Reforma del aborto, vientres de alquiler, ley de trata... así será la agenda de Igualdad para el nuevo curso

No ha habido descanso en el ejecutivo a lo largo de los últimos meses, pero la irrupción de la pandemia del coronavirus y la necesidad de hacer frente a nuevos desafíos trastocó todos los planes del primer Gobierno de coalición nada más jurar sus cargos. El ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, no ha sido una excepción y muchos de los temas incluidos en el documento del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidad Podemos se toparon con la pandemia y con la necesidad de coser costuras entre dos socios que en ocasiones mostraron posturas discrepantes sobre algunos temas clave.

Desde Igualdad consideran que el cierre del curso político ha sido positivo y que dos de sus grandes apuestas, la ley de libertad sexual (más conocida como del solo sí es sí) y la ley de derechos trans y LGTBI, han visto grandes avances. La primera se espera que entre en el Congreso a lo largo del próximo mes de septiembre para iniciar su trámite parlamentario a lo largo del cual el texto puede aún ser enmendado de forma importante. El anteproyecto de ley trans tiene aún que pasar por los distintos órganos consultivos antes de ser aprobado y ser ratificada por el parlamento. Tanto colectivos LGTBI, como parte del feminismo han prometido dar la batalla para modificar el texto en sentidos contrarios.

El nuevo curso, que se estrena con muchos cambios ministeriales, será intenso y supondrá un sprint que muchos asimilan ya como un inicio de legislatura. El ministerio de Igualdad tiene sobre la mesa una larga lista de retos que acometer. Aquí desgranamos algunos de los principales. 

Consolidar unos presupuestos feministas

Es uno de los más acuciantes por fechas. Aunque ya hay conversaciones en marcha y un primer borrador elaborado por el Gobierno, las negociaciones por las partidas de los Presupuestos Generales del Estado será un tema central en los próximos meses. La apuesta de Igualdad es seguir profundizando y ampliando la tendencia comenzada el año pasado de incrementar los fondos destinados a políticas de igualdad, tanto en materia de violencia machista, como todo el paquete de medidas que tiene que ver con las políticas de conciliación.

Tal como afirmó la ministra Irene Montero en sede parlamentaria recientemente, una de las líneas de trabajo de su ministerio será convertir en permanente el pacto de Estado contar la violencia de género (un acuerdo alcanzado en el Parlamento que tenía una duración de cinco años que se cumple en 2022) y asegurar un incremento de fondos para políticas feministas. Uno de los focos importante de dichas políticas es el plan Corresponsables, un sistema integral de cuidado para promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Mejorar la protección a las víctimas de violencia de género

El importante incremento de los asesinatos machistas a partir del inicio de este año y la acumulación de cinco asesinatos en sólo cuatro días a mediados de mayo, espolearon al Ministerio de Igualdad a analizar los fallos del sistema y a anunciar un plan de modernización y mejora de las herramientas, protocolos y medidas de protección hacia las víctimas de violencia machista, así como la necesidad de ampliar los servicios de atención que se les presta. Unos trabajos que ya están muy avanzados y que el Ministerio espera poder desvelar las primeras propuestas a finales de este mes de julio. Sin embargo, muchas de ellas se terminarán de cerrar a partir de septiembre y supondrán la puesta en marcha de cambios de calado a largo plazo.

Una amplia reforma de la ley del aborto.

El ministerio de Igualdad ha puesto el acelerador para reformar la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El anuncio de esta reforma lo hizo la ministra Irene Montero en el Congreso en octubre del año pasado. Se trataba, según explicó entonces, de que todas las mujeres "tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos", anunció la derogación de la modificación que introdujo el Gobierno del PP para prohibir el aborto a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento parental y prometió mejorar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos de última generación.

Sin embargo, a lo largo de los últimos meses se han ido incorporando más modificaciones que suponen una reforma de la norma mucho más ambiciosa y profunda. 

Pilotada por la recién nombrada directora del Instituto de las mujeres, Antonia Morillas, la ley incluirá una profunda revisión de la objeción de conciencia, que garantice el derecho al aborto de todas las mujeres en la sanidad pública, más allá del territorio en el que vivan. Muchas hospitales, provincias e incluso comunidades autónomas no realizan abortos en los centros públicos utilizando esta objeción. La nueva norma espera, también, ampliar y regular la cartera de servicios y que las mujeres puedan optar tanto a un aborto farmacológico como a uno quirúrgico. 

La ley calificará los vientres de alquiler como una "explotación reproductiva" regulando aún más claramente la prohibición de esta práctica tanto si se realiza dentro como fuera del territorio nacional. Si bien el ministerio de Igualdad había planeado inicialmente incluir esta reforma en la ley sobre la libertad sexual, finalmente irá en la que regula los derechos sexuales y reproductivos.

La norma tiene previsto, tal como anunció recientemente Irene Montero, eliminar la obligatoriedad de un periodo de reflexión de tres días antes de poder acceder a un aborto, una larga reclamación del movimiento feminista que ve en esta medida una forma de tutelar e infantilizar a las mujeres y controlar sus decisiones. La norma también tiene previsto incluir la violencia obstétrica como una forma de violencia reproductiva.

Igualdad quiere hacer de esta refoma un proceso ampliamente participativo, que incluya a las distintas comunidades autónomas, pero también a expertos y a organizaciones de la sociedad civil. Por ello Igualdad ha decidido no presentar esta reforma legal directamente ante las Cortes, sino que siga un proceso similar al que se realiza para la elaboración de una ley nueva, por lo que incluirá un proceso de consulta pública, será aprobado por el Consejo de Ministros y pasará por los distintos órganos consultivos antes de llegar al Congreso. 

Una ley contra la trata centrada en los derechos humanos

Otro de los textos normativos que ha puesto en marcha el Gobierno y que se retomarán en septiembre, es la elaboración de una ley contra la trata. El objetivo de Igualdad es un texto que aborde las formas de trata que afectan principalmente a mujeres y niñas, como al trata con fines de explotación sexual y la que tiene por finalidad la explotación laboral. Hace unos meses el ministerio de Igualdad realizó una consulta pública previa para recibir propuestas. 

Se trata de una norma compleja en su elaboración, puesto que implica a diversos ministerios, como Igualdad, Justicia, Interior y Trabajo, entre otros. Tal como afirman a Público fuentes del Ministerio de Igualdad, el mayor trabajo de coordinación se está realizando con el ministerio del Interior. El objetivo es elaborar una norma que pase de un sistema punitivo a otro que tenga una mirada feminista y perspectiva de género, para garantizar y proteger los derechos humanos de las víctimas.