Entre las agujas de los pinos se filtra la luz, que cae sobre la cabeza de Camara. Está de de pie sobre una fina lámina de hormigón, en el espacio que antes ocupaba la chabola que él mismo, dice, construyó con otros jornaleros, hace algo más de un lustro en un asentamiento, el de Las Madres, a unos cinco kilómetros al norte de Mazagón (Moguer, Huelva), en el que este otoño habitan unas 50 personas.

La construcción, de dos estancias, hecha con palés y plásticos por toda rudimentaria estructura, fue destruida hace unos días, junto a otras trece, según han denunciado varias ONG. A Camara (que prefiere ocultar su nombre por si tiene problemas en el trabajo o con las autoridades a pesar de que cuenta con permiso de residencia y trabajo en España) ni tampoco a los demás, se les dio una alternativa para alojarse.

Cuando la vivienda fue derrumbada, cuenta a Público, él estaba trabajando en una finca cercana (ahora es el tiempo en que se planta la fresa, un negocio que mueve en la provincia de Huelva unos mil millones de euros al año y da en torno a 100.000 jornales) y los compañeros le avisaron sobre la marcha de que el derribo estaba en marcha. Al principio, pensó, dice, que era un broma. Pero cuando se acercó, comprobó que no lo era.

La documentación no la perdió, porque parte la lleva siempre encima y otra parte la guarda en el campo del jefe, donde trabaja, asegura. Pero todo lo demás, sí. Ropa, maletas, enseres y utensilios de cocina.

A la entrada del asentamiento, hay una montaña de escombros, los restos de las chabolas derrumbadas. Entre palés y plásticos, aparecen maletas destrozadas, ropa hecha unos zorros. En el suelo, entre la arena, al lado del espacio que antes ocupaba la chabola, se pueden ver cepillos de dientes, tenedores, utensilios de cocina, papeles diversos, gel hidroalcohólico (Camara pasó aquí la pandemia), desodorante, un zapato, una foto de carnet.

Camara asegura que nadie le avisó de que la chabola iba a ser derribada. El Ayuntamiento de Moguer sostiene, según denuncian las ONG de la zona, que las derribaron porque no estaban habitadas, lo que Camara desmiente con rotundidad.

"No hay ninguna chabola abandonada. Todo lo guardamos aquí. Nuestras cosas. Si no tengo trabajo en Huelva, voy a ir a campaña fuera por dos o tres meses. Y luego vuelvo corriendo aquí y empiezo a plantar y a recoger fresas", afirma.

Para Camara, la chabola era su casa. Así la sentía él, dice, con evidentes gestos de desazón. Aunque viaja a Lérida a la campaña, de vez en cuando, Camara pasa en Mazagón "la mayoría del año". Dice que alquilar una vivienda allí es muy difícil por varias razones, entre ellas, que se tienen que poner varios (cuatro o cinco) de acuerdo por los precios, y que, al ser Mazagón una zona turística, los alquileres que les ofrecen son por seis meses. Después, a buscarse la vida. "¿A dónde voy?", se pregunta Camara.

Ahora, asegura a Público, después del derribo, ha logrado por el momento evitar la calle. Duerme en la finca del jefe en una habitación con otros seis jornaleros, asegura. "Estamos uno encima de otro. Una habitación, seis personas. Vale. Pero las cosas de otra persona. ¿Dónde las ponemos?".

Camara debe pagar por la estancia. "No es gratis. Trabajas seis horas y media hora y media hora te la quita el jefe". Lo que quiere es "construir otra vez, otra chabola". "Cuando empiece la campaña, o hay sitio o la gente va a tener que dormir en la calle. Sí me destruyes aquí, ¿dónde tengo que ir?", se pregunta.

En asentamientos como este es donde se instalan en la temporada alta de la fresa, en la primavera, en el momento en que se recoge la fresa y la frambuesa, miles de jornaleros, sobre todo de origen africano, como Camara, que proviene de Mali, en busca de una oportunidad de trabajo. Cada año, desde principios de siglo, se repite la misma historia. 

Planes e intentos

Los temporeros deambulan, buscan chabolas, duermen al raso por las calles de los municipios freseros sin que nadie resuelva el problema. Planes se han hecho varios, alguno de ellos muy completo, pero duermen el sueño de los justos en los cajones de ayuntamientos y de la Junta y del Gobierno. El último intento lo hizo el Ejecutivo cuando el entonces secretario de Estado, Enrique Santiago, vino a Huelva y se sentó con la exconsejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, y con las corporaciones de Moguer y Lepe.

Firmaron en julio pasado, tras otra campaña de incendios e inundaciones un protocolo, que no obligaba jurídicamente a nadie ni recogía una previsión de fondos, en el que, en un ejercicio de voluntarismo, se recogía la idea de fomentar "la construcción y/o adecuación de espacios que sustituyan los asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues y soluciones residenciales destinados a las personas temporeras y para aquellas que decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial".

También se reconocía la magnitud del problema. "Las personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos informales afrontan unas condiciones de insalubridad y evidente ausencia de los servicios públicos más básicos".

Este protocolo aún está por extender sus efectos. Sus promotores, además, ya no están en sus puestos. Ha habido un cambio en la Secretaría de Estado y elecciones en Andalucía y un cambio en la Consejería de Inclusión.

