba cerca de un barranco y ahora, por el cambio climático, este lleva más caudal y provoca daños, entonces sí tendría sentido”, comenta Ibáñez.

“Más que refugiados climáticos serían desplazados urbanísticos o víctimas de un urbanismo irresponsable”, explica Saladié, quien subraya que el cambio climático ha acelerado estos comportamientos extremos, amplificado los daños y “ha puesto en evidencia que algunas construcciones se hicieron en lugares donde no se podía construir y que no se corresponden con la realidad hidrológica”.

Proyectos urbanísticos en zonas inundables

En el caso concreto de Catalunya, el 15% de la superficie urbanizada se encuentra en zona inundable, ya sea fluvial o marítima, según el informe RiskCat, que evalúa los riesgos de los fenómenos naturales. El Baix Ebre y el Montsià, partes del litoral del Maresme y la Selva —especialmente el tramo final del Tordera, entre Malgrat de Mar y Blanes—, las zonas próximas al Llobregat —especialmente en el Delta— y al Besòs del área metropolitana de Barcelona, puntos del Alt Empordà y zonas de las ciudades de Lleida o Girona se encuentran entre las de mayor riesgo de inundación, en parte también porque la mayoría tienen un elevado nivel de urbanización. En total, viven allí unas 700.000 personas, cerca del 9% de la población de Catalunya.

Pese al cambio de narrativa del Govern respecto a las zonas inundables, se siguen proyectando planes urbanísticos en lugares susceptibles de inundarse, aunque sea poco o muy poco probable. Alrededor de las Tres Chimeneas, en la desembocadura del Besòs, hay aprobado un plan urbanístico que prevé la construcción de 1.800 viviendas y 100.000 metros cuadrados de actividad económica, desde un hub audiovisual hasta hoteles y comercios.

Junto al río Llobregat también hay proyectos urbanísticos sobre la mesa. Los más importantes son los de Ribera Salines, en Cornellà, y el del Eixample, en el Prat. Entre ambos se deben construir unos 5.000 pisos. Los mismos que se levantarán también en Gavà, en el macroproyecto del Pla de Ponent.

La entidad ambiental GEPEC denuncia que se está proyectando una planta de biogás en una zona inundable del Godall (Montsià), uno de los municipios que más ha sufrido las consecuencias de la última riada. “Hay que aplicar el principio de precaución y no permitir nada si no hay una evidencia clara de que los suelos no son inundables”, reclaman desde la entidad.