La fiscal de Sala de Menores cree que la propuesta del PP de devolver a los niños de Ceuta "no tiene sentido"

La fiscal de la Sala de Menores, Teresa Gisbert, ha asegurado que la propuesta del Partido Popular y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de devolver a los menores migrantes llegados a Ceuta "no tiene sentido" y ha destacado la obligación legal de "valorar" previamente y "a título personal" el "interés superior del menor".

En este sentido, ha negado la posibilidad de retornar "directamente" y de forma "instantánea, directa y exclusiva" a los niños no acompañados que arribaron a la ciudad autónoma el pasado 30 de julio sin antes "conocer sus circunstancias", según ha explicado en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser.

Unos criterios que aplican a todos los menores no acompañados que lleguen a territorio español de manera irregular y para los que se han establecido "una serie de requisitos" que son "garantías legales" de obligado cumplimiento y que se encuentran recogidas en "el Convenio Europeo de Derechos Humanos", "la Convención sobre los Derechos del Niño", "la Ley de Extranjería" o "la Ley de Protección Jurídica del Menor".

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"La normativa está clarísima y es europea", ha destacado, porque el pasado el 12 de junio del 2026 entró en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA). "Está muy claro cómo se tiene que hacer".

La fiscal de Sala de Menores ha detallado que el protocolo a seguir obliga a "hacerles entrevistas personales con intérpretes", "valorar su situación familiar y personal" o realizar "informes de la situación familiar en origen" para constatar que no se le envía a "una situación de desprotección". "Todo un sistema de garantías al que está obligada España y toda Europa", ha aseverado.

"Se está haciendo lo que se puede", ha añadido, "pero lo que no se puede hacer es no cumplir con la legislación" y "lleva su tiempo cuando quieres un procedimiento con garantías".

Las "pegas" de las comunidades de PP y Vox

También ha asegurado que, aunque algunas comunidades autónomas "ponen pegas" a la hora de acoger a menores migrantes, al final "ceden" cuando el fiscal se dirige a la región para trasladarles que no se pueden negar a acoger los menores protegidos por "los reales decretos de contingencia migratoria". "No tienen más remedio porque es el cumplimiento de la ley", ha añadido.

"Que no tengo plazas, que las tengo ocupadas...", ha enumerado Gisbert para ejemplificar algunas de las respuestas que reciben de gobiernos autonómicos antes de que el fiscal jefe "acabe interviniendo" para que se cumpla "la ley". Y ha acusado a las comunidades de "intentar entorpecer" el proceso de acogida recogido en la legislación.

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Preguntada por si las autonomías que ponen "trabas" están gobernadas por la derecha o si "también hay alguna socialista", Gisbert ha respondido que solo le constan comunidades gobernadas por PP y Vox porque ha tenido que intervenir "personalmente".

Gisbert ha explicado que los criterios para trasladar a 500 niñas a la Península responden a la prioridad de proteger antes a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. También ha afirmado que hay "una superpoblación" de menores en Ceuta, y ha cifrado en 800 el número de niños no acompañados que ya residían en la ciudad autónoma antes de la crisis migratoria desatada a finales de julio.

También ha destacado que los menores entrevistados hasta la fecha "no quieren volver a Marruecos" sino "ir a la Península", y que no ha habido ningún "padre" o "madre" que haya llamado para reclamar que le "devuelvan" a su hijo. Al contrario, ha afirmado que "muchos progenitores" han llamado asegurando saber que su hijo está en Ceuta y que les parece "estupendo" porque quieren que "los sistemas de protección de España" les acojan.

Por último, ha destacado el trabajo de todos los responsables de la Fiscalía que están trabajando en Ceuta porque están "trabajando en equipo" y ha anunciado que se van a abrir "comisiones de servicio voluntarias" para acudir a Ceuta a "ayudar".