Alarma entre las ONG por el decreto que prepara el Gobierno para acelerar expulsiones en Ceuta: "Es gravísimo"

El Gobierno ultima un Real Decreto-Ley para acelerar en Ceuta la tramitación de las solicitudes de protección internacional y los procedimientos de denegación, retorno y expulsión de personas migrantes. El borrador, al que ha tenido acceso Público y que todavía se encuentra en fase de negociación, plantea procedimientos más rápidos que, según organizaciones de derechos humanos, podrían reducir las garantías previstas en la legislación española, el Pacto Europeo de Asilo y los convenios internacionales firmados por España.

Más de una decena de organizaciones de derechos humanos han alertado en un comunicado conjunto de las "fatales consecuencias" que, a su juicio, podría tener la norma para el derecho de asilo y la protección de los derechos humanos. El objetivo del Gobierno es agilizar la resolución de expedientes y los retornos a Marruecos mediante un procedimientos exprés. Lo justifican como una de las medidas extraordinarias adoptadas tras la declaración, en agosto, de la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. Por tanto, estas normas solo serían aplicables en Ceuta y mientras permanezca vigente dicha situación extraordinaria.

El Gobierno planeaba aprobar el decreto el pasado martes pero el ministro encargado del mando único en Ceuta, Ángel Víctor Torres, señaló que el proyecto aún no contaba con "el visto bueno definitivo". Fuentes del Ejecutivo señalan a Público que planean presentarlo la próxima semana probablemente con nuevas modificaciones después del malestar social que ha generado conocer este primer borrador. Se trata de una norma que también ha levantado críticas entre los socios del Gobierno ya que, según señalan fuentes de Sumar, estarían intentando paralizar su aprobación.

Amenaza al principio de no devolución

"Lo más grave es que este anteproyecto pone en entredicho un principio básico del derecho internacional, que es el principio de no devolución", sostiene Javier Lucas, catedrático emérito de filosofía del derecho y filosofía política. Este principio, recogido en la Convención de Ginebra, impide devolver a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura o daños graves.

El borrador señala que este principio "no podrá ser invocado en caso de excepción o pérdida del derecho por peligro para el orden público o la seguridad nacional", con independencia de la nacionalidad de la persona migrante. Así, podría expulsar a una persona cuando, por ejemplo, incurra en un "comportamiento violento" pero también cuando haya participado en "tumultos" u otras actividades sancionables administrativa o penalmente por afectar al orden público o a la seguridad ciudadana.

"Este es un concepto jurídico excesivamente amplio con el que pueden darse diferentes interpretaciones, sobre todo cuando se está acusando a estos migrantes de ser una amenaza o invasores. No puede utilizarse como un cheque en blanco para considerar que cualquier persona, incluso un menor o un solicitante de asilo, representa un peligro", precisa De Lucas.

ACNUR recuerda que las restricciones al derecho de permanencia no pueden poner en riesgo el principio de no devolución. "Incluso cuando existan motivos relacionados con el orden público o la seguridad, deben adoptarse medidas que permitan realizar la evaluación individual de las necesidades de protección sin poner a la persona en riesgo de persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes u otros daños graves", señala Paula Berranchina, portavoz de la organización, a Público.

Además, el decreto especifica que quienes hayan recibido una resolución desfavorable serán expulsados a países considerados de origen seguros por la Unión Europea, entre los que se encuentra Marruecos, a pesar de ser considerado por organizaciones de derechos humanos como un país donde se incumplen estas garantías. "Este problema viene del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo que recoge a Marruecos y otros países que nos respetan los derechos humanos como seguros. Bajo este prisma, no hay prácticamente ningún marroquí que se pueda acoger al derecho a asilo en Ceuta, salvo algunos casos. Sobre todo de menores y mujeres que puedan demostrar haber sido objeto de violencia sexual o familiar, que hayan sufrido tortura o privaciones de libertad", señala el catedrático a Público.

Planea apartar a ACNUR del procedimiento de asilo

Otra de las garantías a las que el real decreto da tijeretazo en esta propuesta es a la presencia del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiado (ACNUR) en el procedimiento de asilo. Por primera vez, no será necesario el examen previo por parte de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, encargada de estudiar los expedientes y formular una propuesta sobre las solicitudes de protección internacional. La agencia de la ONU asegura a Público que ha conocido por los medios de comunicación que el Gobierno prepara esta reforma y señala que, por el momento, no ha recibido información oficial ni ha sido consultada. "Cualquier modificación debe preservar plenamente las obligaciones internacionales y europeas de España en materia de protección de las personas refugiadas y solicitantes de asilo, así como las garantías del procedimiento de protección internacional", señala ACNUR.

"Es un hecho gravísimo contra el Derecho Internacional por la ausencia de supervisión independiente, da menos garantías y un mayor riesgo de que perfiles vulnerables no sean identificados ni protegidos", denuncia la asociación Elín, presente en el terreno en Ceuta.

Los riesgos de una tramitación acelerada

Mauricio Valiente, director general de CEAR, critica especialmente que el texto desvincule el procedimiento de la solicitud de protección internacional con la autorización para pertenecer en el país. La legislación actual protege al solicitante frente a la devolución o expulsión, mientras se estudia el caso. Sin embargo, en el caso de las personas que se encuentran en Ceuta, de aprobarse este texto, podrían ser expulsados aunque aún no se haya resuelto su petición. "Al final, si esa persona realmente ha sido perseguida, la protección internacional que pudiera reconocérsele posteriormente no va a tener ningún tipo de eficacia. La devolución hace que se rompan las posibilidades de conexión con la persona migrante en la inmensa mayoría de los casos", explica Valiente.

Además, si una persona no pide asilo en los siete primeros días desde que se acuerda su devolución, no se le permitirá pedirlo a posteriori, y para recurrir en los tribunales la decisión de expulsión, solo dispondrán de cinco días naturales desde que recibe la notificación para presentar un recurso contencioso-administrativo.

Cuando los solicitantes residan en centros de acogida masificados, la resolución no se les notificará en mano, sino mediante un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una circunstancia que critican las ONG que están en terreno ya que consideran que puede ser complicado que las personas puedan ver a tiempo esta notificación ya que viven sin acceso regular a internet, no tienen un certificado digital y la mayoría no habla español para poder comprender su contenido.

Además, CEAR señala que los plazos tan cortos también afectan al trabajo de los abogados a la hora de poder estudiar cada caso y presentar un recurso. "Formalmente se respetan la posibilidad de recurso y la asistencia letrada, pero materialmente es muy difícil que puedan llevarse a la práctica. Lo que vemos es que al final se pretende denegar al mayor número de personas y proceder a su expulsión", señala el director general de la organización.