Mohamed Said Badaoui lleva 30 años viviendo en Catalunya, desde que era un niño. En Reus, su ciudad, está implicado en la lucha por la vivienda y el movimiento antirracista. También fundó la Asociación para la defensa de los derechos de la comunidad musulmana (Adedcom). Sin embargo, Badaoui ahora ve cómo la vida y el activismo que ha construido en Catalunya penden de un hilo tras recibir una orden de expulsión del Estado.

El motivo, según la Policía Nacional, es que está "radicalizado" y supone un peligro para la seguridad nacional. Pero tanto él como los colectivos e instituciones que le apoyan denuncian que es un caso de islamofobia institucional y un castigo por luchar por los derechos de la comunidad musulmana y de la sociedad en general. "Mi activismo les molesta, soy una persona que ha reivindicado derechos, que ha exigido que se cumpla la ley con la comunidad musulmana", afirma en una llamada con Público.

El inicio de todo esto se remonta a un par de años atrás, cuando Badaoui pidió la nacionalidad española. En junio del 2022 le notificaron que se la denegaban, también bajo el mismo motivo, estar "radicalizado". Él contactó con un abogado y presentaron un recurso, que fue aceptado, en el que pedían pruebas y mayor justificación el motivo de la denegación.

El juez lo aceptó a trámite y las reclamó, pero las pruebas nunca llegaron, y en vez de esto, Badaoui fue notificado de una orden de expulsión pocas semanas más tarde. Se trata de un proceso administrativo contemplado por la Ley de Extranjería para las personas migrantes que supongan un peligro para la seguridad nacional.

"Dicen que soy una persona radicalizada, muy activa en las redes sociales, que tengo muchos contactos y pretensiones políticas, que me he ingerido en la política estatal… Se basan en publicaciones que he hecho, sacando cosas de contexto y poniendo en mi boca cosas que no he dicho", denuncia Badaoui. "Es un relato construido con mucha maldad, para hacer daño", lamenta el activista.

Badaoui siempre ha tenido los papeles en regla, tiene permiso de residencia desde los 10 años y el de ahora lo tenía vigente hasta el 2024. Se pregunta por qué, si realmente es un peligro para la seguridad nacional a ojos del Estado, no le habían empezado a perseguir antes. Ahora ha presentado unas segundas alegaciones a la orden y está esperando. "O se firma mi expulsión o se paraliza. No podemos empezar un proceso judicial, porque es un trámite administrativo", critica.

Este lunes se hizo público un comunicado apoyado por más de 1.200 entidades en las que denuncian que la expulsión "busca castigar a las personas que luchan por sus derechos". Algunas de las organizaciones firmantes son SOS Racisme, Irídia, Intermón Oxfam, Médicos del Mundo, el CIEMEN, Stop als Fenòmens Islamòfobs a Catalunya (SAFI) y Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).

También cuenta con el apoyo de la CUP, ERC y En Comú de diferentes municipios, así como diputadas como Basha Changue, Najat Driouech, Eulàlia Reguant y Maria Dantas. También ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Reus, de académicos catalanes y de figuras internacionales.

Badaoui sostiene que el suyo no es un caso único. Hay otro hombre en Vilanova i la Geltrú que también recurrió la denegación de la nacionalidad, y ahora se encuentra en la misma situación que él. Sin embargo, de entrada hay mucha gente que no recurre la decisión y entonces no se arriesgan a recibir la orden de expulsión. "A todas las personas que nos han denegado la nacionalidad alegan que estamos radicalizadas o que no nos hemos integrado. Si reclamas, quieren expulsarte, porque no tienen ninguna justificación para denegarte la nacionalidad", defiende el activista.

Badaoui agradece el acompañamiento y reconoce que están siendo días "muy duros" para él y su familia. Apunta que Adedcom, la organización que fundó, tiene "mucho potencial" y agrupa a gente muy cualificada que lucha para evitar la vulneración de los derechos de la comunidad musulmana: "Íbamos por el buen camino y creo que una de las cosas que quieren es frenar que la entidad pueda progresar", critica. "No tenemos ninguna duda de que se trata de un aviso para el resto", concluye.