Ni modélica ni ejemplar: las olvidadas víctimas de la Transición

Si las heridas se abren es que no habían cicatrizado. La emisión el pasado septiembre en TV3 de un documental sobre la muerte de Gustau Muñoz, el joven manifestante -tenía 16 años- asesinado a tiros por la Policía española durante la Diada del Once de septiembre de 1978, volvió a poner el foco sobre las muertes violentas durante la Transición, un periodo de la historia de España que hasta no hace mucho algunos políticos todavía adjetivaban como "modélico" e incluso se esforzaban para exportar a otros países.

Como apunta rápidamente al ser preguntado el historiador Pau Casanellas, hasta el día de hoy hay "varios recuentos" sobre la cifra real de muertos durante este episodio de la historia reciente, dependiendo de cómo se cuenten. Otro historiador especializado en este periodo, David Ballester, calcula que entre 1975 y 1982 "en total se produjeron 134 víctimas mortales como consecuencia de la violencia institucional en su vertiente más importante, como son los excesos policiales", que desglosa en "91 episodios de gatillo fácil, 38 en la represión de manifestaciones y 5 por torturas, además de 5 casos dudosos, es decir, hablamos de una víctima mortal cada veinte días durante siete años".

Sin embargo, como se apresura a añadir Casanellas, si sumamos las víctimas de la violencia paraestatal y de los grupos de la extrema derecha -coordinados, protegidos o menos tolerados por el aparato del Estado-, la cifra se eleva entonces a "unas 240 o 250 víctimas mortales". Todo ello sin contar los casos de torturas y abusos policiales a militantes políticos y sindicales.

Visión edulcorada de la Transición

¿Ha sido este lado oscuro de la Transición un aspecto olvidado por la historiografía y los medios de comunicación? Según Casanellas, "no se puede decir que no se publicaran cosas, pero evidentemente se publicaban menos que ahora y no tenían la repercusión que tienen ahora". Esto, continúa, "tiene una explicación clara, y es que los medios de comunicación no tenían interés por hacerlo y el discurso crítico con las nuevas instituciones no estaba presente en los grandes medios", aunque sí lo era "en la izquierda radical ". Hoy, en cambio, "hay un interés social más grande, desde finales de los noventa". Coincide con él Marc Andreu, de la Fundación Cipriano García de Comisiones Obreras de Catalunya (CCOO), quien subraya como "la Transición se produce en un contexto de correlación de fuerzas y sociales muy determinada" y eso hizo "que se olvidaran o se taparan o escondieran las reivindicaciones de esta memoria".

En el caso de Catalunya, precisa Andreu, "hay que ir al tripartito y la creación del Memorial Democràtic respondiendo a la demanda social y de las organizaciones memorialistas", que, "en el caso estatal, llevó el gobierno de Zapatero". A pesar del avance que supusieron estas iniciativas legislativas, Andreu califica este primer impulso como "insuficiente", y celebra que "ahora nos encontramos en una segunda oleada, con nuevas leyes planteadas tanto en el Estado como en Catalunya". Una ola que para el director de la Fundación Cipriano García "responde a la necesidad de recuperar la memoria", pero "también como contraste a la situación sociopolítica, con el retorno público de la extrema derecha, que hace necesario que se recupere esta memoria".

Se trata, en definitiva y como dice Ballester, "de un cúmulo de varias circunstancias": "Desde la visión edulcorada de la Transición que se ha intentado imponer desde poderosas instancias como discurso oficial a la dificultad para acceder a archivos policiales y judiciales". Como Andreu, Ballester considera que "no será hasta el despertar de las entidades memorialistas de finales del siglo pasado cuando algunos de estos nombres vayan saliendo lentamente a la luz", ya que "hasta ese momento, su recuerdo había quedado en manos de familiares y personas cercanas".

Reconocimiento insuficiente

Lo cual lleva a la situación legal de las víctimas de este periodo y su reconocimiento institucional. Este es, de acuerdo con Ballester, "muy variable", porque "algunas, pocas, cuentan con un amplio reconocimiento tanto institucional por parte de su comunidad autónoma, o ayuntamientos, como mediático a partir del interés de determinados medios de comunicación, con la producción de un número elevado de documental), mientras la mayoría continúan en el ostracismo".

Casanellas también habla de un reconocimiento "insuficiente" a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora, sobre todo a partir de la Ley de Memoria Histórica de 2007, "que se dejó cosas muy importantes fuera, la más destacada la nulidad de los juicios de la dictadura, una de las principales reivindicaciones que se hacía entonces y que parece que el gobierno de Pedro Sánchez estaría dispuesto a incluir ahora en el borrador de la nueva Ley de Memoria Democrática, como parece que se le llamará". En general, sin embargo, los gobiernos han tenido "más bien poco interés en revisar este tipo de casos".

Ballester se muestra aún más crítico y señala como "la actual ley en debate sólo contempla como fecha límite la de la aprobación de la Constitución". "Me consta que este es un punto innegociable por parte del PSOE", remacha. De este modo, sin embargo, "se deja de lado a decenas de las 134 víctimas mencionadas", y además, sigue, "cuando desde alguna comunidades autónomas, como País Vasco y Navarra, se han llevado a cabo políticas pioneras de reparación, las cantidades establecidas como indemnización por las víctimas de los excesos policiales es el 50% de las del terrorismo". "¿Es que las vidas tienen un valor diferente en función de la causa de la muerte?", denuncia.

"Se ha hecho mucho énfasis en la recuperación de la memoria testimonial, personal, también en el discurso político", asegura Andreu. Este historiador cree que demasiado a menudo ha quedado "escondido el debate más social, la importancia del movimiento obrero para la memoria democrática, que no está suficientemente reconocida en relación a la importancia que tuvo". Casanellas, por su parte, pide incidir "en la política de memoria y educativa". "Esto incluye desde exposiciones, patrocinio de investigaciones, libros, de materiales, documentales, hasta programas curriculares o talleres que se puedan llevar a cabo en escuelas y espacios educativos", explica.

Es en este terreno "donde está la mayor diferencia entre lo que se ha hecho en España y en los países de nuestro entorno más cercano", y pone como ejemplo "Portugal, donde hay un museo ejemplar, a una antigua prisión que utilizó la dictadura del Estado Novo portugués, o la Topografía del terror en Berlín, que recoge muy bien el sistema de represión y de terror nazi, o el Museo de la Resistencia de la misma ciudad de Berlín ". Pero, sobre todo, se haga lo que se haga, remarca, "no nos puede hacer perder de vista las continuidades que tuvieron en los aparatos policiales y en general en todo el aparato estatal, como el judicial, entre dictadura y democracia parlamentaria".