"Sin empadronamiento, no existes": así funciona la primera barrera para la integración de extranjeros empobrecidos

La casilla de "domicilio de empadronamiento" aparece en cada formulario seguida de una larga línea negra. Sobre ella, cualquier ciudadano que viva en España debe escribir la dirección en la que reside. De esta forma, las diferentes administraciones saben dónde tributa y consume recursos cada ciudadano. El empadronamiento es la llave que abre sucesivas puertas hacia la integración. En función de la comunidad autónoma, este trámite permite acceder a la tarjeta sanitaria, la inscripción como demandante de empleo o la homologación de títulos universitarios. Sin él, es imposible solicitar muchas ayudas públicas, como el Ingreso Mínimo Vital o ayudas para el alquiler o el pago de suministros.

Cuando Marcela Maspero, venezolana de 65 años, llegó a España en 2019, lo hizo como retornada. Es decir, como descendientes de españoles. Este estatus le permitía tener un pasaporte español y acceder a la doble nacionalidad. Pese a todo ello, cuando trató de asentarse en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), las dificultades para empadronarse resultaron un verdadero quebradero de cabeza. Los primeros meses estuvo viviendo en casa de uno de sus hijos, que se había mudado a la isla con su familia el año anterior. En aquel momento, ningún miembro de la familia trabajaba todavía por lo que recibían la Prestación Canaria de Inserción, que según Maspero, rondaba los 400 euros mensuales.

El empadronamiento cruza estructuralmente la problemática de los retornados y de quienes vienen de terceros países 

Marcela deseaba comenzar sus trámites cuanto antes para obtener su DNI y sacar su tarjeta sanitaria, pero no pudo. Explica a Público que si se empadronaba en la casa de su hijo –donde de facto convivían seis personas– perderían la ayuda del Gobierno canario. "La administración saca su propia cuenta y entiende que, si me podían tener ahí sin trabajar, ¿para qué van a necesitar la ayuda?". Tuvo que esperar "unos meses" a que el matrimonio encontrara trabajo y renunciara a la ayuda. Ahora, Maspero tiende una mano a otras personas de origen extranjero para salvar este obstáculo a través de la Asociación Solidaridad Venezuela.

En palabras de la venezolana, el empadronamiento "cruza estructuralmente la problemática de los retornados y de quienes vienen de terceros países", que queda sujeto además al mermado derecho a la vivienda en España. Esto condiciona "el inicio" del proyecto migratorio de la población extranjera más vulnerable y dificulta su acceso a numerosas ayudas. De hecho, para acceder a la mayoría de ellas es necesario estar empadronado en un municipio por un determinado período mínimo.

Aún así, permanece la idea de que quienes vienen de fuera se aprovechan de los recursos públicos y reciben ingentes ayudas nada más llegar al país. La investigación internacional Landscape of change (Entornos cambiantes), en la que ha participado Público, ha constatado que, por lo general, allí donde más población migrante empobrecida reside es también donde menos inversión real hacen los municipios en sus áreas de servicios sociales.

Este trabajo periodístico, coordinado por el medio maltés Amphora Media y financiado por Journalism Fund, ha estudiado los lugares en los que más se ha incrementado el número de personas de origen extranjero entre 2014 y 2023, así como los recursos municipales, y autonómicos (en concreto, sobre educación y sanidad) invertidos en ellos. Esto ha permitido comprobar que, de forma general, donde más necesarios son estos recursos es donde menos se invierte. En el caso de Granadilla, entre 2014 y 2023, el Ayuntamiento redujo el gasto en Servicios Sociales en 10,3 euros menos por habitante, situándose en los 81,9 euros por persona en el último año de dicho periodo, según los datos del Ministerio de Hacienda.

No sólo eso, sino que para acceder a ellos, las personas deben estar previamente empadronadas. Algo que, según los testimonios recogidos por este periódico, es especialmente difícil de conseguir para quienes vienen del extranjero. A esto ha contribuido la derechización de los gobiernos locales. En palabras de Maspero "la cuestión migratoria está completamente desaparecida del Ayuntamiento de Granadilla de Abona", actualmente en manos de Coalición Canaria, PP y Vox.

En 2023, estaban censadas en este municipio canario unas 55.505 personas, de las que el 26,1% eran extranjeras. La mayoría de ellas procedían de América Latina, especialmente de Venezuela. Asegura el psicólogo y activista Mba Bee, residente en Granadilla, que muchas de las personas que viven allí trabajan en Adeje, uno de los municipios más turísticos de España, y donde el alquiler hace casi imposible el acceso a la vivienda para las rentas bajas. La situación en Granadilla tampoco es mucho mejor: el precio del alquiler por metro cuadrado ha pasado de 5,3 euros en enero de 2014, a los 11,1 en enero de 2023, según los datos de Idealista. Actualmente, el precio del metro cuadrado se sitúa en los 15,3 euros.

