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Día europeo contra la Trata España lleva décadas incumpliendo los tratados internacionales sobre trata de personas

Nuestro país sigue considerando a la víctima de trata más como una prueba de una investigación criminal que como víctimas de un delito de violación de derechos humanos, lo que va en contra de las normas internacionales y las recomendaciones de las instituciones Europeas. 

trata, prostitución
Mujeres en situación de prostitución / EFE

Marisa Kohan

Berta nunca fue reconocida como víctima de trata. En 2002, cuando sólo tenía 15 años, fue traída de su Brasil natal a España con la promesa de que podría ganar más dinero trabajando como empleada del hogar. Pero al llegar a Madrid, fue trasladada a un club en Badajoz donde la obligaron a prostituirse. Esa fue la primera parada. A partir de ahí, cada poco tiempo la trasladaban a otro club. Cuando se rebeló la amenazaron con hacer daño a su familia. "Generaba mucho dinero, pero nunca vi nada. Ellos se encargaban de gestionarlo". Cuenta que dos años después de llegar se negó a trabajar a menos que viera a su hija. La dejaron ir a Brasil, pero poco tiempo después fueron a buscarla. Berta esperaba que el policía de fronteras detectara su mirada intentando decirles que era menor, pero no fue así y siguió siendo explotada sexualmente. Años después, gracias a un camarero con el que finalmente se caso salió del círculo de la explotación sexual. Nunca fue tratada como una víctima de trata o violencia de género, ni tuvo protección. 

Casi dos décadas después y a pesar de los cambios legislativos que acometió nuestro país en los últimos años para luchar contra la trata, la historia de Berta sigue ocurriendo casi con el mismo patrón en nuestros días. Y es que España sigue teniendo "graves fallos estructurales" en la detección e identificación de las víctimas de trata (principalmente mujeres y niña), un paso "imprescindible para garantizar su protección, acceso a la justicia y el derecho de reparación", tal como resalta un reciente informe de Amnistía Internacional.

Estas lagunas y desajustes en la forma de abordar la trata de personas suponen, de hecho, una violación de los tratados internacionales firmados por España en las últimas décadas. Todos ellos convertidos en leyes de obligado cumplimiento puesto que tras ser ratificados se convierten en parte del ordenamiento jurídico interno.

No han sido pocos los tratados firmados que abordan la protección de las víctimas de trata. En 1983 España ratificó el tratado antidiscriminación contra la mujer de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés), que ya establecía que la trata es una forma de violencia y discriminación contra las mujeres y exige a los Estados firmantes "tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer".

También la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en 1990 pide a los Estados que tomen "todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o cualquier forma".

Posteriormente España ratificó convenios específicos sobre la trata de seres humanos. Entre ellos el conocido como Protocolo de Palermo (2000), que daba por primera vez una definición aceptada internacionalmente sobre esta violación de derechos humanos y establecía un enfoque de protección y defensa hacia las víctimas y no de persecución del delito. O el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, más conocido como el Convenio de Varsovia (2009), que entre otras cosas incorpora el concepto de principio de diligencia debida, es decir la obligación del Estado, para prevenir la trata y proteger a las víctimas. Este tratado exige a los Estados que las víctimas sean identificadas por autoridades competentes y por personas formadas y cualificadas en la prevención, la lucha contra la trata, y la identificación y asistencia a las víctimas, especialmente en el caso de menores.

No son los únicos. El Convenio Europa para la Protección de Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual y la directiva 36 de la Unión Europea de 2011 que obliga a la prevención y a luchar contra la trata con una perspectiva de género, establece que los Estados deben abordar la lucha contra la trata con un enfoque integrado, global y basado en los derechos humanos, lejos de un enfoque policial de persecución del delito. 

A pesar de todos estos tratados, España sigue a día de hoy sin haber desarrollado una ley integral sobre la trata de personas y con un abordaje de la lucha contra la trata desde una perspectiva netamente policial.

No existen datos y los pocos que hay son policiales

"La forma en que España aborda este problema desde hace años no nos está llevando a avances significativos en la lucha contra la trata y la protección de los derechos de las personas que la sufren", afirma Gema Fernández, abogada especializada en derechos humanos de la organización Women's Link. 

"No ha habido avances en el tema de la identificación de las víctimas y todos los sistemas de recogida de datos siguen estando en manos de la policía y del Ministerio del Interior. Es un sistema que no funciona, porque está basado en la persecución del delito y no es un mecanismo adecuado para tratar a las víctimas. Además, la actual ley de extranjera sigue siendo un obstáculo para que las víctimas accedan a sus derechos", añade Fernández.

