Mañueco recorta los profesionales en las residencias de Castilla y León en su nuevo proyecto de decreto

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en varias ocasiones este año en que la futura Ley de residencias garantizará una atención "integral, cercana, segura y centrada en la persona" para los mayores de la comunidad. Sin embargo, la realidad que dibuja el nuevo proyecto de decreto —al que ha tenido acceso Público— que desarrolla la tipología de centros, las plantillas profesionales, los planes de contingencia, la asistencia y el suministro eléctrico, dista de ese compromiso inicial. Según ha podido comprobar este medio, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades plantea en este escrito una reducción de la ratio de profesionales respecto al borrador que se presentó en marzo.

El nuevo proyecto de decreto reserva su artículo 8 a "las ratios de personal en residencias de mayores". En este punto, concreta que la ratio mínima global de profesionales de atención directa y técnicos será de 0,39 en los centros de larga duración de Castilla y León. Una cifra que supone un retroceso respecto al borrador presentado en marzo, que la situaba en 0,43. La rebaja también alcanza a las residencias para personas con discapacidad: de 0,53 en el texto inicial a 0,50 en el último documento presentado.

Esta reducción en las ratios de personal choca también con lo acordado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde se fijaron unos mínimos progresivos: 0,45 hasta diciembre de 2025, 0,46 en 2026 y un horizonte de 0,50 en 2029. Con la rebaja planteada por la Junta, Castilla y León no solo incumpliría los estándares actuales, sino que se alejaría del objetivo marcado.

Antes de este nuevo proyecto, las residencias de mayores en Castilla y León se regían por el decreto 14/2001, de 18 de enero, que no establecía ratios mínimas de personal. En la práctica, los centros se ajustaban al decreto 14/2017, de 27 de julio, que fijaba una referencia de alrededor de 0,25 profesionales de atención directa por residente.

Jorge Félix, (Plataforma Social): "En Castilla y León no se elaboran leyes para garantizar derechos, sino declaraciones políticas con fines electoralistas"

La Plataforma Social de Castilla y León reprocha al Gobierno autonómico que utilice la financiación estatal y la supuesta falta de profesionales cualificados como "excusa" para reducir personal. Jorge Félix Alonso, portavoz de la organización, afirma a Público que "más allá de los fondos que lleguen del Estado, la comunidad autónoma debería incrementar su aportación y establecer una regulación clara sobre los recursos humanos y técnicos que deben tener las residencias. Añade que "las ratios planteadas anteriormente ya eran insuficientes, reducirlas aún más compromete la atención adecuada a las personas". Y sentencia tajante: "En Castilla y León no se elaboran leyes para garantizar derechos, sino declaraciones políticas con fines electoralistas".

Alonso recuerda que, según los datos oficiales —contrastados por este medio—, "Castilla y León cuenta únicamente con 15 residencias públicas con plazas solamente públicas, todas construidas por el Imserso y transferidas a la Junta en 1996, gestionadas por la Gerencia de Servicios Sociales autonómica". "Desde entonces, la Junta no ha creado nuevas plazas públicas", asegura. Explica que de las aproximadamente 50.000 plazas de residencia en la región, solo unas 3.800 son realmente públicas; si se suman las concertadas, la cifra llega a 9.000, "mientras que el resto son privadas". 

Riesgos del nuevo decreto en la atención a mayores

El nuevo borrador de decreto también incluye otros aspectos que han levantado críticas. La Plataforma Social ha presentado un escrito con diez alegaciones, en el que reclama que la norma "sea realmente accesible y garantista para toda la población". Una de sus principales objeciones es que "el texto abre la puerta a que los centros residenciales y de día contraten a personal sin la titulación exigida por la propia Ley", algo que se justifica alegando la "escasez" de profesionales con el certificado de profesionalidad. Ante esto, la organización plantea que se incorpore una disposición específica "que obligue a la administración a poner en marcha un plan de acceso y formación que permita a cualquier trabajador obtener el certificado de profesionalidad o la cualificación necesaria, en lugar de relajar los requisitos a costa de la calidad asistencial".

El nuevo proyecto de decreto de la Junta también hace referencia a la subcontratación de personal de atención directa

Según denuncia la plataforma, el déficit de profesionales "no responde a la falta de vocación ni de interés en el sector, sino a los salarios precarios" derivados de la "política de bajo coste" que, aseguran, mantiene la Junta de Castilla y León. "Una estrategia que, en la práctica, repercute directamente en las retribuciones de quienes se ocupan del cuidado diario de las personas mayores", sostienen. El nuevo proyecto de decreto también hace referencia a la posibilidad de subcontratar a empresas externas distintas de la entidad titular de la residencia, un punto que la organización considera "especialmente preocupante", ya que "podría abrir la puerta a una mayor precarización y pérdida de control en la calidad de los cuidados".

Otra de las demandas de la plataforma se centra en la reducción de la proporción de profesionales técnicos —fisioterapeutas, enfermería, terapeutas ocupacionales y educadores sociales— en los centros. Según el proyecto de decreto, este porcentaje se fija en un 12%, mientras que el Acuerdo del Consejo Territorial estipula un 40% en centros de día para personas mayores y un 33% para personas con discapacidad, modulándose según el grado de dependencia. "En términos prácticos, con las ratios de 0,43 y 0,53 previstas anteriormente, el porcentaje de técnicos ascendía al 18% y 15%, respectivamente", explica la organización. Y advierte que "la nueva normativa representa una merma significativa de personal técnico especializado, lo que podría afectar directamente a la calidad de la atención". 

Público ha contactado con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que explique cómo justifica la Junta de Castilla y León que el nuevo decreto reduzca el número de profesionales en residencias y centros de día, justo cuando el presidente prometió una "atención integral y centrada en la persona". También se ha preguntado qué medidas plantea el organismo para mejorar los bajos salarios y la precariedad laboral del sector. Se ha solicitado aclarar cómo se puede permitir que personas sin cualificación atiendan de forma indefinida a mayores y dependientes, en lugar de garantizar su formación y acreditación. 

Asimismo, se ha pedido información sobre qué garantías ofrece la Consejería a familias y usuarios de residencias para que la reducción de personal no afecte a la calidad de la atención ni vulnere los derechos de las personas mayores dependientes. Por último, se ha consultado la justificación política y social para externalizar un servicio tan sensible como el cuidado de personas mayores y con discapacidad. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.