Mariano se enfrenta a su tercer intento de desahucio: "La Policía va a venir en serio, sabemos cómo actúan"
El 19 de diciembre, Mariano logró paralizar temporalmente el desalojo. La comisión judicial le ha dado una tregua de cinco semanas, que termina este miércoles. "Si me echan, no tengo dónde quedarme", insiste.

Madrid--Actualizado a
Mariano Soler cuenta las horas para su tercer intento de desahucio. El vecino de Vallecas padece tensiones altas y problemas de corazón. Mariano también duerme con una máquina de oxígeno. "¿Si me quedo en la calle, dónde la enchufo?", se pregunta. Lo de dormir, de todos modos, parece más bien una forma de hablar. "Llevo una semana sin pegar ojo por las noches. La Policía mañana va a venir en serio, sabemos cómo operan y la última vez nos lo dejaron bien claro", continúa. El 19 de diciembre, Mariano logró resistir a su segundo intento de desahucio. La comisión judicial le ha dado una tregua de cinco semanas, poco más de un mes, para buscar una alternativa habitacional. No la ha conseguido.
Los propietarios del inmueble pertenecen a la alta aristocracia madrileña, tienen cuatro cotos de caza y gestionan, al menos, 13 viviendas. Carmen Elzaburu compró este piso en diciembre de 1971. Mariano y sus padres entraron como inquilinos en 1972, hace exactamente 53 años. "Es un piso de renta antigua, tiene un alquiler de 17 euros al mes. Si me echan de aquí, no tengo dónde quedarme", lamenta el albañil. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha vuelto a empapelar el barrio de Palomeras con su foto y los vecinos tratarán de hacer presión para conseguir, como mínimo, un nuevo aplazamiento.
El 23 de mayo tuvo lugar el primer intento de desahucio. La magistrada dio por buena la denuncia de la propietaria, de 94 años, por un presunto caso de impago. "La renta estaba domiciliada en una cuenta, pero tuvimos que hacer cambios. En cuanto lo solucionamos, nos pusimos al día con los pagos. Desde entonces, no conseguimos que la administración nos pase ningún recibo ni nos proporcione una cuenta en la que ingresar el dinero", advertía el vecino durante una entrevista con este medio. Público ha tenido acceso a los correos en los que Mariano pide información para abonar la mensualidad y pregunta por las facturas.
El segundo intento tuvo lugar el pasado 19 de diciembre. Mariano sufrió un desmayo y tuvo que ser atendido por los servicios médicos. "Los antidisturbios me amenazaron con llevarme obligado al hospital cuando estaba dentro de la ambulancia; dijeron que la próxima vez estudiarían la forma de actuar, suponemos que van a venir más y acordonar antes la zona", reconoce. La movilización ciudadana logró paralizar temporalmente el lanzamiento. "¡La casa es de Mariano, no de los cayetanos!", coreaban los manifestantes, tal y como ha retransmitido en directo este diario. Carmen Elzaburu, dueña del piso, tuvo como invitado en su boda al dictador Francisco Franco.
La comisión judicial se presentará de nuevo este miércoles en el número ocho de la calle Malgrat de Mar. Será la tercera vez que acuden en menos de nueve meses. "La abogada ha presentado un recurso en el que pide que no se vulneren mis derechos; seguimos esperando respuesta", precisa Mariano. Público ha tenido acceso a este documento, donde se solicita la nulidad de actuaciones y se reivindica el derecho del inquilino a una tutela judicial efectiva. Mariano no tiene ingresos y espera desde hace meses un alquiler social.
Los activistas de la PAH de Vallecas exigen "paralizar" el desahucio y tener en cuenta los informes de vulnerabilidad, "claves" para posponer el primer intento. Mariano agradece el trabajo de la plataforma y confía en alcanzar un acuerdo. Lo dice, no obstante, con la boca pequeña, porque los obstáculos con los que ha tenido que lidiar tampoco le dan otra opción: "La propiedad no se ha puesto nunca en contacto conmigo, no me han ofrecido soluciones alternativas. Los Servicios Sociales sólo me han pasado un papelito con los comedores a los que puedo acudir y otro con las duchas públicas. No los culpo, porque la culpa es de las administraciones –central, autonómica y municipal–, pero creo que alguien debería tener en cuenta mi situación. ¿Por qué los jueces no aplican el real decreto?", insiste.
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