La UE ha deportado a 235 personas a Afganistán desde la llegada de los talibanes al poder

El 15 de agosto de 2021 los talibanes tomaron Kabul, capital de Afganistán. Ocurrió apenas 100 días después de que EEUU, entonces presidido por Joe Biden, comenzara a retirar a sus tropas del país. Desde que se instauró el Emirato Islámico de Afganistán, las noticias que llegan desde este basto territorio de Oriente Medio hablan de asesinatos extrajudiciales, supresión de las garantías procesales, destierro de las mujeres de la vida civil y persecución de cualquier forma de vida que no se adhiera a una lectura fundamentalista del islam. Nada de ello ha impedido a la UE devolver a alrededor de 225 hombres y 10 mujeres al régimen talibán. Es decir, prácticamente a una persona cada cinco días.

Así lo muestran los datos recopilados por Eurostat entre julio de 2021 -cuando los talibanes avanzaban hacia Kabul- y 2024, última fecha de la que hay datos disponibles para la mayoría de los paises. Las cifras de expulsiones  de ciudadanos extranjeros son aportadas trimestralmente por cada uno de los Estados miembros al instituto estadístico europeo. Según la información publicada por este y analizada por Público, el grueso de las deportaciones de ciudadanos afganos a su país de origen se produjeron en los nueve primeros meses de 2024.

Es decir, cuando el régimen talibán gobernado por Mohamed Hasan Akhund consolidaba su poder y el Ministerio para la Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio daba el visto bueno a algunas de sus leyes más restrictivas, como la imposición de un estricto código de vestimenta que, de momento, no se cumple en todo el país. Por su ideología opuesta a los derechos humanos, ningún país de las Naciones Unidas –a la que pertenecen los 27– ha reconocido al nuevo Gobierno afgano. Pese a ello, 11 Estados europeos han dejado en sus manos a centenares de personas que se encontraban en su territorio. Estos son: Suecia, Alemania, Austria, Bulgaria, Bélgica, Chipre, Grecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Italia.

Una de las cifras más destacadas es la de la decena de mujeres afganas deportadas justo al inicio del nuevo Gobierno talibán, entre los meses de noviembre y diciembre de 2021. Para ese momento, ya se había restringido el acceso de las mujeres a la educación secundaria y universitaria. Tampoco podían viajar solas ni hacer usos de algunos espacios públicos.

En cuanto a las deportaciones de hombres, la cifra más alta la alcanzó Suecia entre enero y septiembre del pasado año –a falta de los datos del año completo– cuando entregó el destino de 40 hombres al Emirato Islámico. Le sigue Alemania, que deportó a Kabul a 30 ciudadanos afganos durante el mismo periodo de tiempo. El tercer puesto lo tiene Austria, con aproximadamente 15 deportaciones en 2024.

Las cifras ofrecidas por el Eurostat son sometidas a una metodología que redondea –al alza y a la baja– los datos que le envían los países miembros a múltiplos de cinco. Así, el organismo estadístico no cuenta los datos de aquellos países que han reportado una o dos expulsiones. En cambio, redondea a cinco los casos en los que se han informado de tres deportaciones. Ello puede invisibilizar o sobredimensionar las expulsiones por países.

Si bien es cierto que Suecia está actualmente gobernada por una coalición de conservadores moderados y formaciones de extrema derecha, la realpolitik europea ha evidenciado que el endurecimiento de las políticas migratorias no son únicamente fruto de las derechas. Valga como ejemplo el Gobierno socialdemócrata del canciller alemán Olaf Scholz, líder del SPD. A mediados de enero su liderazgo volvió a verse comprometido al proponer una nueva regulación migratoria con el apoyo de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD).

Aunque la reforma no salió adelante, la salida a flote de narrativas cada vez más extremistas en torno a este y otros temas sociales han otorgado cierta ventaja a AfD, que sopla cada vez más cerca de la nuca de Scholz. Según las últimas encuestas, el partido de extrema derecha amenaza con ganar suficiente poder como para favorecer la salida del poder del socialdemócrata en las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de febrero. En la misma línea, Austria se prepara para la probable llegada al gobierno del FPÖ, herederos del nazismo. Los ultras de Herbert Kickl llevan meses tratando de crear un acuerdo de coalición con los conservadores del ÖVP. Al momento de esta publicación dicho acuerdo no se ha logrado.

Independientemente del color político de los gobiernos autóctonos, la UE lleva años promulgando normas con el objetivo de generar un marco común de asilo en su territorio. Según las directivas europeas vigentes, sólo podrán ser devueltos a su lugar de origen aquellos ciudadanos extranjeros que hayan cometido "delitos muy graves que además pongan en peligro la seguridad nacional", como señala Elena Muñoz, coordinadora del servicio jurídico de CEAR. Muñoz hace hincapié en la conjunción de ambas cuestiones. Es decir, que debe darse a la vez un delito grave que suponga un peligro para la seguridad nacional.

