Público
Público

Día Mundial contra la Trata de Personas Tráfico de personas para explotación sexual o laboral: un lucrativo negocio que se ceba con mujeres y niñas  

Expertas y ONG denuncian que, pese a las numerosas iniciativas políticas anunciadas en los últimos años, prácticamente no se han producido avances en la protección a las víctimas ni en España ni a nivel europeo. Este jueves se conmemora el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres.

Invisibles contra la explotación: Día contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niñas
El 75% de todas las víctimas de trata son mujeres y niñas.

La trata y la explotación de personas es uno de los negocios más lucrativos que existen en el mundo. Según estimaciones oficiales, en nuestro país mueve unos cinco millones de euros por día. La cifra asciende a más de 35.000 millones de euros en el conjunto de la Unión Europea. Un delito que destruye la vida de millones de seres humanos en el mundo y que, según datos de la Unión Europea, se ceba de manera muy especial en mujeres y niñas.

Según un informe elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) y la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (FEMM) de la UE, casi el 75% de todas las víctimas de trata son mujeres y niñas. La forma de trata más extendida en la Europa es la explotación sexual (60%), y el 92% de las víctimas de tráfico con fines de explotación sexual son precisamente mujeres y niñas. Del total de víctima de tratas, casi una cuarta parte son menores de edad. De ellas, el 78% son niñas.

A pesar de su magnitud, no es sencillo tener un dato certero del número de personas en el mundo que son víctimas de trata. El organismo de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) calcula que por cada persona víctima de trata identificada, existen otras 20 sin identificar. La horquilla de personas que podrían ser víctimas de este delito en el mundo podría ascender a entre más de dos y cinco millones de personas. Y España está considerada como uno de los principales países de origen, tránsito y destino de trata, al ser el principal país de Europa en prostitución.

No hay avances

"No hay avances". Esta es la frase más repetida por las organizaciones y expertas consultadas por Público cuando se indaga sobre los cambios producidos en esta lucha durante los últimos años. Peor aún: todo indica que el número de personas víctimas de redes de explotación sexual o laboral, y los beneficios generados por estas tramas delictivas, no paran de crecer. Algunos organismos de Naciones Unidas calculan que pueden equipararse a los producidos por la venta de droga o de armas. En este caso, lo que se venden son seres humanos vulnerables.

Denuncian que desde hace décadas se vienen anunciando cambios legislativos y medidas frenar a las mafias y proteger a las víctimas de estos delitos, pero que éstas no acaban de materializarse. Que pese a que como marcan los convenios internacionales firmados por España, las autoridades tienen la obligación de identificar y proteger a todas las víctimas de trata, con independencia de su estatus migratorio y de su capacidad para colaborar en la persecución de un delito, en España prima su persecución y control.

"El principal problema es la falta de detección y de indentificación de las víctimas", explica a Publico Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional.

Un ejemplo de esta baja identificación de las víctimas queda reflejado en los datos de la propia Policía. Sólo se sabe que 1.000 de las al menos 75.000 personas que, según el Gobierno, estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual, fueron identificadas finalmente como víctimas entre 2013 y 2019. En el año 2018, por ejemplo, se contabilizaban hasta 9.315 personas en riesgo de ser víctimas de trata, pero finalmente sólo 128 mujeres (seis de ellas menores) fueron identificadas como tales.

La identificación de las víctimas se ha dejado en manos policiales y prima la persecución del delito en lugar de los derechos de las víctimas

"Las detección de las víctimas se ha dejado en manos de las organizaciones no gubernamentales y el Estado no toma ningún tipo de responsabilidad. La identificación formal corresponde a la UCRIF [rama de la Policía dedicada a extranjería y fronteras], pero por este procedimiento las víctimas se convierten en objetos de la investigación, más que en objetos de derechos. Sigue primando el enfoque de persecución del delito y se sigue primando, salvo casos de mucha vulnerabiliadad, que la mujer de información relevante contra los tratantes para entrar en el proceso de protección", dice Álvarez.

De hecho, el artículo 59 de la ley de extranjería estipula que cundo la Policía considera que hay indicios de que una mujer en situación irregular es víctima de trata, se le da un período de tres meses para que piense si quiere colaborar con la Policía y durante ese tiempo no se le activa el procedimiento de expulsión. Pero si no colabora se sigue con el.

