La muerte de una víctima de trata en Barcelona pone al descubierto los fallos del sistema de protección a estas mujeres en España

Lilia Ochisor, más conocida como Lily por todos en el Rabal de Barcelona, llegó a España en 2011. La trajo la misma red de tratantes que ya la explotaba en Rumanía, su país natal, desde que se quedó viuda y con dos hijos menores a su cargo a finales de 2005. Poco después de su llegada a Barcelona y tras una detención policía, Lily se autoidentificó como víctima de trata. Explicó a las autoridades que estaba siendo explotada sexualmente y que temía por la vida de sus hijos que se habían quedado en Moldavia. Entonces estuvo a punto de denunciar a sus tratantes, pero decidió no hacerlo por miedo a las represalias que pudiera tomar la red contra ella y contra sus hijos.

Varias organizaciones afirman que debido a esta negativa denunciar, las autoridades policiales le negaron cualquier tipo de protección a la que tenía derecho. No sólo eso, sino que a lo largo de los casi ocho años siguientes, hasta su muerte en 2019, diversas administraciones españolas ejercieron sobre ella un férreo acoso que se materializó en detenciones constantes y multas por vulnerar la ordenanza municipal que tipifica el ofrecimiento de servicios sexuales como infracción administrativa. También le abrieron una orden de expulsión por si situación administrativa irregular y la amenazaron con encerrarla en un CIE. 

El objeto de este acoso era presionarla para que denunciara a sus tratantes, cosa que nunca se decidió a hacer por temor. Ahora, las organizaciones  Fundación Ámbit Prevenció, GENERA y la asociación Putes Indignades, con el apoyo de la organización Women's Link Worldwide (WLW) han demandado a diversas administraciones que se negaron a darle protección, a pesar de tener constancia de que se trataba víctima de trata y de explotación sexual. Entre las instituciones demandadas figuran el Ministerio del Interior, por la actuación negligente de la Policía; el Ministerio de Justicia, por la actuación de la Fiscalía Provincial de Barcelona; el Departament D’Interior, por la actuación de los Mossos d’Esquadra y el Ajuntament de Barcelona, por la actuación de la Policía Urbana de esa ciudad. 

Reclaman una indemnización patrimonial como forma de reconocer que el sistema de falló estrepitosamente en este caso y ponen el acento que no se trata de un caso aislado, sino que las leyes y la lucha contra la trata con fines e explotación sexual tiene serios fallos en nuestro país, puesto que prima la lucha contra la delincuencia, pero no la protección de las víctimas de esta violencia.

Lily murió el 30 de marzo de 2019 en la unidad de cuidados intensivos del hospital del Mar a causa de una leucemia no detectada, tras negarse en numerosas ocasiones a ser ingresada por miedo a ser deportada. Tras una brutal paliza por parte de sus tratantes por no entregarles el dinero suficiente, su estado era insostenible y finalmente fue internada cuando ya no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Las organizaciones denunciantes afirman que durante años, la salud física y mental de Lili se fue deteriorando como consecuencia de la extrema violencia de la red de trata, las largas jornadas de explotación sexual entre 14 y 20 horas al día en la calle buscando clientes y el acoso policial y administrativo.

Solo después de su muerte, la Fiscalía ordenó la investigación de la red de trata.

Este procedimiento fue archivado por el Juzgado porque no podía localizar a los

investigados, sin que ordenara ninguna medida encaminada a encontrarlos. En

estos momentos, la decisión está recurrida y está pendiente que se resuelva el

recurso contra el archivo.

Un problema extendido

Las organizaciones explican que el de Lily no es un caso aislado, sino el  "paradigma de los fallos que tiene el sistema de protección a los que se enfrentan las víctimas de trata en toda España".

"Una víctima de trata debe ser protegida desde el primer momento, aunque no quiera denunciar a la red. Exigir la denuncia como condición para acceder a la protección es una mala práctica, contraria a la normativa internacional y europea en materia de trata de personas, que pone en riesgo la seguridad y la vida de las víctimas. Es terrible saber que Lili pidió ayuda y no fue protegida”, explica Gema Fernández, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide.

Sin embargo, en la actualidad en nuestro país, la lucha contra la trata de personas se aborda desde el Código Penal, con un enfoque de persecución del delito y de las redes de trata, y desde la Ley de Extranjería, con un enfoque de lucha contra la migración irregular, pero olvida en la mayoría de los casos el sufrimiento de las víctimas y su necesidad de protección integral.

Hasta la fecha, la única forma de que una víctima de trata pueda acceder a la justicia y a medidas de protección y reparación es que sea identificada como tal. Pero este reconocimiento sólo lo realizan unidades concretas de la Policía para la investigación del crimen organizado y la trata lo que provoca que en numerosos casos se anteponga intereses policiales o migratorios en lugar de los derechos humanos. 

En numerosas ocasiones, como ocurrió en el caso de Lily, la Policía condiciona el acceso al sistema de protección a la denuncia previa de las víctimas contra las redes de trata. Esta mala práctica es contraria a la normativa internacional y europea en materia de trata de personas y pone en riesgo la seguridad y la vida de las víctimas y sus familias, que pueden sufrir represalias por parte de las redes. "Si por miedo las víctimas deciden no denunciar, se quedan fuera del sistema de protección", denuncian las organizaciones.

Por ello reclaman una Ley Orgánica de Protección Integral contra la Trata que contemple todos los tipos de trata y se enfoque en la protección de los derechos humanos de las víctimas, por encima de intereses policiales o administrativos.

Asimismo, exigen que las víctimas de trata sean protegidas desde que se detectan indicios de explotación, independientemente de que denuncien o de que exista un procedimiento penal; y que su identificación oficial como víctimas de trata no dependa exclusivamente de los cuerpos policiales, sino que se cree un equipo interdisciplinar en el que también participen organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos.

En abril del año pasado, el Ministerio de Igualdad inició el trámite para la elaboración de una ley integral contra la trata que está en la actualidad siendo revisada por diversos órganos consultivos. El texto, tal como afirmaron fuentes de Igualdad tendría su eje en la protección de las víctimas de este delito y procuraría separar la protección de la víctima de la denuncia de las redes de trata, lo que obligaría a reformar diversas leyes, como la de extranjería. La ley tenía previsto ir al Parlamento a principios de este año. Sin embargo, el anuncio de que PSOE y Unidas Podemos están negociando introducir la abolición de la prostitución dentro de dicha ley, podría prolongar los plazas.