Deportación masiva de migrantes, la paranoia ultra sin base legal que pisotea los derechos humanos

Vox ha cruzado una nueva línea contra la población migrante, contaminado por el delirio de Trump. Este lunes, en rueda de prensa, la diputada Rocío de Meer lanzó por primera vez la propuesta de realizar deportaciones masivas si su partido llegase al Gobierno. "Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país [...] ocho millones son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres", manifestó De Meer. Como solución, apuntó que "todos estos millones de personas tendrán que volver a sus países".  

El partido ultra lanzó este misil en una rueda de prensa convocada para valorar un caso de violación ocurrido en Alcalá de Henares atribuido presuntamente a un joven de Malí residente en un centro de acogida. Vox no tardó en instrumentalizar la agresión sexual. Transformó un hecho aislado en munición política.

La propuesta de Vox no hace distinciones entre aquellos que están en situación irregular o los que tienen permiso de residencia o incluso el pasaporte español. El partido de extrema derecha ha encontrado al enemigo: tu vecina de Colombia que regenta una tienda, la cuidadora boliviana de tu abuela, el hijo de senegaleses que juega en el parque con los demás niños. 

Un planteamiento sin precedentes en la democracia española, no solo por su radicalidad, sino por su incompatibilidad con la legislación vigente. "Para querer intentar llevar a cabo algo someramente similar a lo que Vox propone España debería modificar radicalmente su Constitución, el Código Civil, la normativa de extranjería, salirse de la UE, del Consejo de Europa y de los convenios de derechos humanos ratificados", remarca Adilia de las Mercedes, directora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos.

En primer lugar, una deportación masiva de este tipo está prohibida a nivel europeo. "Desde el punto de vista legal, las decisiones de retorno -que es el término técnico empleado en la legislación europea para designar la expulsión de personas migrantes- no admiten ni permiten procedimientos masivos o colectivos de expulsión. De hecho, están expresamente prohibidos por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado vinculante para España", explica Javier Moreno, abogado especializado en extranjería.

Las deportaciones colectivas están prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Este principio busca evitar precisamente lo que Vox plantea: deportaciones indiscriminadas. Cada caso debe evaluarse individualmente, ya que muchas personas podrían necesitar protección internacional o enfrentar amenazas graves si son devueltas a sus países de origen. "Este principio, conocido como principio de no devolución, está consagrado en el Derecho Internacional y protege a quienes podrían ser víctimas de persecución o violencia", añade Moreno.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con personas procedentes de "zonas de no retorno", como algunos territorios de Malí o Burkina Faso controlados por grupos armados. En estos casos, devolverlas sería poner en peligro su vida. La ley española y los tribunales internacionales garantizan su permanencia. 

"También el Tribunal Supremo en una sentencia de 2023 dejó claro que la simple estancia irregular no basta para justificar una expulsión, salvo que concurran agravantes como antecedentes penales o delitos graves", recuerda el jurista. Asimismo, el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice expresamente que "las expulsiones colectivas están prohibidas".

Tampoco sería legal expulsar a una persona con arraigo en el país, es decir, que puede acceder al permiso de residencia por vínculos familiares, sociales, laborales o educativos que acrediten su integración en la sociedad española. "El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) protege este tipo de situaciones: forzar la salida de alguien con arraigo puede vulnerar su derecho a la vida privada y familiar, reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Así lo ha establecido de forma reiterada el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su jurisprudencia", explica De las Mercedes, abogada de DEMOS.

Además, Vox elevó la cifra a ocho millones de migrantes, sin embargo, según los últimos datos del INE, en España residen unas 6,9 millones de personas nacidas en el extranjero, de las que más de la mitad -3,7 millones- son de países de la UE, que al ser ciudadanos comunitarios hacen inviable su expulsión.

La propuesta incluía además la expulsión de hijos de migrantes o miembros de la segunda generación que hayan nacido en el país si no muestran su voluntad de integrarse. De las Mercedes desmonta esta ocurrencia: "No se puede expulsar a una persona menor de edad cuyos progenitores o alguno de ellos resida también en España. Y en el caso de que fuera posible, habría que decretar primero la expulsión del progenitor extranjero; y posteriormente analizar si el interés superior de ese menor recomienda su expulsión. Esto con todas las personas menores de edad. Si además nació en España esto funcionaría como un criterio de arraigo, lo que dificultaría aún más su expulsión".