Los abusos del mercado del alquiler

Rosario Lucas, responsable del área social y de vivienda de Elche Acoge, lo tiene claro: "Desde que empecé a trabajar aquí, el mayor problema que he visto es el de la vivienda. Cada vez va a peor". Lo ejemplifica con una anécdota: "Hemos llamado a inmobiliarias interesándonos por alquilar una vivienda y nos han dicho que sí cuando acababan de colgarle a un usuario [persona extranjera] al que le habían notado el acento y les había dicho la nacionalidad". Ello, pese a que "cumplía todos los requisitos", apostilla Trinidad Urbán, coordinadora de Elche Acoge.

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Dichos requisitos no son poca cosa. Lo primero es contar con una nómina. Esta primera condición es imposible de lograr para quienes se encuentran en España sin papeles. Una población que, según la estimación de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en 2023, rondaba las 686.000 personas. Hay que tener en cuenta aquí que la organización incluyó en esta cifra a quienes tenían un permiso de estudios o uno de residencia –o lo estaban renovando– o estaban a la espera de la resolución de una petición de asilo. "Sin empadronamiento, no existes para la administración", subraya Lucas. Esto imposibilita, de facto, conseguir ninguna ayuda. De hecho, los datos utilizados por Público en esta investigación no tienen en cuenta a quienes se encuentran en España en situación irregular.

Pero también quienes se encuentren en situación regular, especialmente quienes vienen de algún país del sur global, tienen dificultades para encontrar trabajos bien remunerados e incluso, en los que estén legalmente contratados. Además, "acceden a trabajos precarios, inestables, donde trabajan por pocas horas, con lo que es imposible acceder a los precios del mercado del alquiler", abunda Rosario Lucas. Especialmente, si solicitan "tres veces la renta de alquiler" para el mes de entrada.

En aquellos casos en los que la persona logra reunir todos los requisitos solicitados, puede encontrarse con la situación de que el casero no le haga contrato porque no desea declarar ante el Ministerio de Hacienda las rentas que reciben del alquiler de una propiedad. En septiembre de 2024, el organismo público estimaba que el 21,1% del parque de viviendas español, unas 600.000, estaban siendo arrendadas de forma fraudulenta. Esta valoración fue hecha después de que, entre 2015 y 2024, Hacienda informara de que había incorporado 1,3 millones de declaraciones del IRPF que incluían rendimientos de capital inmobiliario. Es decir beneficios por comerciar con una propiedad inmobiliaria.

A este cóctel hay que sumarle el encarecimiento de los precios del alquiler, que desde la crisis financiera de 2008 parecen no tocar techo. Especialmente allí donde hay más presión turística.  De poco ha servido la aprobación de una ley estatal en 2023 que prohibía ciertas prácticas abusivas por parte de propietarios y mediadores de la gestión del alquiler. Tal y como denuncian los movimientos por el derecho a la vivienda de todo el Estado, la escasa o nula fiscalización del cumplimiento de estas normas por parte de las administraciones públicas siguen haciendo del alquiler un negocio de las clases más altas a costa de las más bajas y el foco de especulación en España.

De esta forma, la vivienda termina siendo "un derecho básico que la gente no puede satisfacer a través del mercado inmobiliario" y que lastra la mayoría de las ayudas a las que podrían acceder las personas en situación de vulnerabilidad. Incluso, aquellas que están relacionadas con el pago del alquiler. "Como no tienen manera de demostrar que están viviendo allí y no pueden empadronarse, no pueden beneficiarse de ellas", lamenta Lucas. 

En su ensayo Silencio administrativo, la periodista Sara Mesa reflexiona acerca de esta espiral sin salida y concluye que "evitar el empadronamiento es una manera de despachar con rapidez ciertos problemas". En un capítulo dedicado a este asunto, explica que las personas que no pueden acceder al padrón no están en riesgo de exclusión, sino que "ya ha[n] sido excluida[s]".

Cuestión de clase: de la Golden visa a la autoconstrucción

"Lo más difícil fue empadronarme", explica a Público Caty con un ojo puesto en su hija, que corretea incansable entre el columpio y su madre. Sentada en el muro que delimita el pequeño parque de Almoradí, en Alacant, explica cómo fue su llegada a España. Caty tiene unos 30 años y su hija todavía no ha cumplido los dos. Vino desde Colombia con su marido en 2023 y se asentó en este pueblo siguiendo las indicaciones de otros compatriotas que habían emigrado antes que ella. Después de siete meses residiendo en un lugar donde no la dejaban empadronarse, la familia del anciano al que cuidaba le permitió hacerlo en la vivienda del hombre. "Tuve suerte", asegura a este periódico. Antes, sólo había podido acudir al hospital por urgencias y no había podido acceder a ninguna ayuda.

No hay nada que evidencie más la división de clase que existe entre la población migrante que los conocidos como  'visas oro'

Si Caty viniera de Reino Unido, de Noruega u otros países de la UE, como el 59% de los censados en Rojales en 2023, es probable que no le hubiera costado tanto empadronarse. De hecho, es posible que viviera en Ciudad Quesada, una urbanización a pocos kilómetros del parque en el que Caty conversa con Público. Este barrio es conocido en el pueblo por ser un lugar en el que solo viven extranjeros europeos, muchos de los cuales vienen a pasar el final de su vida a España. Aunque tienen un mayor nivel adquisitivo que quienes proceden del sur global, cabe decir que no todos los británicos o noruegos que llegan a la Vega Baja son ricos, como asegura a este periódico la camarera de un bar de Rojales, cuyos padres son ciudadanos escoceses que emigraron a España para levantar el negocio que ahora atiende la joven.

