PARÍS.- En el lenguaje técnico de la Cumbre del Clima de París lo llaman “diferenciación”, pero en realidad viene a significar, más o menos, quién debe pagar la cuenta del cambio climático. O al menos, cómo debe repartirse. No todos los países han contribuido por igual a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Mientras que unos, los más desarrollados, tienen mayor responsabilidad sobre los efectos del calentamiento global, son las naciones más pobres quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias. Y aunque a priori parezca tan sencillo como trazar una raya entre ricos y pobres, no es siempre fácil delimitar a quién le corresponde comprometerse a qué.

Este es el principal asunto por el que se han mantenido encalladas las negociaciones que desde la semana pasada se desarrollan en París y que deben culminar con un acuerdo mundial capaz de poner freno al calentamiento global. Francia había presionado a los negociadores para conseguir un acuerdo dentro del plazo, que en teoría acababa este viernes 11 de diciembre, pero la dificultad y la tensión es tal que ha obligado a alargar la cumbre un día más. "Voy a presentar el texto no la noche del viernes, como yo pensaba, sino el sábado por la mañana", tuvo que reconocer el presidente de la COP21, Laurent Fabius.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que es el texto de referencia al que se acogen los 195 estados que negocian en París, diferenció de forma clara entre los países industrializados, y el resto de países en vías de desarrollo. Los primeros, un grupo fundamentalmente integrado por la Unión Europea más EEUU y Canadá, componen una lista conocida como los países del Anexo I. Y es sobre ellos, de acuerdo a la Convención, sobre los que debe caer una mayor carga de responsabilidad frente a las decisiones que se adopten contra el cambio climático.

El problema es que esa lista se adoptó de acuerdo a las circunstancias de los años 90 y desde entonces hay nuevas potencias emergentes, como China e India, que han experimentado una gran industrialización y desarrollo. Ambos países asiáticos, que no forman parte del grupo del Anexo I, son sin embargo dos de los mayores contaminantes del mundo.

Este es el motivo principal que esgrime la Unión Europea para pedir que esa diferenciación se vaya diluyendo, ya que considera que algunos de estos países tienen capacidad suficiente para asumir mayores compromisos de financiación, adaptación y mitigación del cambio climático. Pero los emergentes reivindican su derecho a desarrollarse. En una declaración conjunta en París, los ministros de Medio Ambiente de China, India, Brasil y Sudáfrica (el denominado grupo Basic) solicitaron que se mantenga el principio de diferenciación entre ricos y pobres.

El último borrador del acuerdo, publicado en la noche del jueves, opta por fórmulas intermedias que dejan a la voluntad de los países en desarrollo aportar fondos a la financiación. No obstante, el debate entre ricos y pobres, como reconoció el presidente de la COP21, Laurent Fabius, es todavía uno de los grandes puntos de desencuentro.

Los países más vulnerables habían solicitado que, además de los 100.000 millones de dólares anuales que se han comprometido ya para financiar la adaptación al cambio climático de los países pobres, se creara un capítulo específico de ‘pérdidas y daños’ con fondos aparte. Este capítulo se ha incluido, pero los desarrollados se niegan a aportar más dinero.

“Lo países en desarrollo no están clamando por caridad, están pidiendo ayudas para los efectos del cambio climático e inversiones para poder adaptarse”, dijo este jueves en rueda de prensa Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional.

Agrupaciones ecologistas como Amigos de la Tierra piden que la diferenciación atienda a criterios de “justicia climática”, un sistema que permita calcular, en función de la población de cada país y la cantidad de emisiones ya efectuadas, los derechos que corresponderían a cada uno.