La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para diseñar una ley de Servicios Sociales que obliga a las Comunidades Autonómas a diseñar un acuerdo de mínimos en torno a esta materia. Con esta ley, que deberá pasar por el Congreso de los Diputados y aspira a ser aprobada en torno a junio y julio, se intentan corregir las enormes desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España en materia de Servicios Sociales, diferencias que como advierte la comunidad científica, puede ser una amenaza para la cohesión nacional. 

"Es la primera ley de Servicios Sociales de nuestro país. Pretende ser un balón de oxígeno para los trabajadores y trabajadoras sociales, que demasiadas veces han cubierto con su vocación un servicio que se tendría que haber garantizado mejor", ha asegurado la ministra de Unidas Podemos, que además ha asegurado que con la modernización que pretenden, muchos trámites burocráticos serán eliminados para la agilización de los procesos.

Una vez aprobada la ley, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales tendrán un plazo de 18 meses para lograr un acuerdo mediante la Conferencia Sectorial, que será, según el anteproyecto de ley al que ha tenido acceso Público, "el órgano colegiado competente para la toma de acuerdos".

Según ha puntualizado la ministra Belarra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de "un anteproyecto que consolidará la modernización de los servicios sociales a través de los fondos europeos, que plantean una inversión de 875 millones de euros entre 2021 y 2023".

Una vez aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, la ley de servicios sociales garantizará unos mínimos y un suelo de protección en torno a esta materia, de modo que se eviten las fuertes desigualdades que surgen entre unas comnidades y otras, ya que los Servicios Sociales son competencias que dependen de los gobiernos autonómicos. De este modo, el ministerio de Belarra aprieta para lograr que aquellas regiones donde la inversión es mínima, deban garantizar al menos un mínimo de servicios. 

Una de las novedades que propone la ley es la posibilidad de movilidad territorial. "Una vez se accede al uso de un servicio o prestación básica en una
comunidad autónoma, la persona usuaria, en caso de traslado, podrá mantener ese servicio o prestación en caso de cambio de residencia temporal o permanente, en la comunidad autónoma de destino", reza el anteproyecto.

La norma, además de garantizar el acuerdo entre las regiones de España, anuncia la creación de tres órganos que monitorizarán los Servicios Sociales de la nación: el Consejo Asesor en Servicios Sociales, la Comisión Interministerial para la coordinación de las políticas sociales vinculadas con los servicios sociales y el Observatorio en Servicios Sociales.

El Consejo Asesor en Servicios Sociales será un órgano de asesoramiento e información a la persona titular del Ministerio que tenga las competencias en Servicios Sociales y se reunirá al menos dos veces al año. La Comisión Interministerial para la coordinación de las políticas sociales vinculadas con los servicios sociales "estará presidida por la persona titular de la Secretaría de Estado competente en materia de Servicios Sociales y en ella participarán, al menos, representantes de los Ministerios con competencias en materia de sanidad, educación, migraciones, seguridad social, trabajo, igualdad, justicia, reto demográfico, transición digital, vivienda y ciencia e innovación". Por último, nace el Observatorio en Servicios Sociales como un grupo de trabajo, "cuya función será el debate, análisis y la gestión del conocimiento en torno a los servicios sociales".