Bous al carrer, bous a la mar, toros embolados, ensogados o enmaromados. Casi 17.000 fiestas de maltrato animal se celebran cada año en nuestro país, según la organización animalista Anima Naturalis. Desde PACMA, achacan hasta 7.000 de ellas al País Valencià.

Jaime Posada, coordinador de Anima Naturalis, conoce de cerca estos festejos. Él mismo creció en una familia taurina y participó en los encierros de un pueblo de la Comunidad de Madrid en su adolescencia.

"Muchas veces, los taurinos nos recriminan que no conocemos la fiesta", asegura el activista a Público, que dejó de asistir, tras ver a un toro fracturarse las patas delanteras contra un bordillo de acera a los 16 años.

Los toros de San Juan de Coria (Cáceres) asesinados a tiros por civiles con licencia de armas en 2015, 2019 y en junio de este año; los bous a la mar, obligados a saltar al agua salada con una profundidad de cuatro metros, de la que son rescatados mientras se ahogan; o los toros embolados, a los que la cera derretida de los pitones incendiados les cae en los ojos, son algunos ejemplos de unos festejos arcaicos respaldados por la financiación de ayuntamientos a lo largo de la geografía española.

Tortura subvencionada con dinero público

Los 4,5 millones de euros que el Gobierno de Díaz Ayuso concedió a ganaderías de toro bravo antes de la pandemia son el reflejo de una industria agonizante.

La Fundación Toro de Lidia ha recibido 1.500.000 euros de las arcas públicas en los últimos cinco años. Solamente durante la pandemia, Unión de Criadores de Toros de Lidia recibió 797.000 euros; Funciones Taurinas S.A., 324.000 euros; y Circuitos Taurinos S.L., 127.000 euros, entre otros. 

Así lo confirma Yolanda Morales, portavoz nacional de PACMA: "Son empresas privadas que van desde la representación de toreros y asesorías especializadas en asuntos taurinos hasta gestores de plazas de toros y organizadores de festejos".

Los ayuntamientos extremeños "han invertido más de dos millones en este tipo de festejos mientras se corta la financiación en prevención de incendios", añade Posada.

El fin de la tauromaquia, cada vez más cerca

El Gobierno de Díaz Ayuso ha reintroducido el toro ensogado en la capital casi 30 años después de su desaparición. A pesar de ello, Morales se muestra optimista ante los datos de los últimos meses.

"Puedo ver el fin de la tauromaquia relativamente cerca", sentencia la activista, "se intuye por la cantidad de subvenciones que reciben y porque están incluso regalando las entradas".

Aún así, Morales prevé que el cóctel de "adrenalina, alcohol y multitud de gente" prolongue la vida de los encierros, a los que "les queda mucho más tiempo que a las corridas de toros", confiesa.

Una ley de bienestar animal insuficiente

La ley de bienestar animal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, aprobada el pasado lunes 25 por el Consejo de Ministros, "se queda corta" para las organizaciones animalistas.

"Los derechos de los animales están avanzando mucho más lento de lo que Ione Belarra y Sergio García quieren", apunta Posada, "hay que tener en cuenta que son el socio flojo de una coalición, y tienen que negociar con alguien cuya prioridad es la caza y promocionar determinadas formas de maltrato animal".

"Una ley que desprotege a los animales de experimentación, que no prohíbe la tauromaquia ni ningún tipo de festejo taurino, y no protege a los animales de ganadería, creo que es una ley que se queda corta", concluye Morales.