"Al final, la foto fija es bastante desalentadora, porque hay un discurso político de que se trata de una gravísima violación de los derechos humanos y que hay que luchar contra la trata y hay que tener planes, pero en la práctico esto no se traduce en medidas que pongan a la posible víctima en el centro. Está influenciado por control migratorio y la investigación de la propia policía contra la trata", añade Álvarez.

De hecho, el último informe de GRETA (el grupo de expertos en Europa responsable de monitorizar la implementación del plan de acción del Consejo de Europa sobre la trata de seres humanos), mostró preocupación en su último informe "por el proceso de identificación de víctimas e insta a las autoridades españolas a garantizar que la identificación formal de las víctimas no dependa de la presencia de pruebas suficientes para el inicio de un proceso penal".

"En España aunque se han suscrito todos los instrumentos internacionales referidos a la trata con fines de explotación sexual y prostitución, no se ha materializado una legislación con los cambios necesarios para que la lucha sea eficaz", explica Beatriz Sagrado, experta en trata y miembro del Fórum de Política Feminista.

"El informe GRETA viene a decir que España no respeta las directivas europeas"

"Lo que viene a decir el informe GRETA sobre España, es que nuestro país no respeta lo que dicen las directivas europeas. Es decir, que no está centrado en las mujeres víctimas y en proteger sus derechos, sino que es parte de una estrategia de control migratorio", afirma a Público Encarna Bodelón, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del grupo de estudio Antígona.

Esta experta denuncia que más allá de los datos, "las herramientas que tenemos ahora mismo no nos sirven para nada. Esto fue muy claro durante la covid, cuando inicialmente el tema de trata quedó fuera y cuando finalmente se quiso abordar, los recursos no legaron a estas mujeres. Tenemos un problema muy grave la forma en la que las políticas publicas abordan esta cuestión. Habría que delimitar qué es trata con fines de explotación sexual y que es prostitución, y llegar a un consenso para trabajar con las víctimas de trata y modificar las políticas que España ha llevado y que han desprotegido a las mujeres. Nuestro código penal ya hace esta distinción al separarlas en distintos artículos, pero no es el caso de las políticas públicas. La trata no exige necesariamente traspaso de fronteras, pero sí que haya captación y explotación".

Una ley largamente esperada

A mediados de abril de este año, el Ministerio de Igualdad inició un proceso de consulta pública para la elaboración de una ley integral contra la trata. Tal como han explicado fuentes del ministerio que dirige Irene Montero, el objetivo de Igualdad es un texto que aborde las formas de trata que afectan principalmente a mujeres y niñas, como al trata con fines de explotación sexual y la que tiene por finalidad la explotación laboral.

Tal como explican fuentes de Igualdad, se trata de una norma compleja en su elaboración, puesto que implica a diversos ministerios, como Igualdad, Justicia, Interior y Trabajo, entre otros, aunque el mayor trabajo de coordinación se está realizando con el ministerio del Interior. El objetivo es elaborar una norma que pase de un sistema punitivo a otro que tenga una mirada feminista y perspectiva de género, para garantizar y proteger los derechos humanos de las víctimas.

Tal como reza el documento hecho público para la participación ciudadana, "la futura ley de trata deberá incorporar una perspectiva de derechos humanos capaz de situar a las víctimas en el centro de las actuaciones, pudiendo perseguirse el delito de trata y conexos sin que sea necesaria la participación de la víctima en el proceso penal, evitando así su revictimización. Además deberá adoptarse con un enfoque integral que abarque todos los tipos de trata, con independencia de sus fines, ya sea trata nacional o internacional". El proceso normativo es largo y hasta la fecha no existe aún un borrador de la futura ley. 

La trata de personas es un delito complejo y que tiene múltiples caras. Según la definición de UNODC, supone el "reclutamiento, transporte, embarque o recepción de personas, por medio de amenaza, uso de la fuerza, coacción, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad, o mediando pago o beneficio económico en la obtención del consentimiento de una persona para que ceda el control sobre otra con el propósito de su explotación". Esta explotación puede realizarse mediante la prostitución forzosa y otras formas de explotación sexual, la esclavitud laboral o la extracción de órganos, entre otros.

Más noticias