Se sabe que nuestro país es destino y tránsito para las víctimas de trata, pero los únicos datos que existen están ligados a las actuaciones policiales en la lucha contra el crimen organizado, afirma Amnistía en su informe. 

En la actualidad faltan datos sistematizados y unificados sobre todos los tipos de trata, lo que dificulta conocer la dimensión y el número de víctimas en España. No se sabe por dónde entran, que edades tienen, el sexo, la nacionalidad. Nada.

Tal es el desconocimiento y la magnitud del problema, que según la investigación de Amnistía, solo 1.000 de las más de 75.000 personas que según el Gobierno se encontraban en situación de riesgo de trata con finas de explotación sexual fueron identificadas finalmente como víctimas entre 2013 y 2017. Hay que tener en cuenta que en esta cifra no están incluidas las mueres solicitantes de protección internacional ni las que llegan a las costas.

Según estas mismas fuentes citadas por Amnistía, los datos proporcionados por CITCO (una unidad policial) a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Genero, indicaban que de las 9.315 personas estaban en situación de riesgo de ser víctimas de trata en 2018, sólo se identificaron efectivamente 128 mujeres como víctimas de trata, de las cuales seis eran menores de edad. Estas cifras provienen sólo de las operaciones policiales llevadas a cabo contra las mafias. 

Es decir, la identificación efectiva de las víctimas es excesivamente baja y siempre ligada a la lucha contra el delito. De hecho, la protección de las víctimas de trata en nuestro país está íntimamente ligada a la denuncia de la víctima contra los tratantes y la ayuda en el esclarecimiento del crimen. En la mayoría de las ocasiones, la negativa de la víctima a denunciar, por miedo o por existir condicionantes de amenazas hacia ella o hacia su familia, acaba culpando a la víctima por estar en situación administrativa irregular y en no pocas ocasiones con su expulsión de España.

Tirón de orejas de Europa

En 2918, el grupo GRETA contra el tráfico de seres humanos, un organismo que monitorea el cumplimiento por parte de los Estados del Convenio de Varsovia, urgió a España a revisar su proceso de identificación de las víctimas de trata para asegurar que se las reconocía y protegía como víctimas de violaciones de derechos humanos, en lugar de considerarlas pruebas en una investigación criminal. 

Ya en su informe de 2013, GRETA pidió al Gobierno español mejorar la identificación de las víctimas de trata mediante la implicación de diversos actores que están en primera línea, como inspectores de trabajo, trabajadores y trabajadoras sociales, equipos sanitarios y ONG, y asegurar la coordinación y el intercambio de información entre todos los actores relevantes en el proceso de identificación. En su último informe de 2018, este organismo lamenta la falta de medidas adoptadas por España para cumplir con las recomendaciones.

Para diversos expertos en derechos humanos, no parece que nuestro país esté caminando en esa vía, ni que haya comenzado a adoptar las recomendaciones que se le han realizado desde Europa.

Gema Fernández lamenta que España no haya iniciado en todos estos años la elaboración de una ley integral contra la trata "y que esté inmersa en una producción legislativa muy sectorializada: ley contra la violencia en la infancia, contra las violencias sexuales, contra la discriminación laboral... pero que no aborde la trata en una ley específica y de forma holística, como hacen algunos de nuestros vecinos europeos.

"Lo que tenía que haber pasado y no se ha hecho, es que la situación administrativa de las víctimas sea totalmente irrelevante. En otro países existe un cuerpo que no es policial que se encarga de la identificación de las mujeres víctimas de trata y de sus necesidades y las derivan a recursos de protección que precisen. Luego si quieren iniciar un proceso penal deberían poder hacerlo, es un derecho que todos tenemos como víctimas, pero que no puede estar ligado a que la mujer colabore con la investigación policial. Es una víctima y como tal debe ser protegida y reparado su daño", explica Fernández.

Recientemente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado una de las prioridades de su departamento es la aprobación de una ley integral contra la trata que se adapte a las recomendaciones realizadas por GREVIO a nuestro país. También afirmó que es necesario un conocimiento "riguroso" de la realidad de la trata y la prostitución para implantar políticas y que su ministerio tiene previsto realizar un macro estudio para conocer mejor este fenómeno y su prevalencia en nuestro país. Sin embargo, aún no hay fecha para su desarrollo y fuentes del ministerio de igualdad afirman que esta iniciativa depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

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