El obispo investigado por pederastia aprobó en 2020 un protocolo contra los abusos sexuales que propone "pasar a la acción" aun con el delito prescrito

El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, investigado por el Vaticano tras una denuncia de agresiones sexuales continuadas cuando era sacerdote en Getafe en los años 90, aprobó y publicó el 4 de junio de 2020 un protocolo contra los abusos sexuales. En él se recoge lo siguiente: "De poco valen las palabras si no van acompañadas de acciones que las avalan y les dan credibilidad. Aun en el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito hay que tener en cuenta que las víctimas merecen el reconocimiento de su dolor y, por tanto, incluso en estos casos hay que pasar a la acción, por muy dolorosa que pueda resultar en ocasiones". 

A continuación, añade: "Del mismo modo, debemos atender a los acusados, tanto si se confirma la acusación como si no. En el primer caso nos corresponderá acompañar su camino de redención y en el segundo colaborar en la recuperación de su buen nombre y credibilidad si se han visto dañados, e incluso en la reparación del daño psicológico que hayan podido sufrir".

Esto se puede leer en la página 42, en el apéndice uno del protocolo, donde se expone, en diez pasos, lo que debe hacerse ante un posible caso de abusos a menores en un centro educativo católico, parroquia, movimiento o institución religiosa. El punto octavo lleva por epígrafe "actuar" y ahí es donde se plantean esas ideas. 

El documento aprobado por Zornoza concreta las normas e indicaciones dadas por la Santa Sede durante el papado de Francisco, y por la Conferencia Episcopal Española y se titula Protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y personas vulnerables y código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia. Expresamente establece que tiene un "carácter vinculante para todos aquellos que tengan cualquier tipo de responsabilidad personal o institucional en el trato con menores o personas vulnerables en los entes canónicos dependientes de la Diócesis de Cádiz y Ceuta". 

Caso prescrito

El caso por el que se investiga a Zornoza ha prescrito, en efecto, para la justicia ordinaria, pero sigue en marcha en un proceso canónico, en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, que podría dar lugar a la expulsión del obispo de la Iglesia en caso de ser hallado culpable. 

En un comunicado enviado a los medios después de que El País avanzase la investigación vaticana, el Obispado de Cádiz  afirmó que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas". 

La diócesis expresó su "plena confianza en la justicia" y aseguró que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que recordó "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas". También señaló que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico".

"Verosimilitud"

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, afirmó este martes que el hecho de que el Vaticano haya decidido investigar a Zornoza es porque "tiene que haber verosimilitud". Este término, "verosimilitud", fue el mismo que utilizó el lunes Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). "La valoración personal que yo hago siempre es de dolor ante un acontecimiento así. El hecho de que la Santa Sede haya iniciado la investigación es que concede una verosimilitud a la acusación", dijo Argüello.

El protocolo que aprobó Zornoza en Cádiz tiene también un segundo apéndice en el que se establece lo que debe hacerse en "el caso de abusos sexuales por parte de clérigos y religiosos". Básicamente, se estudia la denuncia y si está presenta visos de "verosimilitud", se abre una investigación. 

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En el protocolo del Obispado de Cádiz se define así "este juicio de verosimilitud": "Se refiere a la naturaleza de la denuncia, y no prejuzga de ningún modo la condición del acusado. Sin embargo, en cualquier momento de las actuaciones, el obispo, para prevenir el escándalo, proteger la libertad de los testigos o garantizar la buena marcha del proceso, puede imponer medidas temporales de carácter cautelar, para prohibir al clérigo acusado el ejercicio del ministerio o del propio oficio, imponer o prohibir la residencia en determinados lugares, o incluso prohibirle la participación pública en la Eucaristía. Tales medidas pueden imponerse mediante precepto desde el momento de inicio de la investigación preliminar".

El protocolo de Zornoza agrega: "La presunción de inocencia siempre debe estar garantizada, protegiendo la reputación del sospechoso. A menos que existan razones serias para lo contrario, el sospechoso es informado con prontitud de los cargos que se le imputan para poder defenderse contra ellos. Se le invita a hacer uso de la asistencia de consultores civiles y canónicos. También se le ofrecerá asistencia espiritual y psicológica. Cuando haya motivos para creer que los delitos pueden repetirse, se toman sin demora las medidas de precaución adecuadas".

El Vaticano y la Iglesia española, según ha publicado El País, han mantenido durante cuatro meses —desde que se recibió la denuncia— en el cargo y en contacto con menores al obispo Zornoza.