¿Qué consideran los países miembros de la UE un delito grave? Por lo general, terrorismo, crimen organizado y delincuencia trasnacional, delitos de sangre –asesinato u homicido– o corrupción. Al mismo tiempo, consideran que son los delitos de terrorismo, espionaje, traición o sabotaje los que podrían poner en peligro la seguridad nacional de un país.

Pero incluso en estas situaciones, subraya Muñoz, tanto las personas refugiadas como aquellas que se encuentran "en peligro de sufrir en su país de origen torturas, tratos inhumanos o degradantes, o que ponen en peligro su vida", podrían acogerse al principio de no devolución. A finales de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) aprobó una sentencia por la que consideraba que el riesgo de persecución de las mujeres afganas en su país de origen era razón suficiente como para considerar su derecho al asilo. Sólo tendrían que acreditar su nacionalidad y sexo.

Muñoz relata que también los hombres de etnias denostadas en Afganistán, quienes hayan colaborado con los ejércitos occidentales o aquellos con un histórico de no compromiso a los principios extremistas de los talibanes, podrían solicitar el refugio en la UE e impedir su devolución a Afganistán.

Más allá Kabul: 1.780 afganos han sido expulsados de la UE

Que entre los Estados miembros de la UE predomine el principio de no devolución no significa que los gobiernos europeos permitan alegremente que los afganos y afganas se asienten en su territorio. Y es que las 235 personas deportadas a Afganistán desde la llegada de los talibanes al poder suponen un 8% del total de los que la UE ha sacado de sus fronteras. 

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Sin incluir a las personas devueltas a Afganistán, entre septiembre de 2021 y del 2024, un total de 1.780 hombres y mujeres afganas han sido expulsados del espacio comunitario. Esto supone entre una y dos personas al día desde que los talibanes tomaron Kabul.

Dieciséis Estados miembros de la UE, entre los que no se encuentra España, han protagonizado deportaciones de este tipo. A la cabeza se encuentra Croacia, que ha llevado a cabo 1.190 expulsiones a terceros países. Esta cifra supone el 67% del total de este tipo de expulsiones. Tras Croacia se encuentra Rumanía, con 125 deportaciones y, de nuevo, Suecia, con 110. A continuación, ya con números de dos cifras, aparecen otras democracias liberales que también ratificaron la Convención del Estatuto de Refugiados y su protocolo, como Suiza, Austria, Alemania, Eslovaquia, Dinamarca o Francia.

A finales de agosto de 2021, mientras los talibanes alcanzaban la capital afgana, algunos de los países incluidos en esta lista fletaron varios aviones desde el aeropuerto de Kabul para sacar a algunos de sus antiguos colaboradores del país. Pero alejarlos de los talibanes no implicaba, necesariamente, aceptar en casa a quienes huían del fracaso de dos décadas de Gobierno títere tutorizado por Occidente.

Para ello, Bruselas tiene varias soluciones. La UE lleva años perfeccionando la técnica de la externalización de su fronteras, que también ha sido puesta en práctica con los ciudadanos afganos. Y aunque la estadística de Eurostat no detalla a qué terceros países son llevados estos hombres y mujeres, un repaso de los acuerdos de migración de los 27 con Estados externos al club comunitario permite esbozar algunas hipótesis de dónde han acabado.

El margen oriental de la UE

Desde que en 2015 Bruselas pactara con Ankara (Turquía) detener la hemorragia de refugiados sirios que huían de la guerra civil, las sucesivas directivas aprobadas por la UE han ido depurando el concepto "tercer país seguro". Es decir, países que no forman parte del espacio comunitario –o que están en proceso de formar parte de él– y que los 27 consideran seguros. La seguridad aquí es definida como la no persecución de las personas que migran por razones de raza, sexo, etnia, religión o grupo político y que respeten el principio de no devolución.

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Actualmente, la mayoría de Estados europeos consideran que se adscriben a estos requisitos, principalmente, los países del norte de África, los que componían la antigua Yugoslavia y Turquía. Según el informe sobre asilo de 2024 de la Agencia de Asilo de la UE (EASO), Zagreb (Croacia) no ha adoptado aún el concepto de "tercer país seguro" y, por tanto, tampoco posee un listado de los mismos. En cambio, considera países de origen seguro a aquellos que otros Estados de la UE consideran tercer país seguro.

Teniendo en cuenta la ruta que suelen llevar a cabo aquellos que huyen del régimen talibán de forma irregular –Irán, Turquía, Grecia, Hungría, Serbia o Croacia– no resulta descabellado plantear que muchos de los 1.145 inmigrantes afganos deportados desde Croacia han sido devueltos al último país que pisaron antes de entrar en la UE. Es decir, a Turquía, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte u otros países de los Balcanes fuera del club de los 27.

Muchos de estos países, especialmente Turquía, han sido señalados por Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos por la creciente precariedad de sus democracias y los malos tratos que infligen a migrantes y extranjeros.