450 euros por un trámite gratuito: alertan de estafas ante el proceso de regularización de migrantes

La regularización extraordinaria de migrantes llegó como una luz de esperanza, pero también ha abierto la puerta a quienes buscan aprovecharse de la necesidad ajena. Para miles de personas en España, esta medida representa la posibilidad de empezar de nuevo: salir de la invisibilidad, vivir sin miedo y acceder a derechos básicos. Sin embargo, desde su anuncio se han multiplicado los intentos de abusos y estafas, según ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras.

Gestores falsos, despachos improvisados y cuentas en redes sociales buscan lucrarse con la necesidad de quienes sueñan con regularizar su situación. Una simple búsqueda en portales como Milanuncios, Wallapop o Facebook basta para ver decenas de anuncios que ofrecen supuestos servicios de asesoramiento para la regularización. Algunos resultan sospechosos al no estar vinculados a despachos de abogados, no indicar un precio y animar a solicitar más información por privado. Según CCOO, llegan a cobrar hasta 450 euros por adelantado para "reservar" un trámite que, en realidad, será gratuito y cuya normativa todavía no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Otras cuentas en redes sociales instan a los migrantes a empezar a tramitar sus casos cuanto antes. Muchos de ellos son abogados que ofrecen asesorías para un trámite en el que aún no están claros los requisitos finales, ya que el borrador aún puede cambiar.

"Lo que está pasando ahora con la regularización no es nuevo. Siempre que hay una necesidad real, aparecen desaprensivos intentando sacar beneficio", advierte la abogada especializada en Extranjería Silvia Díez Jordão, en conversación con Público. Recuerda que prácticas similares se han visto desde la pandemia, con mafias, bots y empresas que vendían citas de asilo por hasta 500 euros. "El mal funcionamiento de la administración genera un mercado paralelo que otros aprovechan. En Extranjería esto siempre ha pasado, pero ahora tiene más visibilidad porque la regularización se ha convertido en un tema político muy expuesto. Esa visibilidad genera miedo, prisa y sensación de urgencia, y eso facilita que algunos se aprovechen de la desesperación de las personas", añade.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha informado de que el proceso todavía no está en marcha y se prevé que el plazo de solicitudes se abra en abril de 2026, una vez que el Real Decreto quede aprobado y publicado en el BOE. Hasta entonces, las condiciones definitivas y los requisitos exactos siguen siendo desconocidos. El departamento de Elma Saiz ha publicado un comunicado donde realiza "un llamamiento a la calma" e insisten en que las personas consulten únicamente los canales oficiales del Gobierno para evitar bulos o informaciones falsas.

Según denuncia la abogada, la falta de información sobre el proceso ha sido aprovechada por quienes buscan lucrarse, usando las redes sociales para ofrecer sus servicios y prometiendo que si les contratan podrán conseguir una respuesta favorable más rápida. "Se está vendiendo la regularización como una oportunidad inmediata, con precios cerrados antes de que exista la norma definitiva. Eso responde más a ansiedad de hacer negocio que al interés real en hacer bien el trabajo. Como persona, me asquea", dice Díez Jordão.

La abogada recomienda mantener la calma y desconfiar de ofertas que prometen ventajas imposibles como citas aseguradas, precios cerrados antes de que entre en vigor la norma definitiva o procedimientos que aseguran una respuesta favorable más rápida.

El abogado de Extranjería Camilo A. Escobar apunta que el problema comenzó con el primer borrador del decreto. "Muchos abogados empezaron a cobrar por ‘cupos’ y a meter miedo a la gente con mensajes como ‘si no lo haces ahora te vas a quedar fuera’. La gente, abrumada y confiando en los conocimientos de los profesionales, empezó a pagar consultas por cosas que aún no se sabían".

Según explica, el segundo borrador cambia las reglas y deja fuera a quienes ya tienen un permiso activo o lo están tramitando, aunque en el primer texto se les permitía optar a un cambio de estatus a través de esta vía especial. El experto señala que si alguien en esta situación llegó a pagar por una asesoría tras ver el primer borrador, ahora podría haber perdido su dinero.

Escobar denuncia que el riesgo de estafa afecta especialmente a migrantes en situación precaria, que llevan años trabajando de manera irregular. "Cobrarles por consultas sin poder ofrecer respuestas fiables es éticamente cuestionable. Se están lucrando con la desesperación de la gente", reclama.

Por su parte, Díez Jordão recuerda que muchos migrantes en situación irregular no pueden ni tienen por qué permitirse pagar un abogado para acceder a esta medida y desmiente la falsa creencia de que presentar el expediente con un jurista hace que vaya más rápido la solicitud. "Eso es falso. Se tramitan por orden y ningún profesional puede garantizarlo. Los que prometen eso están engañando a la gente", concluye.