Público preguntó tanto al Gobierno como a la Junta de Andalucía por su intención al respecto.

Fuentes cercanas a la secretaria de Estado, Lilith Vestrynge (Podemos), afirmaron a Público que "está prevista una conversación muy pronto con la nueva consejera de Inclusión Social para que ella y Lilith se conozcan y retomen las líneas de trabajo".

Fuentes de la Consejería de Inclusión Social, que lleva Loles López (PP), coincidieron en la disposición a verse con Vestrynge. "Nada más llegar a la Consejería pedimos una reunión al Ministerio para abordar, entre otros temas, ese. De hecho una de las cosas que pedimos es que se avance en ese protocolo y se plasme en un convenio que vincule", aseguraron a Público en el Gobierno andaluz.

Es ahora, antes de que llegue la campaña, cuando se pueden hacer los planes. Este, el de la precariedad y miseria de los jornaleros, no es un asunto que pille a nadie desprevenido. Se ha convertido en crónico en Huelva, como ya reflejó el relator de la ONU en su última visita y como bien saben las ONG que trabajan en la zona.

Que paren los derribos

Solo en Lepe, había el año pasado censadas unas mil personas en chabolas, según los datos del Ayuntamiento. Durante los momentos fuertes de la campaña, decenas de personas durmieron en las calles, en la estación de autobuses, hasta que fueron desalojadas, y donde pudieron.

En el asentamiento de Las Madres, hay instalados algunos paneles solares que dan electricidad y les permiten iluminarse. Para el agua, hay que moverse, ir a buscarla en el medio de transporte que puedan. En bicicleta no es fácil cargar cuatro garrafas desde Mazagón (está a unos 5 kilómetros al sur), dice Camara. A la ida, bien, a la vuelta, no, ríe. Hay una fuerza, una alegría en Camara que le lleva a sonreír a pesar de las dificultades.

"La insalubridad, la inseguridad y la ausencia de acceso a recursos básicos son una constante que se repite en todos y cada uno de los asentamientos. Las personas que los habitan sobreviven, día tras día, con el riesgo de sufrir enfermedades (por falta de salubridad o encontrarse sin refugio ante las condiciones climatológicas), con una vida en estado de alerta, con la ausencia de recursos más básicos como el agua corriente y la electricidad, [además] de no tener cuatro paredes en las que poder refugiarse. El acceso a la vivienda no es un lujo sino un derecho y una necesidad. Por ello resulta inconcebible que haya personas que vivan en estas precarias condiciones debido, principalmente, a la ineficacia de las Administraciones Pública", se lee en el trabajo Realidad de los asentamientos, elaborado en 2018 por técnicos de las ONG de la zona, que es probablemente la obra que mejor documenta lo que es el fenómeno del chabolismo vinculado al boom de la fresa en Huelva.

"Lo que queremos es que se dejen de tirar las chabolas. No tienen solución todavía. No hay albergues. La gente no consigue alquilar. Los jefes no quieren dar una casa: solo el tiempo de coger fruta y no para todos. La gente no consigue. Que busquen solución antes de tirar chabolas. Pero no están pensando en eso. No han construido en ningún sitio. Hay hoteles cerrados. Solo quieren tirar. En campaña viene muchísima gente y, cuando vengan se van a buscar un sitio donde puedan, en la calle, donde sea", afirma Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón.

"Si no tienes un lugar donde dormir, vas a dormir en la calle", remacha Camara, rotundo.

Capitalismo y racismo

"No podemos entender –escribieron el año pasado en un comunicado conjunto (que podría valer realmente para cualquier año) varias ONG de la zona– que, después de más de veinte años de campañas agrícolas exitosas donde empresarios y administraciones se congratulan mutuamente de la expansión de un negocio redondo, se olviden por completo de las condiciones de vida más básica de la mano de obra, como es un alojamiento digno. Esta actitud solo se puede entender desde la lógica del capitalismo más depredador y deshumanizado y desde el racismo institucional, impropio de un estado social y de derecho".

Para Maribel Mora, diputada de Adelante Andalucía, que ha ido varias veces al asentamiento y lleva años en estas causas antes de entrar en política: "No podemos mantener la economía de Huelva a a costa de las condiciones de trabajadores y trabajadoras que residen en nuestros pueblos, que son andaluces y andaluzas. Sí, lo son. Pero a los que despreciamos, maltratamos y machacamos hasta no poder más. Queremos que trabajen, pero no se les reconocen derechos, no se les permite empadronarse, no se les permite el acceso a una vivienda digna, a poder asearse, a dormir en una cama.. a vivir en dignidad. Si son visibles en los centros de los pueblos,. se les expulsa al interior del campo para que no se les vea y no supongan una "molestia".

"Si viven (prosigue Mora) en el campo por un tiempo prolongado, para que no se instalen demasiado, a la mínima les tiran, como el ayuntamiento de Moguer, todo lo que tienen. No vaya a ser que vivir bajo dos plásticos y unos palés les convierta en merecedores de algún derecho. Sin alternativa habitacional. Sin preocuparte donde dormirán o si les has dejado sin abrigo o donde poder calentar una lata. Esto es racismo. Y esta política es miserable. Y convierte en miserables a quienes la practican, a quienes lo permiten y a quienes no ponen una solución desde hace más de 20 años".