La herramienta clave para frenar el racismo policial: un registro de identificaciones transparente

La identificación por perfil racial  sigue siendo una práctica habitual en el Estado español. Por cada persona blanca identificada, se registra a 7,4 personas extranjeras, según un estudio de SOS Racismo Catalunya realizado en 2023. Además, el 80% de las personas racializadas encuestadas han sido detenidas más de una vez, siendo las de origen magrebí o árabe las más afectadas.

En ese contexto, más de 400 organizaciones han decidido unirse este sábado, coincidiendo con el Día Internacional contra la Discriminación Racial, para exigir medidas urgentes que pongan fin a lo que califican sin rodeos como "controles policiales racistas".

"Estábamos tomando un café en una terraza, había varias mesas ocupadas, pero la Policía solo identificó a los que parecíamos extranjeros. Cuando le pregunté por qué, me dijo que le parecía extraño que yo estuviera tomando allí un café porque hacía frío", relata un joven colombiano en un comunicado difundido por las asociaciones.

No es una reivindicación nueva, los colectivos llevan años denunciando las "macroredadas racistas" en barrios multiculturales como Lavapiés y reclamando el fin de actuaciones policiales desproporcionadas, que en algunos casos terminan de manera trágica. Así ocurrió con Abderrahim, quien murió asfixiado a manos de un agente de la Policía Municipal de Madrid que, en ese momento, estaba fuera de servicio, durante un intento de detención por el robo de un móvil. Y, sin ir más lejos, esta misma semana, elDiario.es difundió un vídeo sobre la muerte de Haitam en Torremolinos, ocurrida en diciembre, tras recibir ocho descargas de táser por parte de la Policía. Las imágenes, obtenidas de las cámaras del local y de los propios dispositivos policiales, muestran una intervención que duró alrededor de diez minutos, durante la cual el hombre fue golpeado, inmovilizado y sometido a descargas, pese a que no había agredido a los agentes y repetía que iba a colaborar porque "no quería morir". Un informe encargado por la familia señala que la presión sobre su cuello y tórax fue un factor decisivo en su fallecimiento.

Las organizaciones -entre las que se encuentra Red Acoge, Amnistía Internacional o IRIDIA- señalan que estos no son casos aislados ni malentendidos puntuales, sino una práctica sistemática que marca a ciertas personas como sospechosas tan solo por su perfil racial.

Las consecuencias no se quedan en el momento de la identificación. Las paradas, registros y redadas basadas en perfil racial afectan a la salud física y emocional de quienes las sufren, obligados a justificarse en espacios públicos donde otros pasan desapercibidos. "Para las personas migrantes incluidas las que están en procesos de regularización, las consecuencias pueden ser dramáticas porque pueden incluir la expulsión o la dilación en la obtención de permisos de residencia y trabajo si la Policía les para y les multa o se les impone algún tipo de sanción", denuncian.

Documentar las motivaciones de la intervención policial

Frente a esta situación, los colectivos plantean que se implanten de forma obligatoria formularios de parada policial. Es decir, registros que documenten cada identificación con datos desagregados, razones objetivas y resultados de las identificaciones, garantizando su publicación y transparencia en las actuaciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Estos formularios permitirían documentar objetivamente las motivaciones, el contexto y los resultados de las intervenciones policiales, facilitando la identificación de posibles prácticas discriminatorias. "El éxito de esta herramienta depende de que los datos recogidos permitan identificar los grupos de población afectados, las razones de las intervenciones y sus resultados, así como de garantizar la transparencia en la comunicación pública de la información", señalan.

Los formularios ayudan a detectar y prevenir posibles prácticas discriminatorias, especialmente hacia personas migrantes o racializadas. Para ello, deben integrarse en un sistema de registro accesible para supervisión independiente, con datos desagregados que permitan detectar patrones discriminatorios. Asimismo, consideran imprescindible que la sociedad civil participe en el diseño, desarrollo y evaluación de estos sistemas de registro. 

Uno de los principales obstáculos para abordar esta problemática es la negación por parte de las autoridades implicadas, que suelen limitarse a señalar que se trata de casos aislados atribuibles a comportamientos individuales, sin querer reconocer la existencia de una práctica estructural. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales llevan años denunciando que se trata de una práctica arraigada como método de control migratorio, que contribuye a generar desconfianza hacia las fuerzas policiales, aumenta la infradenuncia de vulneraciones de derechos y refuerza el sentimiento de indefensión entre las personas afectadas. 

Los colectivos, además, reclaman que se incluya en la Ley de Seguridad Ciudadana una prohibición explícita de las identificaciones policiales basadas en el perfil racial o étnico, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

A nivel europeo, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea advertía en 2024 de que las personas negras tienen un mayor riesgo de ser objeto de controles policiales. Un 34% de jóvenes afrodescendientes entre 16 y 24 años había sido parado por fuerzas de seguridad en los cinco años previos al estudio. En España, el 34% de los hombres afrodescendientes fueron identificados, y entre quienes fueron detenidos en el último año, el 58% considera que su última detención estuvo motivada por discriminación racial. Con un 66%, España se sitúa como el segundo país con la tasa más alta en esta percepción.

Ante este panorama, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha instado al Estado español a "tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos", así como a garantizar su investigación y sanción.