España produce actualmente el 11% de la carne de pollo de toda Europa, siendo el segundo país del continente que más aves sacrifica por detrás de Reino Unido. Esto significa, según las estimaciones de Igualdad Animal, que cada año mueren 695 millones de crías y 1,9 al año. Las cifras se sustentan en un sistema intensivo donde las medidas que aseguren el bienestar animal brillan por su ausencia. 

En virtud de ello, las organizaciones animalistas europeas trabajan en una campaña, European Chicken Commitment (ECC), con la que pretenden modificar el entramado productivo. Con una fecha límite, 2026, las cadenas de restaurantes, supermercados, cafeterías y otras empresas del sector de la alimentación se comprometen, al firmar este acuerdo, a cambiar los proveedores de carne de pollo en base a requisitos de bienestar animal.

Cada vez son más las empresas que se adhieren a este compromiso de producción que busca limitar al máximo el sufrimiento de los pollos en las granjas industriales y mataderos. Desde Aldi en Dinamarca, hasta KFC en Bélgica, Países Bajos o Reino Unido. En España, sin embargo, sólo una empresa, Udon Asian Food, se ha comprometido a buscar nuevos proveedores que cumplan con los estándares de bienestar animal marcados por el convenio animalista. Más allá de los clásicos compromisos corporativos que quedan en papel mojado, la firma del ECC conlleva la adopción de una auditoría encargada por los grupos animalistas que certifican que la producción de pollos de la que se sirven no infiere en un maltrato sistemático de los animales.

El primer paso es mejorar la densidad de las granjas de cría. En la actualidad las leyes europeas permiten alcanzar los 42 kg/m2, una cifra que se desde el ECC se limita a un máximo de 30kg/m2, de tal forma que los animales puedan tener algo de espacio para moverse y ampliar sus alas. Cabe decir, que en España, según un estudio de la Comisión Europea, el 10% de las instalaciones superan con creces el límite de densidad establecido por las directivas de la UE.

Por otro lado, los firmantes de este compromiso dejarán de ofertar razas artificiales. En la actualidad, la mayoría del pollo que se sirve en las bandejas del supermercado y restaurantes es de raza broiler, una especie de pollo que fue modificada en laboratorios para que experimentaran un crecimiento rápido, de tal forma que el proceso de cría sea más corto y los animales lleguen al matadero con una media de 40 días. El crecimiento rápido provoca que estas aves tengan problemas de salud durante su corta vida, en tanto que el 27% tienen deformidades que generan problemas de movilidad, según un estudio de Open Wing Alliance (OWA).

El tercer pilar del convenio del ECC gira en torno a los métodos de aturdimiento con los que se deja inconscientes a las aves antes de ser sacrificadas en el matadero. Según la OWA, el 80% de los pollos de Europa son sedados de manera violenta y poco ineficaz, a través de baños de agua eléctricos. Con este método, las aves son colgadas boca abajo de una cadena en movimiento y sus cabezas pasan a través de un baño electrificado que les deja inconscientes. De esta forma, las empresas que se están acogiendo a este compromiso de producción deberán servir carne de pollos que hayan sido aturdidos con métodos alternativos como el uso de gas inerte con el que los animales no experimenten dolor.

A todo ello, se suman requisitos más específicos como la presencia de luz natural, la distribución de dos sustratos de picoteo por cada 1.000 aves y la ausencia de jaulas y sistemas multinivel. "Creo que no pedimos demasiado, sólo unos compromisos mínimos para evitar que los pollos no sean maltratados de manera salvaje", argumenta a Público Silvia Barquero, directora de la Fundación Igualdad Animal, que trabaja para que las empresas españolas de alimentación se adhieran al ECC.

Aunque los animalistas son conscientes de que se tratan de compromisos posibilistas y mínimos, defienden este convenio como primer paso para llegar a futuros acuerdos con los Gobiernos. "Los cambios legislativos en materia de bienestar animal son muy difíciles en España. Esto es un hecho y por eso creemos que debemos trabajar para que haya cambios en la mayoría de las empresas del sector, de modo que en el futuro los políticos tengan más sencillo dictar una ley que sólo obligue a cambiar su producción a una minoría de empresas", zanja Barquero.