El Gobierno advierte de que habrá consecuencias legales si las autonomías incumplen la acogida de menores migrantes
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, critica el anuncio de varias autonomías gobernadas por el PP de recurrir la medida. Señala que en un país de 49 millones de habitantes acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que habrá consecuencias legales si las Comunidades Autónomas incumplen la ley por la que se derivará a menores migrantes no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías.
El ministro ha lanzado esta advertencia en declaraciones a los periodistas desde la sede del Ministerio de Justicia, al ser preguntado sobre la posibilidad de desplegar, en caso de incumplimientos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la que ha aludido este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
"No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales", ha señalado.
Además, ha defendido que los criterios para distribuir a los menores no acompañados son objetivos, claros y transparentes y que en caso de que una comunidad triplique la ratio de acogida de 32,6 menores migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes se activa el traslado a otras comunidades.
Según Bolaños, estos criterios son solidarios con las Comunidades Autónomas que tienen más presión migratoria entre las que ha mentado a Canarias, Ceuta y Melilla y también a Andalucía o Balears.
Este jueves entra en vigor el último decreto aprobado por el Gobierno, que fija la capacidad de acogida de cada autonomía y supone el arranque de la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 adolescentes y niños procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones.
Además, los menores extranjeros que lleguen a partir de septiembre a zonas tensionadas serán derivados a otros territorios en un plazo de 15 días.
El destino de los menores serán comunidades con menos saturación en sus recursos. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.
Con datos de máximos hechos públicos en julio, el Gobierno calculaba que Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y País Valencià (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Illes Balears (49).
Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni Euskadi ni Catalunya tendrían que acoger a ningún joven, aunque Catalunya anunció su intención de atender como mínimo a 31.
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Contra este decreto están batallando en los tribunales diez comunidades autónomas presididas por el PP y Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE.
Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido "humanidad" al resto de presidentes autonómicos y ha señalado que en un país de 49 millones de habitantes acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema.
Así se ha expresado Clavijo tras una reunión en Santa Cruz de Tenerife con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el día que entra en vigor el decreto que fija las capacidades máximas de los sistemas de acogida autonómicos de menores y tras el anuncio de varias Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular de recurrir la medida.
"Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo", ha declarado Fernando Clavijo.
Respecto al ritmo de salida de los menores hacia otros centros de la península, ha dicho no entender el porqué de la lentitud y las salidas "a cuentagotas", si bien ha admitido que se podría hacer mejor por parte de todos.
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Por ello, Fernando Clavijo ha anunciado un refuerzo de 26 trabajadores hasta final de año para poder ayudar a tramitar toda la documentación relacionada con la tutela de los niños y adolescentes no acompañados.
Asimismo, ha aseverado estar "convencido" de que si alguna Comunidad Autónoma se niega a acogerlos, la Fiscalía "va a intervenir de oficio", pues a lo largo del proceso esta institución "ha ayudado" a que el sentido común "impere".
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