No hay nada que evidencie más la división de clase que existe entre la población migrante en este sentido que la conocida como los "visados de oro", vigentes desde el 2013 hasta el principios de este año, cuando entrará en vigor la derogación de la norma que la hacía posible. Estos visados, promovidos especialmente desde la crisis financiera de 2008, facilitaban obtener la residencia española a los extranjeros que compraran inmuebles de más de un medio millón de euros o adquirieran deuda pública por valor de 2 millones de euros, entre otras opciones. Tal y como informó Público, en estos meses previos a su desaparición, la expedición de estos visados se ha disparado más de un 50% desde que el Gobierno anunciara su desaparición.

Estos casos son la excepción. Quienes llegan a España con pocos recursos y a trabajar deben optar por otras opciones, como compartir piso con desconocidos. "Ha proliferado mucho el alquiler de habitaciones", explican desde Elche Acoge. "Muchas veces están compartiendo viviendas familias con menores, con hombres solos, con las dificultades que eso conlleva", relata Rosario Lucas. Por este tipo de alquiler, una mujer paraguaya a la que entrevistó este periódico en Roquetas de Mar (Almería) –y que prefiere no dar su nombre– paga actualmente 300 euros mensuales con gastos aparte. "La gente se aprovecha de nuestra situación y quiere que le salga gratis su alquiler, así que alquila una casa y sube el precio a todas las habitaciones", explica. "El trato [que se les da a los migrantes] no es lo que uno merece, pero como somos migrantes tenemos que callarnos, porque necesitamos el trabajo".

De todas las personas que migran a España para trabajar, las que están en la capa social más baja son aquellas que ni siquiera pueden acceder a una vivienda. Bien sea por incapacidad para pagar el alquiler o por el rechazo de los propietarios de los inmuebles a arrendarlos a personas extranjeras –sobre todo de aquellas que proceden de los países africanos–, hay quienes no tienen más opción que vivir en chabolas autoconstruidas o en infraviviendas.

Este fenómeno es bastante habitual en lugares donde las personas migrantes desarrollan trabajos agrícolas. Es el caso de Níjar (Almería), en cuyas casi 14.000 hectáreas de invernaderos trabaja buena parte del 47% de la población extranjera que reside en el municipio, según los datos del Censo de Habitantes del INE de 2023. La práctica totalidad de ellos procede de países del sur global, especialmente del continente africano. Esta cifra creció en 7,1 puntos porcentuales desde 2014, lo que hace de este, el municipio con mayor población africana de toda España. 

Pero en Níjar no solo viven quienes trabajan allí, sino también quienes lo hacen en los municipios adyacentes. Según las estimaciones del Servicio Jesuita de Migrantes, actualmente viven en la localidad almeriense unas 1.600 personas en asentamientos chabolistas. De acuerdo a un informe publicado por este organismo el pasado mes de julio, otras 1.400 y 1.500 vivían en infraviviendas. Es decir, cortijos abandonados, invernaderos o almacenes. Para quienes viven en estas condiciones, el empadronamiento y, por tanto, el acceso a trámites y ayudas resulta casi imposible. Ello, pese a que las Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal del 2015 apuntalaron el empadronamiento de oficio.

Empadronamiento de oficio

La norma que regula las bases del empadronamiento en España es la ley 7/1985, en cuyo artículo 15 establece que el derecho al empadronamiento es obligatorio para todo el que viva en España, y que los municipios deben ofrecer esta posibilidad. Daniel Izuzquiza, coordinador de la delegación de Almería del Servicio Jesuita de Migrantes, asegura que este mandato se cumple a duras penas. Según la experiencia del jesuita, desde 2023 es más sencillo en los asentamientos chabolistas. Antes de esa fecha "ni lo intentaba", lo cual "generaba un gran mercado negro de compraventa de padrones o de gente que buscaba algún amigo que le permitiera empadronarse en su casa". Esto "distorsionaba la realidad del municipio".

La situación es mucho más complicada para quienes residen en infraviviendas. En estos casos, el Gobierno municipal ha establecido un procedimiento que, de facto, impide el empadronamiento –y por tanto, el acceso a recursos públicos– de quienes viven en esta situación. Debido a que las infraviviendas suelen encontrarse en propiedades de particulares –como un invernadero o una caseta de herramientas– el dueño debe personarse en el Ayuntamiento para autorizar a la persona que vive en su propiedad para que pida el empadronamiento en ella. En la práctica, explica Izuzquiza, esto impide el empadronamiento.

Este tipo de escollos burocráticos toman diferentes formas en función del territorio. Pero, como confirma Elche Acoge gracias a la información que les llega de otras delegaciones de su red de acogida, se reproducen en todos los territorios.  El objetivo, sospechan, es recortar el gasto social a través de dificultar el acceso a los recursos de quienes trabajan en España procedentes del extranjero.