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Montero urge a blindar el derecho a abortar ante la objeción de los médicos

Ante las dificultades observadas en varios centros públicos que tienen las mujeres para interrumpir el embarazo, la ministra de Igualdad insta a reformar la ley del aborto.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una presentación en el Ministerio de Igualdad a 28 de julio de 2021, Madrid.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una presentación en el Ministerio de Igualdad a 28 de julio de 2021, Madrid. Isabel Infantes / Europa Press

Después de que este miércoles se diera a conocer la historia de Marta Vigara, la médica a la que le fue denegado su derecho a abortar en el hospital público Clínico San Carlos de Madrid tras la negativa de los ginecólogos a llevarlo a cabo, la ministra de Igualdad ha urgido a reformar la ley del aborto para garantizar y blindar la interrupción voluntaria del embarazo.

Ante las dificultades observadas en varios centros públicos que tienen las mujeres para abortar al acogerse los médicos a la objeción de conciencia, Irene Montero ha escrito un mensaje en Twitter denunciando que el caso de Marta no es aislado.

Ante la negativa de los profesionales públicos de practicarle el aborto, Marta acudió a un centro privado

Marta Vigara tuvo una complicación durante el embarazo y tuvo un rotura de bolsa. Sin líquido amniótico, las probabilidades de supervivencia del feto eran muy bajas, por lo que los médicos del hospital le recomendaron interrumpir la gestación. Pero a pesar de esta sugerencia, ninguno de los ginecólogos le quiso practicar el aborto. Todos ellos eran objetores de conciencia y se negaban a realizarlo.

Así que, con un feto con muy bajas probabilidades de supervivencia —y si lo consiguiese, con alto riesgo de que padeciera un nulo desarrollo de extremidades o incluso hipoplasia pulmonar—, Marta acudió a una clínica privada para interrumpir el embarazo.

Ante esta situación en concreto, Montero ha asegurado que "ocho de cada diez abortos se realizan en clínicas privadas y que hay comunidades donde ni siquiera se realizan", por lo que cree que es necesario reformar la ley del aborto para "blindar por ley" el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

"Se actuó de acuerdo con el protocolo"

Según la geriatra, en el año 2009 todos los ginecólogos de este hospital público suscribieron un documento interno en el que se acogían a la negativa a interrumpir embarazos, por lo que el hospital la derivó a una clínica privada.

El hospital ha asegurado que los profesionales sanitarios implicados en este proceso se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, por lo que no realizan interrupciones voluntarias de embarazos y se facilita a las pacientes un recurso asistencial para poder llevar a cabo este proceso.

Además, el hospital ha asegurado que el Colegio de Médicos de Madrid "ha emitido un informe en el que constata que el personal del Servicio de Ginecología y Obstetricia actuó de acuerdo con el protocolo de manejo de bolsa rota del hospital, y que no se aprecia infracción en la actuación de los facultativos del Servicio, procediendo al sobreseimiento y archivo del expediente".

Vigara ha denunciado hoy el "maltrato institucional" al que fue sometida y ha revelado que a pesar de que lo denunció internamente ante el comité de ética y el médico jefe de servicio de Obstetricia, los servicios jurídicos del hospital aseguraron haber seguido todos los protocolos vigentes.

Reacciones de otros cargos políticos

Ante esta polémica, la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que en esa comunidad "hay médicos organizados para evitar" la práctica de abortos en la sanidad pública, por lo que ha secundado la petición de la ministra de Igualdad para ampliar la ley, garantizar la prestación de este derecho y reformar la objeción de conciencia.

Lo ha dicho Rodríguez en Córdoba, junto a una clínica que ofrece este servicio y las mujeres que acuden a ella están siendo "hostigadas" por un movimiento ultracatólico.

La dirigente de Adelante Andalucía ha resaltado que las personas tienen el "derecho de elegir libremente si deciden interrumpir su embarazo y no pueden ser acosadas, ni hostigadas por ello". 

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