 El "gran reemplazo" y la "remigración"

El líder del partido ultra, Santiago Abascal, no ha dado este martes una cifra exacta y ha optado por un enfoque más difuso y peligroso al hablar de quiénes serían expulsados. "Todos los que hayan venido a delinquir. Todos los que pretendan imponer una religión extraña. Todos los que maltraten o menosprecien a las mujeres. Todos los que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás. Y todos los menas, porque los menores tienen que estar con sus padres", ha escrito en su cuenta de X.

La propuesta de Vox se inspira en teorías conspirativas de la ultraderecha europea como el "gran reemplazo", motivado por la extrema derecha francesa: una narrativa que ilustra la migración como una amenaza demográfica y cultural y no como la realidad compleja que es. Y la "remigración" -el retorno forzado de migrantes no europeos a su país de origen- un término que han tomado prestado de los ultras alemanes. "Nosotros apostamos por este proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo", defendió De Meer. "Pensamos que hay que aplicar procesos de remigración masiva para paliar todo el daño que han hecho las políticas del bipartidismo. Para nosotros no hay opción, es un deber", apostilló.

 La propuesta de Vox se inspira en teorías conspirativas de la ultraderecha europea como el "gran reemplazo"  

Unas deportaciones que incluirían, paradójicamente, a los mismos migrantes venezolanos a los que Vox ha expresado su apoyo en repetidas ocasiones, siempre que hayan huido del régimen de Nicolás Maduro. 

Discurso xenófobo y posible delito de odio  

Desde el punto de vista legal, los dos juristas consultados por Público coinciden en que el discurso de la remigración podría incluso tener consecuencias penales. "Es un ejemplo claro de un discurso que fomenta el odio y la intolerancia, tal y como ha advertido la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). Este tipo de mensajes no sólo contravienen el Estado de derecho, sino que también pueden alimentar episodios de violencia y desconfianza social", denuncia Moreno.

De las Mercedes advierte que Vox y otras figuras de la extrema derecha "se mueven en los límites aparentes existentes entre la libertad de expresión y el discurso de odio". Aunque reconoce que hasta ahora no ha habido condenas por discursos similares, considera evidente que "cuando se criminaliza a un colectivo -al que se le hace culpable de los males del país-, se establece como condición su expulsión, se arguye como motivo de su necesidad la recuperación de una aludida pureza racial patria", se está vulnerando claramente el marco legal y democrático.

La jurista subraya que este tipo de declaraciones “son realizadas por miembros de un partido político, los cuales no pueden excusarse en la falta de acceso a datos ni en el desconocimiento de la ley”. Añade que, al señalar públicamente a las personas extranjeras como una amenaza "con el único supuesto argumento de la nacionalidad y origen étnico racial de estas personas", se busca generar legitimación social para unas políticas que, en su opinión, traspasan los límites del derecho.

  Las voces migrantes en España reclaman que no se las utilice como arma política

Mientras tanto, las voces migrantes en España reclaman que no se las utilice como arma política. "El discurso de la extrema derecha lo que hace es darle una patada al avispero, porque eso es lo que buscan. Quieren poner el foco mediático en sus discursos de odio y criminalizadores", denuncia Silvana Cabrera de la plataforma Regularización Ya, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de migrantes.

"Otra vez los partidos políticos españoles están utilizando la migración para levantar el debate y la opinión pública, y somos nosotras las personas migrantes que llevamos años viviendo y trabajando en distintos ámbitos de la economía y la sociedad española que nos hemos autoorganizado para presentar la ILP de regularización y esta sigue durmiendo en el Congreso, exigiendo que no se instrumentalice nuestras vidas, ni la de nuestras hermanas y hermanos migrantes, sino que empecemos a hablar de la migración a través de una perspectiva de derechos, no de una manera partidista", denuncia Cabrera.