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Dos obispos acaban en el juzgado por una colección de arte

Los prelados de Lleida y de Barbastro-Monzón comparecen este jueves ante un juez oscense tras dos décadas de disputa por la posesión de 111 piezas cuya entrega lleva años ordenando en vano al primero el Vaticano y que ya rechazó ejecutar en una ocasión la justicia ordinaria.

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El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal expone parte de las 111 obras actualmente en litigio entre los dos obispados. /ARCHIVO EFE

Los obispos de Lleida y de Barbastro-Monzón (Huesca), Ángel Pérez y Salvador Giménez, han acabado en los tribunales por la propiedad de 111 obras de arte sacro cuya propiedad reivindican las dos diócesis, que llevan más de veinte años litigando por su posesión en un conflicto en el que el Vaticano ha dejado patente su capacidad para imponer sus criterios a las diócesis y en la que la justicia ordinaria ya se ha desentendido en una ocasión del asunto al resolver que las cosas de la iglesia no corresponden a la justicia civil; al menos, cuando la primera ya se ha manifestado.

Se trata, en cualquier caso, de un juicio sin precedentes en España en el que dos altos cargos de la iglesia terminan enzarzados ante un tribunal civil para dirimir una cuestión de propiedades. Es la excepción a la regla milenaria del ‘Roma locuta, causa finita’ (el pleito se acaba con lo que dice el Vaticano) por el que se rige la jerarquía eclesiástica en todo el planeta. Del este del Cinca al oeste del Segre las cosas van de otra manera.

Los dos obispos comparecerán como testigos en el juicio que celebrará estos jueves y viernes el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbastro, en el que también declarará el emérito Alfonso Millán, para resolver las demandas que se han cruzado las dos diócesis: la aragonesa para reclamar la entrega de las piezas y la catalana para que se declare que al menos 83 de ellas son de su propiedad.

Casi ocho millones de euros, la mitad en seis piezas

Al conflicto se han sumado el consorcio del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, del que forma parte la Generalitat y que reclama una indemnización por la conservación de las obras, cuyo valor tasa en 7,6 millones de euros, y el Gobierno de Aragón, en este caso como coadyuvante del obispado oscense en sus reclamaciones.

Esa valoración hace que el pleito, que por otro lado versa sobre unos objetos que están catalogados como bienes de interés cultural en las dos comunidades, pueda mantenerse vivo hasta el Tribunal Supremo.

El Museu de Lleida Diocesà i Comarcal expone algo más de un millar de piezas entre las que se encuentran parte de las 111 en disputa. /GENCAT

¿De qué obras se trata? La mitad de ellas (55) son piezas litúrgicas, como cálices, hostiarios, cruces y libros, además de una decena de capas (cinco de ellas atribuidas a los santos Jerónimo, Miguel, Vicente y Pedro), 27 pinturas, quince tallas y retablos, dos arquetas y, también, una campana de un templo y dos vigas de otro, según la recopilación realizada por Heraldo. La mayoría de ellas están datadas entre la alta edad media y el barroco.

Las más valiosas, según la tasación, serían el frontal de Treserra (1,2 millones), la arqueta de Buira (900.000 euros), los retablos de San Antonio y de Santaliestra (600.000 cada uno), una talla de una virgen procedente de Zaidín (500.000) y una tabla de San Martín de la iglesia de Lascuarre (350.000). Entre los seis suman más de la mitad de la valoración.

Un asunto de fuerte componente identitario

La disputa, que se remonta al periodo 1995-1998, cuando Roma ordenó que las 111 últimas parroquias aragonesas que seguían dependiendo del obispado de Lleida desde mediados del siglo XII, cuando la sede de Roda de Isábena, en la Ribagorza oscense, fue trasladada a la ciudad catalana, ha sido ya resuelta tanto en la vía eclesiástica como en la civil, por lo que no es descartable que el nuevo pleito termine, de nuevo, en ‘agua de borrajas’.

El decreto de segregación ordenaba a Lleida entregar “a sus parroquias de origen” las obras de arte, los objetos litúrgicos y la documentación de las iglesias que cambiaban de demarcación, medida que la diócesis catalana no cumplió y que abrió una cascada de pleitos a la que, años después, se sumarían reclamaciones como la de las piezas y murales sacados del monasterio de Sijena en plena guerra civil, parte de los cuales viajaron a Aragón durante la aplicación del 155.

La disputa por el arte sacro lleva dos décadas teñida por un fuerte componente identitario en los medios políticos y religiosos de ambos lados de una frontera autonómica que, en la práctica, apenas existe para quienes viven en su entorno, con fuertes lazos sociales, económicos y culturales.

Lleida siempre sostuvo que las piezas de las parroquias aragonesas se habían salvado gracias a que fueron conservadas en la sede de su diócesis, aunque lo cierto es que estuvieron almacenadas y sin exponer hasta finales de los años 90, cuando se creó el nuevo museo. De hecho, las 111 obras sobre las que se centra el litigio fueron identificadas por Barbastro-Monzón en el catálogo de ‘Pulchra’, la exposición en la que fueron reunidas por vez primera tras haber emigrado, en su mayoría, en el tránsito de los siglos XIX al XX.

Trece fallos, cero ejecuciones

El pleito se dirimió primero en la vía canónica, donde la Signatura Apostólica de Roma dio en trece ocasiones la razón a Barbastro-Monzón, la última en 2009. Sin embargo, la aportación de las piezas al museo, en cuyo consorcio la diócesis de Lleida solo pesa un 5%, impidió la ejecución de esas sentencias.

Eso llevó a la diócesis oscense a pedir a los tribunales ordinarios la ejecución de las sentencias vaticanas en aplicación de la figura jurídica del ‘exequatur’, un procedimiento en el que un país reconoce la validez en su territorio de las decisiones de jueces de otros estados. Sin embargo, la iniciativa fracasó.

“No podemos volver a fórmulas propias de un Estado confesional tras el consolidado modelo constitucional aconfesional”, dictaminó la Audiencia de Huesca, a cuyos magistrados les resultó “difícilmente concebible" que la Iglesia fuera incapaz de imponer sus propias decisiones, algo en lo que “el Estado no se inmiscuye".

Los dos obispados han cambiado de estrategia. Barbastro-Monzón actúa como apoderado de las 43 parroquias de las que proceden las piezas con el fin de evitar que su demanda sea desestimada como “cosa juzgada”. Y Lleida, que admitió en la Audiencia previa del juicio que no era formalmente propietario de esos objetos, sostiene ahora que dispone de documentos que prueban que 83 de ellos fueron comprados por sus obispos a los curas locales.

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