R de regularización
1.174.978 personas solicitaron la regularización extraordinaria aprobada durante el Gobierno de Sánchez, una cifra histórica que superó las expectativas del Ejecutivo.
La medida se dirigía a las personas extranjeras que residían de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevaban al menos cinco meses en el país, incluido aquellas que hubieran solicitado asilo.
La XV legislatura ha estado repleta de hitos que han tenido consecuencias no solo en el devenir político del país, también en su historia económica, social, judicial y cultural. En esta serie los recopilamos.

Madrid-
Casi 1,2 millones de personas solicitaron la regularización extraordinaria del Gobierno de Pedro Sánchez, una cifra histórica superior a las obtenidas en otros procesos similares en el España. Aprobada en abril de 2026, buscaba permitir a cientos de miles de migrantes en situación irregular acceder a derechos básicos como la residencia o el trabajo.
En concreto, se recibieron 1.174.978 solicitudes. Los datos superaron completamente las expectativas del Gobierno, que calculaba recibir unas 750.000 peticiones. La solicitud de regularización estaba dirigida a aquellas personas extranjeras que residían de forma irregular en España desde antes del pasado 1 de enero y llevaban al menos cinco meses en el país, incluido aquellas que hubieran solicitado protección internacional antes de la misma fecha.
Días después del cierre del plazo, la Seguridad Social sumó más de 150.000 afiliados gracias al permiso provisional de residencia y trabajo que obtuvieron las solicitudes que ya habían sido admitidas a trámite. Esto reflejó cómo el proceso ha permitido ya que miles de trabajadores que permanecían en la economía sumergida se incorporen al mercado laboral con plenos derechos.
La extrema derecha aprovechó esta medida para alimentar el fantasma de un supuesto pucherazo electoral. Vox utilizó la regularización para difundir el bulo de que las personas regularizadas afectarían a los resultados. "[Sánchez] ha decidido robarnos la democracia intentando alterar el censo electoral de cara a las elecciones de 2027 promoviendo un proceso de nacionalizaciones masivas", llegó a asegurar el líder de la formación en un mitin. Lo cierto es que los ciudadanos que han accedido a la regularización no tienen derecho a voto ni en las generales ni en las autonómicas.
A la difusión de estos bulos también se ha sumado el Partido Popular. Su líder y candidato en las elecciones generales del 29N, Alberto Núñez Feijóo, señaló como un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer". Sin embargo, para poder optar a la residencia era un requisito indispensable no contar con antecedentes penales.
Además, a nivel europeo la ultraderecha también usó la medida para acorralar al Gobierno de Sánchez. Tras la crisis de Ceuta a finales de julio, una carta promovida por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue firmada por 22 países para denunciar el "efecto llamada de la regularización". No obstante, posteriormente algunos países se arrepintieron y reconocieron que se habían precipitado, pues desconocían la realidad ceutí.
América Latina agrupa la mayoría de las solicitudes
Los datos definitivos, otorgados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, desgranaron que el 67% de los solicitantes son personas procedentes de América Central y América del Sur, liderados por países como Colombia o Venezuela.
Por territorios, Catalunya fue la comunidad autónoma donde se registraron más solicitudes, en concreto más de 257.000. Tras ella se sitúa la Comunidad de Madrid (202.000), el País Valencià (167.000) y Andalucía (161.000).
La medida nació de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por la plataforma Regularización Ya, que ha estado años solicitándola y que fue respaldada por más de 600.000 firmas de la sociedad civil. La ILP quedó bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo, pero finalmente se aprobó como un real decreto tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos.
Desde los años 80, España ha llevado a cabo diversos procesos extraordinarios de regularización de personas migrantes en situación irregular. Los tres primeros fueron aprobados por los gobiernos del socialista Felipe González en 1986, 1991 y 1996. Además, el Partido Popular también realizó varias regularizaciones durante las legislaturas de José María Aznar. Hasta la de este año, el proceso más multitudinario fue el llevado a cabo en 2005 por José Luis Rodríguez Zapatero, donde se concedieron más de 550.000 residencias legales.



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