Cuando se han cumplido dos meses de la aprobación en el Congreso de los Diputados del documento para un pacto contra la violencia de género, nadie parece saber a ciencia cierta en qué punto se encuentran las negociaciones para ponerlo en marcha ni la existencia de un plan para comenzar a implementarlo. De las 213 medidas contenidas en el documento, tan sólo ha transcendido la aprobación este miércoles de un Observatorio de Igualdad en Radio Televisión Española (RTVE) que hará un seguimiento de los contenidos del ente público y que estaba contemplado en el acuerdo.

Según el documento aprobado en el Congreso el 28 de septiembre pasado, el Gobierno contaba con dos meses para coordinar con distintas entidades un plan para desarrollar las medidas contenidas en el acuerdo y la forma de financiarlas, plazo que se cumplió este pasado martes.

El texto del pacto afirma que "una vez aprobado se remitirá al Gobierno para que en el plazo máximo dedos meses lo someta a acuerdo con los representantes de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, partidos políticos, administraciones de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles". También estipula que "las medidas contenidas en el informe que supongan la modificación de textos legales vigentes serán remitidas a las Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses para su tramitación".

El pasado 9 de octubre, el Secretario de Estado para la Igualdad, Mario Garcés, anunciaba la creación de un grupo de trabajo para analizar la ejecución del pacto de Estado contra la violencia de género, que incluiría a las Comunidades Autónomas y donde se analizarían las medidas a ponerlo en marcha, así como el "impacto presupuestario" que  tendrían en cada territorio. Entonces afirmó que el Gobierno preveía comenzar a aplicar el pacto a partir del próximo 1 de diciembre.

Sin embargo, ni el Ministerio de Salud, Seguridad Social e Igualdad, ni los partidos políticos consultados por Público confirman que esa reunión se haya producido aún ni en qué fecha tendrá lugar. Algunos representantes políticos afirman que las primeras reuniones se iniciarán esta semana y que esperan que haya un plan antes de fin de año. 

Según representantes de los partidos políticos que participaron el la elaboración del pacto, no ha trascendido qué reuniones o acciones ha emprendido el Gobierno para avanzar en la puesta en marcha de las medidas y advierten de que aún no existe un mecanismo para hacer un seguimiento de los avances que hace el ejecutivo de dicho pacto.

De hecho, la inacción del Gobierno y su falta de transparencia en la puesta en marcha de los acuerdos ha impulsado a los distintos grupos de la oposición en las últimas semanas a tomar medidas y hacer propuestas en el Parlamento. Unidos Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley para modificar la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, una de las principales medidas legislativas propuestas por en el pacto que devolverá las competencias a Ayuntamientos y entes locales sobre prevención y protección en violencia de género. El partido Socialista, por su parte presentó en el Congreso una proposición no de ley para exigir al Gobierno que apruebe un crédito extraordinario de 200 millones de euros para poder financiar las medidas contra la violencia machista en el próximo año. Se trata de un intento de garantizar los fondos necesarios para poner en marcha las medidas en 2018 ante la probable prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Comisión de seguimiento

Uno de los principales problemas para hacer el seguimiento de los avances del Gobierno en esta materia, es que aún no existen mecanismos de control y seguimiento de los acuerdos. Si bien el pacto contemplaba la creación de una comisión parlamentaria específica para esto, su puesta en marcha será debatida este jueves en el Congreso, tras varios meses de peticiones de los grupos de la oposición. De hecho la petición para este debate cuenta con la firma de todos los partidos de la oposición, pero no con la del Partido Popular. Fuentes consultadas por Público afirman que se decidió así para no seguir retrasando el debate y aprobación de la misma.

Según la diputada de Compromía, Marta Sorlí, "mientras no tengamos aprobada esta comisión no tenemos mecanismos para requerirle al Gobierno información sobre los avances que está haciendo y no hemos conseguido que esto salga adelante desde el mes de julio".

La única otra forma de recabar información, afirman las fuentes consultadas, es mediante preguntas parlamentarias que tardan entre dos y tres meses en ser contestadas, por lo que no son eficaces.

Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del partido Socialista en el Congreso, reconoce que el plazo que tiene el Gobierno para poner en marcha el pacto es corto, pero afirma que hay muchas medidas que no requieren reformas legislativas y que el Gobierno podía haber avanzado desde junio, cuando la Comisión de Igualdad de la cámara baja aprobó el documento del pacto, aunque no se hubiera aprobado aún en el pleno del Congreso.

"Lo que le vamos a pedir al Gobierno es diligencia e inteligencia. Hay muchísimas cuestiones a negociar y algunas son muy complejas y requerirán mucho tiempo. No se hacen de la noche a la mañana", afirma Álvarez. Entre ellas y como una de las principales, menciona la necesidad de un acuerdo entre la administración central y las Comunidades Autónomas en lo que se refiere al título habilitante como víctima de violencia de género. Uno de los puntos del pacto estipula que las víctimas no necesitarán presentar una denuncia previa para obtener el título habilitante de víctimas de violencia de género lo que les permitirá acceder a todo un abanico de servicios sociales y medidas de protección. "Pero esto es un tema muy complejo en el que se tienen que poner de acuerdo tanto la Comunidades como la Administración central. Dudo que puedan hacerlo antes de fin de año", añade Álvarez.

Este periódico ha solicitado al área de igualdad del Ministerio que dirige Dolors Montserrat información sobre los avances en esta materia y conocer cuándo se espera tener elaborado un plan negociado para su implementación, sin conseguir una respuesta oficial.

RTVE aprueba el Observatorio de Igualdad

El Consejo de RTVE aprobó este miércoles la creación de un observatorio de Igualdad, que vigilará los contenidos del ente público y velará por la eliminación de los estereotipos sexistas. Se trata de una larga reivindicación que, según Montserrat Boix, coordinadora de igualdad y derechos civiles UGTRTVE, este acuerdo ha sido posible gracias a la inclusión de esta medida en el documento del pacto de Estado contra la violencia machista. "Ha sido gracias al trabajo y la presión de muchas persona. Cuando se publicó el pacto de Estado ya teníamos un documento sobre la mesa y hubo la voluntad política de aprobarlo", afirma.

Entre los logros que destaca Boix del Observatorio es que se tratará de un órgano mixto que tendrá una representación paritaria de la empresa, los sindicatos y la sociedad civil (con seis representantes cada uno).