Lo intentaron con recogidas de firmas, después con reclamaciones por escrito, convocando movilizaciones masivas, en acampadas, y nada ha dado resultado. Se lo han dicho en reuniones, por megáfonos y cantando. Con todo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hace oídos sordos. Y el mundo sabe que el silencio es también una respuesta.

Pero la lucha popular es "incesable" y así lo han demostrado, una vez más, las asociaciones de vecinos y vecinas de los barrios y pueblos de Madrid, al tomar la decisión de ocupar el despacho de la directora de la Gerencia Asistencias de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. "Hasta que no nos den una solución, no nos vamos a mover de aquí. Esta situación ya se está cobrando vidas", aseguran.

Desde este miércoles, Alvar, Jorge, Gerardo y Mari Carmen están encerrados en el edificio de la máxima responsable del primer nivel asistencial. A primera hora de este jueves, estos cuatro vecinos de Carabanchel han hablado con Público tras pasar su primera noche en el despacho y han explicado que, "aunque habían acudido a la Gerencia por la situación crítica del centro de salud de Abrantes, su objetivo es reclamar una solución para la situación general de la sanidad pública".

Sin nadie que pueda entrar ni salir del edificio de la Gerencia, los vecinos pasan las horas "con lo puesto" y afrontan su segunda noche de protesta a la espera de una respuesta de la gerente María Luisa López Díaz-Ufano. "Por el momento, lo único que nos han dicho son unas cuantas declaraciones de intenciones, pero no se ha concretado nada ni nadie nos asegura ningún cambio", detallan los vecinos.

Saben que no están solos. De hecho, desde las 10.00 horas, un grupo de vecinos y sanitarios ha estado en la puerta de la Gerencia dando apoyo a sus compañeros encerrados.

El de Abrantes es uno de los centros que se encuentran en peor estado: de 17 médicos y médicas de familia que debería tener, hay menos de la mitad de plazas cubiertas. Esta circunstancia, tal y como han advertido los propios médicos, compromete la salud de los cerca de 30.000 personas adscritos al ambulatorio.

En estos momentos, el centro de Abrantes no da cita con el médico. Los días de diciembre y enero están completos y la agenda de febrero está cerrada. "Si quieres conseguir una consulta, te encuentras con que por teléfono no te cogen y, si lo haces por la aplicación, te dicen que no hay cita disponible. Esto no se puede consentir, es un crimen", expresa Miguel Ángel, vecino del distrito y presente en la protesta.

"No hay derecho a que te den de plazo dos meses. La gente en dos meses se muere, que se entere la Consejería de Sanidad. No se puede jugar con la salud", advierte Alfonso López, médico jubilado, también partícipe de la movilización.

"Nos dicen que nos cambiemos de centro de salud, que nos marchemos a otro. Pero, irte a otro centro es trasladar el problema porque ya de por sí están desbordados", ha añadido Pilar García, otra vecina.

El pequeño centro de salud de Abrantes ocupa, en teoría, un lugar provisional. Es más, los vecinos y vecinas llevan más de 20 años esperando la construcción de un nuevo ambulatorio que a día de hoy sigue siendo un cartel colgado en un descampado.

Lamentablemente, este no es un caso aislado, sino que representa la tónica habitual en Madrid, sobre todo desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al Gobierno y la implantación paulatina del "modelo puro de enfermería". Una forma de desmantelamiento silencioso que se ceba con las periferias y los territorios ubicados al sur, y retroalimenta la desigualdad entre estratos sociales.

"Lo que ocurre es que de la Atención Primaria van a las Urgencias Extrahospitalarias, donde no hay médico, solo enfermera y celador. De allí van al hospital para esperar cinco horas para algo que probablemente no es una urgencia... Pero eso no quita que esa persona necesite un médico que le auscultar, que le toque la tripa, que le diagnostique", señala el facultativo Alfonso López.

Alvar, uno de los compañeros encerrados, recuerda un caso cercano: "Fueron a un centro de Urgencias Extrahospitalarias porque a su padre le estaba dando un infarto, pero no había médico. Les dijeron que lo mejor que podían hacer para ir más rápido era llevarle a un hospital en su coche particular y cuando quisieron llegar ya había muerto".

"Es que es un derecho fundamental, lo dice la Constitución y, además, lo pagamos con nuestros impuestos. Pero ellos lo que quieren es que te vayas a una entidad privada, es un proyecto maligno. Y, ¿cómo se consigue quela gente se vaya a la privada? Destruyendo lo público. Con nosotros no va a funcionar ese plan que quiere generar malestar en la gente para con la sanidad pública, para que la critiquen y terminen yéndose a la privada", han declarado los vecinos.